En Australia, la muerte asistida es ilegal a nivel federal. Sin embargo, en 2017 el estado de Victoria aprobó una ley de suicidio asistido y eutanasia que entró en vigor a mediados de 2019.
Además de Victoria, el estado de Western Australia aprobó una ley similar en diciembre de 2019 y entrará en vigor a mediados de 2021. Actualmente, en el estado de Tasmania se está debatiendo un proyecto de ley que también legalizaría la muerte asistida.
Según el medio local The Catholic Weekly, la Junta de Revisión de Muerte Asistida Voluntaria de Victoria presentó un informe el 1 de septiembre de 2020, en el que contabiliza 124 muertes por suicidio asistido y eutanasia desde el 19 de junio de 2019, día en que entró en vigencia la ley.
“Ese número destruye la muy publicitada predicción del premier victoriano Daniel Andrew de ‘una docena’ de muertes en los primeros 12 meses”, sostuvo la autora del artículo de The Catholic Weekly.
La ministra de Salud de Victoria, Jenny Mikakos, también esperaba que el número de personas que buscaban el suicidio asistido o la eutanasia fuera bajo inicialmente y aumentara en años posteriores.
“Anticipamos que una vez que el plan haya estado en vigor durante algún tiempo, veremos entre 100 y 150 pacientes acceder a este plan cada año. En el primer año, esperamos que el número sea bastante modesto, tal vez solo tan bajo como una docena de personas”, dijo Mikakos al medio ABC News en 2019, poco antes de que la ley entrara en vigor.
Sobre las 124 muertes, The Catholic Weekly informa que eran “residentes de Victoria en un espectro de edades de 32 a 100 con una edad promedio de 71 años”.
“De los fallecidos, el 78% tenía un diagnóstico de cáncer, el 15% tenía una enfermedad neurodegenerativa, como la enfermedad de las neuronas motoras, y el 7% tenía otras enfermedades, como fibrosis pulmonar, miocardiopatía o enfermedad pulmonar obstructiva crónica”, precisa el medio.
El Arzobispo de Melbourne, Mons. Peter A Comensoli, dijo que las cifras eran “desgarradoras”.
“Todo el estado está haciendo sacrificios para proteger a las personas del COVID-19 mientras que, por otro lado, los hospitales públicos están fomentando el suicidio asistido. La contradicción es desconcertante para muchos médicos”, dijo.
Por su parte, Branka Van der Linden, defensora de la lucha contra la eutanasia y directora de HOPE, dijo que el número de muertes y la velocidad en la que ocurren es “alarmante”.
“La mitad de los que solicitaron drogas letales hicieron su solicitud final de eutanasia menos de tres semanas después de que la solicitaron por primera vez. No es mucho tiempo para reflexionar, para ofrecer y explorar opciones alternativas o para brindar el apoyo necesario”, comentó Van der Linden.
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