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Las denuncias de abuso laboral y encubrimiento de acoso sexual contra el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, han puesto a la organización en el centro de la polémica, mientras que organizaciones a favor del aborto salieron en su defensa.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, decidió recientemente no aceptar la renovación de Abrao en el cargo. Cuestionado por distintos organismos internacionales, aseguró en un comunicado que “de ninguna manera incorporaré o reincorporaré a ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias”.
Declaración del Secretario General de la @OEA_oficial respecto a la autonomía de la @CIDH https://t.co/m08P1ZjH7Q pic.twitter.com/POQz9h57t9
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 28, 2020
Almagro indicó que sobre Abrao pesan acusaciones de “conflicto de interés, tratos diferenciales, retrocesos graves en la transparencia de los procesos, retaliaciones y violaciones al código de ética, impunidad para denuncias de acoso sexual, por mencionar algunas”.
La decisión de Luis Almagro se enfrentó a las críticas de más de 400 organizaciones que dicen defender los derechos humanos, entre ellas muchas promotoras del aborto como Amnistía Internacional, la “Red Latinoamericana y Caribeña de Católicas por el Derecho a Decidir”, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, Mexfam (filial mexicana de la International Planned Parenthood Federation), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) de México y Human Rights Watch (HRW).
Señalando, entre otros, a Amnistía Internacional y HRW, Almagro criticó en su comunicado que “desconocen derechos laborales básicos de trabajadoras y trabajadores para garantizarles la posibilidad de trabajar libres de acoso. Respuestas corporativas y negacionistas no es la mejor manera de dar justicia ni de garantizar los derechos humanos”.
“Es de extrema gravedad desconocer estos derechos, desconocer las denuncias, tratar de imponer al denunciado por un nuevo período desconociendo la gravedad de la situación y de las denuncias, así como de la situación física, psicológica y espiritual de las funcionarias y los funcionarios. Eso ya no es complicidad pasiva, eso es encubrimiento activo. Todo ello en nombre de algo que nunca ha estado ni estará en juego: la autonomía e independencia de la CIDH”, añadió el Secretario General de la OEA.
Días antes, la CIDH publicó un comunicado acusando a Almagro de un “grave embate contra su autonomía e independencia” al no renovar en el cargo a Paulo Abrao.
Paulo Abrao, brasileño, se ha desempeñado como secretario ejecutivo de la CIDH desde 2016. Para el periodo 2018-2021, el presidente de la institución es el mexicano Joel Hernández García, su primera vicepresidenta es la chilena Antonia Urrejola Noguera, y la brasileña Flávia Piovesan ocupa el cargo de segunda vicepresidenta.
Los otros cuatro comisionados que componen la CIDH son la jamaiquina Margarette May Macaulay, la panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño, la peruana Julissa Mantilla Falcón y el guatemalteco Edgar Stuardo Ralón Orellana.
La CIDH se ha caracterizado en los últimos años por promover una agenda a favor del aborto y de la ideología de género.
En 2017, a través de un comunicado, la CIDH “saludó” la “aprobación de la ley de despenalización del aborto en tres causales en Chile”.
Para la CIDH, la despenalización del aborto en Chile fue “un paso fundamental para el respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes”.
En una resolución adoptada en abril de este año, la CIDH recomendó a los estados americanos, entre otros puntos, “garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia”. La “salud sexual y reproductiva”, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluye la aplicación del aborto “accesible y seguro”.
Además, pidió fomentar “campañas de prevención y combate contra la homofobia, transfobia y discriminación basada en orientación sexual, garantizando la protección a los derechos de identidad de género”.
En 2019, la CIDH presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el “caso Manuela”, un intento por despenalizar el aborto en El Salvador.
En diálogo con ACI Prensa, Alfonso Aguilar, presidente del Grupo Internacional de Derechos Humanos, destacó que “la decisión del secretario general Almagro de no renovar el contrato de Paulo Abrao fue la correcta y razonable, considerando las serias alegaciones que se han hecho de acoso laboral e incluso acoso sexual en la secretaría ejecutiva de la CIDH”.
“Ante unas alegaciones tan serias sería inapropiado mantener a la cabeza de la CIDH a una persona que ha permitido mantener ese ambiente”, dijo.
“Aunque a principios de año la Comisión votó para renovar el mandato de Abrao como secretario ejecutivo, la normativa es muy clara: el Secretario General de la OEA al final es el que determina si se mantiene en el cargo o no”, añadió.
Para Aguilar, “lo que ha pasado es que la Comisión claramente ha tratado de imponer a Abrao para un segundo mandato, ignorando la normativa que es clara, que le da un rol a Almagro”.
“Lo quieren imponer porque Paulo Abrao es clave para adelantar la agenda radical, ideológica, de izquierda, de la mayoría de comisionados”, señaló, pues “esta Comisión no se atiene a lo establecido por la Convención Americana, se extralimita para entrar en asuntos que no le compete, incluyendo los que tienen que ver con el derecho a la vida, a la familia, la libertad religiosa, que deben ser tratados internamente por los países”.
“Por eso lo han tratado de imponer. Sin Paulo Abrao, la Comisión estaría muy debilitada”, señaló.
Aguilar dijo que “es hora de que los estados miembros (de la OEA) asuman su responsabilidad, porque ellos fueron los que eligieron a los comisionados. Y los comisionados tienen que responderle a los estados miembros”.
“Es hora de que los estados miembros pregunten qué es lo que sabían los comisionados y cuándo”, añadió.
Los señalamientos de que Luis Almagro estaría socavando la autonomía e independencia de la CIDH, continuó, son un intento de “desviar la atención de estas alegaciones muy serias. Y también quizás desviar la atención de la omisión de los directivos de la Comisión”.
Para Sara Larín, fundadora de la Fundación VIDA SV de El Salvador, “resulta interesante” que Luis Almagro señale que “la CIDH se ha corporativizado y que dentro de esta misma aclaración realice alusión a ONGs que dicen ser promotoras de derechos humanos, pero que están encubriendo las numerosas denuncias de acoso laboral y acoso sexual en contra del secretario ejecutivo de la CIDH”.
“Llama aún más la atención que dichas ONGs son las principales promotoras del aborto en la región”, dijo, y señaló que “en El Salvador, la ONG que está defendiendo al secretario ejecutivo de la CIDH es la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico”.
Por su parte, Ligia De Jesús Castaldi, autora del libro Abortion in Latin America and the Caribbean: The Legal Impact of the American Convention on Human Rights” (Aborto en Latinoamérica y el Caribe: el impacto legal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), dijo a ACI Prensa que “la CIDH tiene antecedentes históricos de pugna política con el Secretario General de la OEA y este caso parece ser una instancia más de esa lucha de poder, en la que la CIDH está más interesada en la ‘defensa de su autonomía e independencia’ que en esclarecer los hechos denunciados en contra del Sr. Paulo Abrao que, de ser ciertos, le descalificarían completamente para continuar ejerciendo la función de Secretario Ejecutivo de la CIDH”.
Castaldi, maestra de Leyes por la Universidad de Harvard y profesora de la Ave Maria School of Law de Estados Unidos, señaló que el hecho de que la CIDH, un “órgano defensor de los derechos humanos en América Latina” minimice las denuncias de acoso sexual y laboral en la Secretaría Ejecutiva “parece demostrar una lamentable hipocresía o doble moral dentro de la institución”.
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