La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) exhortó al Gobierno a detener el uso continuo de la pena de muerte, luego de que el Departamento de Justicia reanudara las ejecuciones al cumplirse un aplazamiento de 17 años.
“La oposición de la Iglesia a la pena de muerte es clara y hemos hecho muchas solicitudes para que el Gobierno federal no reanude estas ejecuciones. Sin embargo, el Gobierno no solo lo ha hecho, sino que también ha programado más ejecuciones. Después de los tres primeros en julio, hay dos esta semana y dos más a finales de septiembre”, lamentaron los obispos en un comunicado del 27 de agosto.
“Recordando el llamado del Señor a la misericordia, renovamos nuestra súplica: ¡detengan estas ejecuciones!”, añadieron en el mensaje firmado por Mons. Paul S. Coakley, presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano de la USCCB, y por Mons. Joseph Naumann, presidente del Comité Provida.
El miércoles 26 de agosto el Gobierno ejecutó al ciudadano navajo condenado por doble asesinato, Lezmond Mitchell, a pesar de las objeciones de la Nación Navajo, en cuyo territorio ocurrió el crimen.
Además, tres personas más fueron ejecutadas en julio, a pesar de las solicitudes de indulto al presidente Donald Trump, emitidas por líderes religiosos y políticos, incluidas las solicitudes de los arzobispos de Newark e Indianápolis.
El 7 de julio los obispos estadounidenses se unieron a mil líderes de otras religiones representativas del país para firmar una declaración en oposición a las ejecuciones federales que el Gobierno dispuso reanudar ese mismo mes.
En el 2018, el Papa Francisco autorizó modificar el artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte, declarando “inadmisible” la aplicación de esta condena en cualquier caso, y pidió su abolición en todo el mundo.
El artículo 2267 indica: “Durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común.
Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente.
Por tanto la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que ‘la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona’ y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo”.
En julio de 2019, el fiscal general William Barr anunció que el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Prisiones reanudarían las ejecuciones federales por primera vez en casi 20 años, y nombró a cinco personas que serían el primer grupo de condenados a muerte en ser ejecutados.
Desde entonces, los obispos estadounidenses han pedido repetidamente al gobierno que suspenda las ejecuciones federales.
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