Un grupo legal que representa a la organización solidaria Caridades Católicas del Valle del Río Grande (CCRGV, por sus siglas en inglés) elogió el jueves 26 de agosto una decisión judicial que detuvo las restricciones en Texas para transportar a migrantes.
En julio, el gobernador de Texas Greg Abbott, un católico, emitió una orden ejecutiva que estableció que, debido a la pandemia, el transporte de migrantes quedaba restringido solo a las fuerzas del orden. CCRGV protestó por la orden y dijo que el estado estaba bloqueando una parte esencial de su ministerio hacia los migrantes cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.
El jueves, la jueza de la corte federal de distrito, Kathleen Cardone, otorgó una orden judicial preliminar sobre la orden estatal, impidiendo que entrase en vigencia.
“El gobernador nunca debería haberse interpuesto entre la Iglesia y las almas que sufren”, dijo Eric Rassbach, vicepresidente y asesor principal de la firma de abogados Becket, que presentó un escrito de amicus curiae en el caso, en nombre de CCRGV.
CCRGV recibe a migrantes en su centro de ayuda humanitaria en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, después de que son liberados por los agentes fronterizos de Estados Unidos. La agencia dice que proporciona pruebas de COVID-19 a todos los migrantes y transporta a quienes dieron positivos al COVID a hoteles locales para que guarden la cuarentena.
“Nos complace que el fallo de la corte signifique que el centro de ayuda y la hermana [Norma] Pimentel puedan continuar su trabajo de proporcionar comida, agua y refugio en el nombre de Jesús”, declaró Rassbach el jueves. La hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Río Grande, fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del 2020 por su trabajo con los migrantes.
La orden del gobernador Abbott obligó a las fuerzas del orden a “detener cualquier vehículo bajo sospecha razonable” de que transportara migrantes, y autorizó a los oficiales a incautar los vehículos que violaban la norma.
El jueves por la tarde, la cuenta personal de Twitter de Abbott indicó: “Continuaré dando todos los pasos de acuerdo con la ley para proteger la frontera y mantener seguros a los texanos”.
Según CCRGV en su informe amicus curiae, los funcionarios estatales le dijeron a la agencia que las fuerzas del orden estarían estacionadas fuera del centro de relevo en McAllen para garantizar que el personal no transportara migrantes.
Caridades Católicas argumentó además que ya había tomado precauciones para prevenir la propagación del COVID-19.
La jueza Cardone declaró el jueves 26 de agosto que la orden de Abbott “parece hacer poco para proteger la salud pública a pesar de sus supuestas motivaciones”.
“Texas no presenta evidencia de que los no ciudadanos que ingresan a los Estados Unidos por la frontera representen un riesgo particular para la salud, de modo que restringir su transporte mejoraría la salud y la seguridad”, dijo la jueza Cardone.
“Y el único ejemplo anecdótico de Texas de los no ciudadanos que representan un riesgo para la salud pública (una familia migrante aparentemente tosiendo sin usar máscaras en un restaurante) no es evidencia suficiente de que la orden será efectiva para combatir el COVID-19 en Texas”, escribió la jueza Cardone.
Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.
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