Obispos italianos defendieron la importancia de preservar la vida y condenaron la propuesta de ley “asistencia sanitaria para una muerte serena e indolora de los pacientes terminales” porque la persona enferma “debe ser defendida, acogida, asistida y acompañada”.
Se trata de un proyecto de ley regional en el sur de Italia que se está debatiendo en el Consejo regional de Puglia sobre el final de la vida.
En un comunicado de la Conferencia Episcopal Pugliese, los obispos destacaron que “todo ciudadano tiene, por encima de los diversos "IUS" que se le garantizan, lo que se resume en el "IUS VITAE", es decir, la protección frente a todos los ataques contra él y la garantía de que la Comunidad se ocupará de ello, sin recurrir a fórmulas parciales cuando no lo haga”.
En esta línea, la nota de los obispos advirtió “creemos que cualquier intento de conseguir el fin mencionado, sin haber puesto las garantías adecuadas de asistencia y ayuda, no es acorde con el respeto a la persona”.
Además, el episcopado advirtió que “sin perjuicio de que la persona enferma, sea cual sea el estado de su patología, debe situarse en el centro para ser defendida, acogida, asistida y acompañada, constatamos, por desgracia, que los cuidados paliativos y la sedación del dolor, necesidades ineludibles que deberían estar disponibles en el ámbito hospitalario, territorial y domiciliario, no están todavía tan extendidos”.
De este modo, recordaron la ley 38 de 2010 en la que Italia adoptó “un marco orgánico de principios y disposiciones normativas para garantizar una asistencia adecuada y cualificada en el ámbito de los cuidados paliativos y la terapia del dolor, para el paciente y su familia”.
Sin embargo, indicaron que “doce años después no se aplican en todo el país; hasta ahora ni siquiera se han alcanzado los estándares mínimos a nivel macrorregional y nacional”.
“Somos muy conscientes de la sensibilidad y la delicadeza del tema, que es de dramática actualidad y que, al tratarse de la sacralidad de la vida, requiere una cuidadosa actuación del poder legislativo, en un amplio debate parlamentario que represente al país y a las necesidades reales de sus ciudadanos, libre de lógicas partidistas y de posibles instrumentalizaciones”, concluyó la Conferencia Episcopal Pugliese.
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