La presentación ante un comité de la ONU del caso de una menor de edad, embarazada en Perú durante un abuso sexual y que, según una ONG abortista, tuvo una pérdida espontánea, sería con el fin de “tratar de abrir frentes para conseguir despenalizar el aborto por violación sexual”, advirtió un experto en derecho penal
Se trata del caso “Camila”, llevado al Comité de Derechos del Niño de la ONU por organizaciones promotoras del aborto como la ONG peruana Promsex y las internacionales Planned Parenthood Global, el Centro de Derechos Reproductivos, así como el movimiento regional “Niñas, No Madres”, este último fundado por Planned Parenthood Global, el Consorcio latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Amnistía Internacional y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Diez días después de que se anunció la presentación de este caso a la ONU, la ministra de Justicia, Ana Neyra, dijo el 22 de octubre que impulsará un proyecto para despenalizar aborto por violación sexual en menores de 14 años.
Los detalles del caso “Camila” no son públicos debido a que se trata de una menor de edad. La única información disponible es la difundida por Promsex el 12 de octubre, que afirma haber asumido la defensa de la menor.
Según Promsex, la niña, llamada con el seudónimo “Camila”, era abusada sexualmente por su padre y quedó embarazada a los 13 años de edad. La ONG Indicó que el agresor fue sentenciado a cadena perpetua en mayo de 2019.
De acuerdo a Promsex, Camila no quería continuar con la gestación, pero el “hospital nunca le informó que tenía el derecho de interrumpir su embarazo” ni respondió a la solicitud de la madre. Según Promsex, “a las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea”.
“De la mano de Camila, exigimos justicia y reparación para ella, y que el Estado peruano fortalezca el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, las políticas públicas para la prevención de la violencia sexual y el programa de Educación Sexual Integral; y genere los mecanismos necesarios para garantizar el acceso al aborto terapéutico a las niñas”, señalaron representantes del movimiento regional Niñas, No Madres en un comunicado del 12 de octubre.
Por su parte, Promsex apunta a que el Estado peruano cumpla “con la provisión de aborto terapéutico” y desarrolle “lineamientos que garanticen la atención integral de las niñas en situación de embarazo producto de violencia sexual”.
Para el abogado Percy García Cavero, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España) y profesor del área de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Piura (Perú), las organizaciones promotoras del aborto utilizan el caso de “Camila” para “tratar de abrir frentes y conseguir despenalizar el aborto por violación sexual” en Perú, donde es un delito. De acuerdo al Código Penal, solo el “aborto terapéutico” es no punible “cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”.
“El caso de Camila es parte de una violación intrafamiliar, sin duda, que ya genera una actitud de rechazo natural, que es una situación muy triste y muy difícil. Pero algunos grupos intentan manejarlo según el caso peruano, donde el único supuesto de permisión que actualmente hay en el Código Penal es el aborto ‘terapéutico’. Al colocar el factor de violación sexual, generan una predisposición a entender que esto tendría que ser tratado con un aborto”, explicó García Cavero a ACI Prensa.
Señaló que el caso de Camila “es paradigmático” para estas organizaciones, porque por un lado les permite de defender “que el aborto ‘terapéutico’ no se practica en el Perú a pesar de existir protocolos, sumado a una desprotección del Estado”, y por otro lado, les permite “ir introduciendo la lógica de la violación sexual”.
Sin embargo, dijo que “si llevan este caso a instancias internacionales por el tema de no haberle practicado un aborto ante un caso de violación, no tendrían en principio respuesta ya que en Perú la legislación no lo permite”. No obstante, señaló que “la discusión aquí es ideológica”, y más de allá de “un tema de protección de la madre”, “lo que quieren estos grupos es la permisión y que socialmente se entienda que es ‘normal’ la práctica de aborto en estos supuestos”.
“Aquí hay un ‘juego’ bien calculado. Están discutiendo el tema por el aborto terapéutico, pero están metiendo la lógica del aborto por violación a un menor”, afirmó el abogado.
“La trampa es vincular la violación al aborto, cuando son dos cosas distintas. Una cosa es la violación donde el responsable es el padre, que está bien condenado a cadena perpetua, y otra es el aborto. La lógica que se intenta presentar es que cuando hay violación hay permisividad del aborto, pero no es así. Nuestra Constitución reconoce al no nacido todos los derechos que le favorecen, y sin duda la vida, es el derecho que más le favorece”, dijo.
