Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de España, presentó el anteproyecto de la ley del aborto en la Comisión de Igualdad del Congreso el pasado miércoles 23 de febrero.
La Ministra de Igualdad, de Podemos, aseguró que con esta reforma de la ley del aborto pretende conseguir que el aborto se practique de manera gratuita en la sanidad pública, se elimine el periodo de reflexión que actualmente es de tres días y que las menores de 16 años no necesiten permiso de sus padres para poder abortar.
De esta manera, los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia tendrán que contar con profesionales sanitarios que realicen abortos a quienes lo pidan.
Según datos del Ministerio de Sanidad, actualmente los hospitales públicos realizan el 15% del total de abortos en España, especialmente porque hay hospitales públicos en los que todos sus profesionales se declaran objetores de conciencia.
Por eso Montero pretende “regularizar” la objeción de conciencia, es decir, que los médicos objetores se deban registrar para que siempre haya un médico dispuesto a realizar el aborto en el hospital.
Ahora las mujeres que quieren abortar visitan la clínica en donde, entre otras cosas, deben recibir un sobre con información y recursos para evitar el aborto y ser madre, y volver tres días después a realizar el aborto.
Montero también querría eliminar esto, que sólo las mujeres que lo soliciten reciban esa información y que las mujeres sean derivadas “Inmediatamente a un centro hospitalario por un procedimiento de urgencia”. Y serán las mujeres las que decidan el método por el que abortar, ya sea de manera quirúrgica o farmacológica.
Según la ley del aborto de 2010, se puede inducir al aborto en las 14 primeras remanas de embarazo.
Este anteproyecto de ley también prevé la creación de una línea telefónica que esté especializada en derechos sexuales y que informe sobre cómo abortar.
Cabe recordar también que el pasado 3 de febrero se aprobó en el Congreso de los Diputados de España la modificación del Código Penal por la que se condena a penas de cárcel de entre 3 meses a un año, a los provida que se sitúen en las inemdiaciones de las clínicas de aborto. Esta norma debe aprobarse aún en el Senado, por lo que todavía no ha entrado en vigor.
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