Los partidos de izquierda, PSOE y Podemos, que actualmente conforman el gobierno de España, anunciaron que presentarán de manera conjunta las enmiendas a la modificación de la ley de educación, conocida como Ley Celaá, con las que pretenden presionar a la escuela concertada y diferenciada.
El miércoles 24 de septiembre finalizó el plazo para que los partidos políticos puedan presentar las enmiendas a la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE), presentada por el gobierno de España.
Una ley que es especialmente agresiva contra la educación concertada, la escuela diferenciada y la asignatura de religión. La LOMLOE también es conocida como Ley Celaá, en relación con la actual ministra de Educación, Isabel Celaá.
PSOE y Podemos, ambos partidos de izquierda actualmente en el poder en España por un gobierno de coalición, llegaron a un acuerdo en las enmiendas presentadas a la LOMLOE, entre las que se encuentra la prohibición de dar fondos públicos “a los centros que segreguen al alumnado por género”.
También pretenden fortalecer la escuela pública, pero a costa de empeorar la situación de la escuela concertada. “Ni los centros privados, ni los que tienen privatizada su gestión pueden considerarse públicos en el sentido estricto”, aseguraron.
Entre las enmiendas que presentaron también está la propuesta de reducir la duración de los conciertos con las escuelas para que se le retire a quienes “discriminen a los alumnos por razón de género, religión o procedencia, entre otros”.
Generalmente en España, las escuelas diferenciadas por sexo suelen ser privadas o concertadas.
Uno de cada cuatro niños en España estudia en escuelas concertadas. Un modelo de escuela que se encuentra a medio camino entre lo público y lo privado, ya que depende del concierto entre la empresa privada que gestiona el centro y la subvención pública que sustenta económicamente la escuela.
El Estado asume una serie de responsabilidades como el pago de las nóminas de los trabajadores y establece unas condiciones generales que deben acatarse en el centro, entre otros.
Por su parte, la empresa privada es la responsable de la contratación del personal y puede mantener autonomía relacionada con su tradición educativa, como suele ser en los centros concertados religiosos, que además de impartir la asignatura de Religión, se rigen por unos valores determinados o incluso pueden estar diferenciados por sexos.
La escuela concertada es también una oportunidad de los padres para que puedan elegir, según recoge la Constitución española, el modelo de educación que consideren más adecuado para sus hijos sin que se vean obligados a llevarlos a un centro privado, y por lo tanto con costes más elevados.
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, aseguró que en España “no se segrega, eso es algo que se hace en países totalitarios, pero no en el nuestro”.
En insiste en que los fondos públicos deben llegar a toda la red educativa ya que “la Constitución protege el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos”.
Algo que diversas sentencias del Tribunal Constitucional han ratificado a lo largo de los años y que muestran que los centros de educación diferenciada “pueden acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros educativos”.
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