Luego de confirmarse la verosimilitud de las denuncias por abusos sexuales contra tres sacerdotes en Chile, dos de ellos recibieron sanciones a su ministerio, mientras que un tercero fue además arrestado por las autoridades civiles.
El P. Sergio Julián Ríos Cordero de la Congregación de San José, Josefinos de Murialdo, quedó en prisión preventiva por los delitos de abusos sexual reiterado contra un menor de edad.
La Congregación precisó en un comunicado el 4 de septiembre, que el sacerdote fue denunciado ante la Fiscalía de Rancagua por presuntos abusos sexuales hacia un menor de edad ocurridos “alrededor del año 2010 aproximadamente, según expresa la denuncia”.
La situación fue comunicada por el Tribunal Eclesiático de Valparaíso al abogado de la congregación, institución que realizó “un completo y riguroso trabajo investigativo” y determinó la verosimilitud de la denuncia.
La documentación será enviada a Roma para dar inicio “al proceso canónico correspondiente”, agregó la Congregación San José, Josefinos de Murialdo.
Mientras el sacerdote se encontraba suspendido de sus funciones como párroco de Nuestra Señora del Pilar, Diócesis de Valparaíso; fue detenido el 9 de septiembre en la ciudad de Quillota.
Ese mismo día, fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Rengo, “por los delitos de abusos sexual en carácter de reiterado contra el menor de edad”.
El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días y la prisión preventiva del imputado por considerarlo peligroso para la seguridad de la víctima y la sociedad.
“La Congregación de San José, Josefinos de Murialdo expresa su disposición de colaborar con las instancias que investigan esta denuncia y hace suya la firme actitud con que la Iglesia Católica rechaza todo daño a niños, niñas y jóvenes, porque seguiremos empeñados en sacar a la luz la verdad aunque esta sea dolorosa”, expresó.
Sanciones a sacerdotes tras confirmación de delitos
Hacia el sur del país, el Obispado de Linares informó el 10 de septiembre que el P. Germán Cáceres Fuentes, “es culpable de un abuso sexual contra dos menores y uno contra dos mayores de edad, hechos ocurridos hace más de 25 años”.
El Obispado informó sobre la recepción de una denuncia en junio de 2018. El hecho dio pie al inicio de la investigación previa y al cese del ejercicio ministerial como párroco de Santa Rosa de Melozal.
“El Obispo le ha impuesto como sanción la suspensión de por vida de todo ejercicio y potestad, pública y privada, del ejercicio sacerdotal”, precisó el comunicado.
También “le ha conminado a llevar una vida de oración y penitencia para reparar el daño causado a las víctimas y a la comunidad eclesial. Además, se le ha exhortado a pedir perdón a todos aquellos que han sido afectados por estas conductas abusivas”.
La Diócesis de Linares lamentó “profundamente estos hechos delictivos que contradicen radicalmente la misión sacerdotal y reitera su disposición a trabajar incansablemente para prevenir que hechos de esta naturaleza se repitan en el futuro”, concluyó el comunicado.
De otro lado, la Congregación de los Misioneros Redentoristas que inició una investigación previa contra el P. Luis Alberto Fuica Soto en junio de 2019 por supuesto abuso sexual hacia un menor, confirmó el 1 de septiembre la verosimilitud de los hechos denunciados.
Los antecedentes de la denuncia fueron entregados a la justicia civil y el sacerdote fue suspendido del ejercicio público del ministerio.
Durante la investigación se estableció también que “el denunciante era mayor de edad al ocurrir estos delitos” cometidos por el sacerdote cuando era miembro de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la localidad de Penco, Concepción.
La Congregación confirmó en el comunicado que los antecedentes fueron enviados a Roma el 12 de septiembre de 2019 y con el voto del Superior Provincial, P. José Rodríguez, se le impuso una serie de medidas al sacerdote Fuica.
“Queda apartado del ejercicio del ministerio sacerdotal público y se le prohíbe tener contacto con jóvenes menores de 23 años, sin la presencia de un adulto”.
Además, “deberá realizar un protocolo terapéutico y el resultado de este proceso será evaluado por asesores profesionales para determinar si puede volver a ejercer el ministerio sacerdotal público”.
La Congregación reafirmó su compromiso “por esclarecer la verdad” y “la debida justicia”, por ello, “como una primera medida” asumió los gastos de atención psicológica de la víctima”.
“Reiteramos nuestro compromiso con la verdad, la reparación y la justicia de cada uno de estos casos, con la decisión de establecer y seguir protocolos, que nos permitan crecer en una cultura de respeto a la dignidad de cada persona”, concluyó.
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