La Conferencia Episcopal Española informó que un despacho de abogados abrirá un “cauce independiente” para auditar, recibir y estudiar los casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica.
Mañana 22 de febrero, el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omella, y el presidente de la firma legal Cremades&Calvo Sotelo, Javier Cremades, comparecerán en rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la puesta en marcha “de una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica española”.
En el comunicado anuncian que este despacho profesional “abrirá un cauce independiente para recibir eventuales denuncias, revisará los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas y ofrecerá su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales al respecto”.
Este anuncio llega después de que en España estén en estudio y consideración tres propuestas de creación de comisiones que investiguen los casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia.
La primera propuesta fue presentada por los partidos políticos Podemos y los independentistas ERC y EH Bildu, por la que pedían la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. El pasado 1 de febrero esta propuesta fue admitida a debate. PP y VOX votaron en contra y pidieron que esta comisión sea más amplia y estudie también los casos que ocurren fuera de la Iglesia.
Posteriormente, la fiscal general del Estado, la exministra socialista Dolores Delgado, pidió que los 17 fiscales superiores de España remitieran todos los procedimientos penales abiertos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia y de otras confesiones religiosas. Una vez expirado el plazo, la Fiscalía General del Estado recibió de todas las fiscalías provinciales un total de 68 procedimientos penales que se encuentran actualmente abiertos.
En último lugar, el PSOE registró el pasado 7 de febrero una proposición en el Congreso de los Diputados para que la comisión de investigación sea liderada por el defensor del pueblo, que actualmente es el exministro socialista Ángel Gabilondo.
Según un informe independiente de la Fundación ANAR, los casos de abusos sexuales cometidos por personas relacionadas con la Iglesia representan el 0.2% del total.
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