Por su parte, Carlos Polo Samaniego, director de la Oficina para América Latina del Population Research Institute, recordó que detrás del caso de “Camila” se encuentra “Panned Parenthood Global, que promueve la práctica del aborto internacionalmente y en Perú se enorgullece de apoyar una campaña de despenalización del aborto”.
“Sus programas de ‘cuidado de la salud’ están centrados en procurar anticoncepción y aborto legal. No están orientados a combatir las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en las que vivió ‘Camila’ y miles de otras niñas peruanas como ella. Tampoco se dedican a proporcionar ayuda económica a mujeres como la madre Camila que tienen discapacidad severa o sufren marginación por ser quechuahablantes. El pedido que apoyan en Perú es principalmente la legalización del aborto”, aseguró.
Polo asegura que, “en nombre de una falsa compasión con las niñas, piden que a otros niños y niñas inocentes se les mate en el vientre materno”. “Claro, para Planned Parenthood Global, ellos no son niños”, dijo.
Consideraciones sobre el aborto "terapéutico”
En la entrevista con ACI Prensa, el abogado Percy García Cavero aclaró “que el Código Penal peruano establece la posibilidad de practicar un aborto ‘terapéutico’ solamente cuando una persona enfrenta una situación de riesgo para la vida o daño grave para la salud”.
En junio del 2014 el Ministerio de Salud aprobó la “Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas”, la cual fue criticada por los gremios médicos más importantes del país.
García Cavero indicó que para que el aborto terapéutico se aplique “la Junta Médica debe llegar a la conclusión de que, con la prosecución del embarazo, se genera una situación de riesgo y no existe otra alternativa viable para poder preservar ambas vidas”. “Solamente, en caso la muerte del feto sea la única forma de preservar la vida o la salud ante una situación de grave amenaza, en esos casos el aborto terapéutico no es punible; es antijurídico porque estás matando a un inocente protegido con derechos en la Constitución, pero no se considera culpables y, por tanto, no hay delito”, explicó.
“La Junta Médica no está para decir ‘hay que abortar’”, precisa, “sino para determinar si la situación de embarazo de la madre es realmente de riesgo para su vida o una grave afectación para su salud, es decir, que no hay otra forma de poder preservar su vida si es que no se interrumpe el embarazo”, añadió el doctor en Derecho.
García Cavero dijo que, “médicamente hablando, se ha determinado que para la madre gestante que ha sido violada, el embarazo y dar el hijo en adopción, genera menores afectaciones psicológicas que un aborto”. “Eso nadie lo destaca, sino que creen que la solución es matar a una persona que es inocente”, expresó.
“Sería inconstitucional permitir el aborto por violación sexual. Cargar la responsabilidad del violador sobre el feto es incivilizado, porque en el derecho moderno nadie responde penalmente con la propia vida por los delitos de otros”.
Promoción del aborto con un caso extremo
García Cavero, que ha escrito cerca de veinte libros sobre derecho, considera que lo que se busca con el caso de Camila “es evidente”.
“Promsex e instituciones internacionales como Planned Parenthood Global son organismos que promueven la libre interrupción del embarazo independientemente de si hay violación o si es un menor; explícitamente estas instituciones apuntan a la despenalización absoluta y amplia del aborto. Eso es un dato cierto y basta ver sus páginas web y declaraciones para saber que busca la libre interrupción del embarazo sin ningún tipo de límite”, aseguró.
El abogado explica que estas instituciones “están intentando abrir el camino con casos extremos”. “¿Y cuál es el caso más extremo? Una niña embarazada producto de una violación, está claro”, dijo.
“Aquí se le está tratando de dar cuerpo a este caso y darle un nombre, que es ‘Camila’, y además tratar de llevarlo a una instancia como la ONU, que también tiene una línea ideológica marcada en apuntar una liberalización del aborto, para que ésta se pronuncie y empiece a presionar internacionalmente al Estado peruano para que cambie su regulación del aborto”, dijo.
Para el abogado, si el caso de “Camila” es visto objetivamente, lo que hay es “un problema de la prestación médica a niñas embarazadas producto de violación, y eso tendría que haber llevado a un Estado presente en el sentido de haberla atendido, de haberle dado toda la cobertura psicológica, de haber permitido el embarazo, de haber permitido salvar la vida de ambas personas y finalmente haber generado la alternativa de entrega de adopción del niño si así lo deseaban”.
