La joven periodista de la revista independiente La Hora de Cuba, Neife Rigau, ha señalado que el Decreto-Ley 35, publicado hace unos días para regular las telecomunicaciones, es un intento del régimen para “acallar a la sociedad cubana” luego de las históricas protestas del 11 de julio.
“Ese decreto lo que intenta es acallar a la sociedad cubana y nuestro rol como periodistas. Nuestro rol es lograr que tanto los cubanos, como el mundo, sepan qué sucede en los pueblos y barrios de Cuba. Si dejamos que nos amedrenten, dejaríamos un poco huérfana a la sociedad, porque son momentos en que el periodismo y la comunicación son fundamentales para lograr cambios en la isla”, declaró la periodista católica de 22 años en una reciente entrevista concedida a ACI Prensa.
Tras las históricas protestas del 11 de julio (11J) contra el régimen comunista de Miguel Díaz-Canel –sucesor de los hermanos dictadores Raúl y Fidel Castro–, el gobierno cubano publicó el martes 17 de agosto una serie de regulaciones que tipifican por primera vez lo que consideran delitos cibernéticos que pueden derivar en sanciones penales.
Las redes sociales y el Internet –que llegó a los celulares en 2018–, fueron las herramientas que permitieron a la población organizarse en diversas localidades del país para salir a exigir libertad y mejores condiciones de vida. Esto se debe a que, en Cuba, el gobierno comunista controla los medios de comunicación masivos, como radios, televisión y periódicos impresos.
A través de fotos y videos de las marchas compartidas en redes sociales, se pudo difundir la represión del régimen a otros países. Ante este desborde de información, el gobierno cortó el servicio de Internet en toda la isla durante casi una semana. Además respondió con violencia, con detenciones arbitrarias y juicios sumarios.
La ONG española defensa legal pro derechos humanos, Prisoners Defenders, reportó el 3 de agosto una lista de 272 condenados y presos políticos, en un periodo de 20 días desde el inicio de las protestas.
“No es algo nuevo que hayan actuado de manera represiva contra los ciudadanos que se expresan a través de redes sociales, solo que ahora tienen respaldo legal para ejercer ese tipo de acciones” con el nuevo decreto, dijo Rigau.
Las nuevas regulaciones establecen 17 delitos de “ciberseguridad” que han sido tipificados en niveles de “peligrosidad” que van de “medio” a “muy alto”.
De acuerdo al medio independiente El Diario de Cuba, entre los delitos “se encuentra compartir en las redes sociales noticias falsas, mensajes ofensivos o ‘difamación con impacto en el prestigio del país’, este último caso bastante ambiguo”.
“También se considerará ‘difusión dañina’ a las publicaciones de contenidos que ‘atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado’ o los que ‘inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas’”, continuó el medio.
La periodista Rigau, quien reside en la ciudad cubana de Camagüey, afirmó a ACI Prensa que “ante el Decreto-Ley 35 no nos queda otra opción que seguir expresándonos, haciendo periodismo y denunciando las injusticias y falsedades que el régimen cubano intenta mostrar al mundo”.
“Las acciones represivas que tiene el gobierno hacia los periodistas, reporteros, comunicadores van desde la reclusión domiciliaria o prisión hasta cosas más sencillas como cortar el Internet durante horas o días, como lo han venido haciendo hace por años”, agregó la comunicadora, quien además ha trabajado para la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y en la Pastoral Juvenil Ignaciana de la Compañía de Jesús.
En Cuba no hay libertad de prensa debido a que la Constitución prohíbe la propiedad privada de medios de comunicación; y si bien existen algunos medios independientes en línea, estos tienen poco alcance debido a que el Internet es de mala calidad y costoso. Además, el acceso público a Wi-Fi gratis es prácticamente inexistente.
La ONG francesa, Reporteros Sin Fronteras, señala que “Cuba sigue siendo, año tras año, el país peor calificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa” y que la designación de Díaz-Canel en 2018 no ha generado ningún cambio.
El régimen cubano mantiene un monopolio casi absoluto de la información e intenta obstaculizar por todos los medios el trabajo de la prensa independiente: detenciones arbitrarias, amenazas de encarcelamiento, persecución, acoso, registros domiciliarios ilegales, confiscación y destrucción de material periodístico, describe la institución.
Rigau contó en la entrevista con ACI Prensa que también ha sufrido en carne propia la represión del régimen a la prensa.
El 11 de julio, ella y sus colegas Henry Constantin e Iris Mariño fueron detenidos durante 10 días y acusados por un supuesto delito de desorden público, pese a que solo realizaban la cobertura de las manifestaciones para su medio de comunicación, La Hora de Cuba.
“Se nos abrió un proceso judicial que se mantuvo por 42 días hasta el pasado 23 de agosto que la fiscalía cerró el caso y puso fin a la reclusión domiciliaria. Sin embargo, nos impusieron una multa de 1000 pesos cubanos”, contó.
Así como lo experimentaron ellos, la periodista indicó que muchas personas “todavía están siendo procesadas o sentenciadas por participar en el 11 de julio o publicar videos de ese día”.
“Todos los casos han sido procesados como delitos comunes como desorden público, desacato o atentado, y que el Gobierno utiliza contra opositores y activistas por los derechos humanos”, dijo.
Respecto al uso del Internet en la isla, Rigau explicó que en los últimos meses y años anteriores, muchas personas han sido citadas “por la seguridad del Estado por comentarios o publicaciones realizadas en redes sociales, sobre todo en Facebook que es la red que más se utiliza en Cuba”.
“En el 2018 empezó a haber cierta apertura con la implementación de las comunicaciones a través de datos móviles. Desde ese momento, las redes sociales han tenido un buen rol para hacer denuncias de todo aquello que no puede hacerse de forma presencial, por el riesgo que se corre y porque finalmente no se tendrían los mismos resultados”, contó.
No obstante, Rigau cree que ahora con la aprobación Decreto-Ley 35 ya nada será igual, porque “cualquier persona que intente expresarse en redes sociales puede ser hostigada o penada por ejercer su derecho”.
“Como el Gobierno sabe que el Internet es la herramienta que usan las personas para expresarse, están tratando de amedrentar o limitar esa vía de expresión. Aquel que se expresa libremente pero contrario a la ideología que impone el régimen, puede ser reprimido. El Ejecutivo tiene una y mil maneras de reprimir”, explicó.
Respecto a la profesión que viene desempeñando, aseguró que “trabajar en un medio de comunicación en Cuba es una experiencia enriquecedora por todos los desafíos”.
“Ser periodista independiente en una isla donde la libertad de expresión está bastante limitada siempre demanda retos, ya que se pueden recibir amenazas en las redes sociales o en la vida real como amenazas de muerte, de prisión o contra familiares”, dijo.
Al preguntarle sobre el futuro de Cuba, Rigau dijo que éste es “difuso”, debido a lo “desolador” del presente, en el que, “por un lado está la represión del gobierno y por el otro el desabastecimiento y la crisis sanitaria tan grande”.
“Solo espero que el malestar social por la situación del país ayude a que se vayan dando cambios progresivos, que pueda haber mejoras y que los ciudadanos ganen más espacios en las instituciones y en la sociedad”, declaró.
Finalmente, Rigau aseguró que “el cambio en Cuba será lento porque ha habido mucho daño antropológico e institucional, pero creo que poco a poco se van dando pequeños pasos que ayudan a la transición con la que soñamos, hacia una Cuba democrática”.
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