Sobre la adquisición del inmueble londinense, el texto indica que entre 2013 y 2014 se usaron ilícitamente 200.500.000 dólares, “que asciende aproximadamente a un tercio de los activos en el momento de la Secretaría de Estado”, “a instancias” del purpurado.
En el caso de la transferencia a Cáritas Ozieri, la Corte explica que “aunque el destino final” es lícito —según los abogados era para reactivar una panadería local y para el proyecto Ciudadela de la Caridad—, “el desembolso de los fondos por parte de la Secretaría de Estado constituía, en este caso, un uso ilícito de los mismos, constitutivo de delito de malversación”.
El comunicado indica que los 125.000 euros sí fueron “destinados en realidad a la cooperativa SPES, de la cual era presidente el hermano” Antonio Becciu, un hecho que había negado el cardenal.
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