“Este no es un tema de ‘hay que derogar el delito de aborto’ o permitir el aborto en estos casos, ya que el problema es de ausencia del Estado. El problema también es de los órganos de investigación de los hechos delictivos, porque si finalmente se tratara de un aborto espontáneo, entonces la Fiscalía tuvo que haberle dado una protección a la niña o en todo caso haber iniciado un proceso contra los médicos por no haber salvado al feto frente a la situación de aborto”.
Según Promsex, días después del “aborto espontáneo”, “una enfermera del centro de salud del pueblo donde vivía fue a visitarla en reiteradas ocasiones a su domicilio, acompañada de un efectivo policial, para forzarla a seguir sus controles prenatales”.
La ONG dice que “la representante del Ministerio Público tomó conocimiento de lo sucedido y, basándose únicamente en la entrevista que se le hizo a la niña meses antes, en la que dijo que no quería tener al niño, decidió denunciarla por el delito de ‘autoaborto’, que contempla la mayor pena en la legislación peruana para casos de aborto”.
“Se le consideró ‘adolescente infractora’ y se ordenaron diligencias revictimizantes. A pesar de que el agresor había reconocido su responsabilidad, Camila pasó de víctima a victimaria, siendo ella la investigada por cometer una infracción a la ley penal y perseguida por el sistema de justicia”, asegura la ONG.
Para García, “si el hecho se trató de un aborto espontáneo, es ilógico que la Fiscalía haya impulsado una causa de derecho penal a una menor”.
“Cuando el menor tiene entre 12 y 14 años se aplican lo que son medidas de protección. No son penas. En este caso hay que protegerlo para que no termine desarrollando una conducta delictiva. Si a la niña con 13 años le han hecho un proceso en la fiscalía de familia, es para darle medidas de protección, que son fundamentalmente cuidados de los padres. Estas medidas no tienen carácter punitivo”, explicó el experto en Derecho Penal.
“Se dice que la fiscalía la declara responsable, pero la fiscalía no declara responsables. Es el juez de familia que determina las medidas de protección y el juez no puede declarar responsabilidad a un menor de hasta 14 años”, dijo García, y agregó que en este caso “claramente no hay pena al menor”.
“Ellos dicen que se le declaró responsable, pero eso es imposible (…) Las víctimas de agresiones familiares reciben medidas de protección”, aseguró.
“Lo que entiendo que ha hecho aquí la fiscalía de familia, porque los datos son escasos, es decir que existe posibilidad de que la menor no haya tenido un aborto espontáneo. Ellos dicen que fue un aborto espontáneo, pero puede ser que la niña causó el propio aborto o incluso un tercero haya estado involucrado, y eso debe ser investigado”, precisó García.
En ese sentido, el abogado dijo que “si encuentran que un mayor hubiese cometido el aborto, éste tendrá que responder”, pero “si por el contrario se demuestra que la niña se hizo un aborto a sí misma, ella estaría en principio cometiendo un delito de autoaborto, pero como es una menor, no se le puede hacer responsable”.
Según el Doctor en Derecho, le llama “poderosamente la atención” que Promsex resalte “los controles prenatales acompañados de un policía” posteriores al supuesto aborto espontáneo de Camila.
“¿A qué controles prenatales se hace referencia? ¿A aquellos previos antes del aborto espontáneo? ¿Qué control prenatal se puede hacer si ya hubo un aborto espontáneo? Habría que ver lo que dice la fiscalía, porque a lo mejor la fiscalía de familia toma en cuenta las declaraciones de la enfermera que fue a hacer los controles prenatales y determina que, en realidad, esto de espontáneo no tuvo nada”, especuló.
Luego añadió: “Una niña, que ha sido violada, para que la fiscalía haya iniciado una iniciado un proceso debe haber tenido elementos importantes para poder concluir que ese aborto no fue tan espontáneo como lo dice Promsex”.
“Podríamos tener un caso completamente distinto a como ha sido planteado, porque hay muchas cosas que no me cuadran en esta historia”, comentó García a ACI Prensa. “Me parece que en este caso hay manipulación de la información”, dijo.
Agregó que si bien “puede haber fiscales incisivos”, no hay “fiscales que se inventen las cosas”.
“Algo debe haber detrás. Para que un fiscal aplique medidas de protección a una menor de 13 años por un autoaborto, que además ha sido violada por su padre condenado a cadena perpetua, se debe haber tenido bastantes elementos para poder concluir que esto no fue un aborto espontáneo”, añadió García.
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