En su encuentro con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el Obispo de Temuco, Mons. Héctor Vargas, expresó la preocupación de la Iglesia por la situación de violencia y tensión que vive la Región de La Araucanía.
La reunión tuvo lugar el viernes 23 de noviembre durante la cuarta visita de Piñera a la región que se ha visto sacudida por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de la policía armada el 14 de noviembre.
“Fue la ocasión para hacerme portador en mi condición de pastor de algunos de los temas más sentidos en la región”, dijo Mons. Vargas tras la reunión con el presidente y los ministros del Interior, Andrés Chadwick; y de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, impulsor del Plan Araucanía.
A la reunión además asistió el nuevo intendente de La Araucanía, Jorge Atton, y el gobernador de Malleco, Víctor Manoli, provincia donde ocurrió la muerte de Catrillanca en medio de un operativo policial.
Mons. Vargas explicó a la prensa local que “más allá del doloroso momento que vivimos a causa de la muerte del joven Catrillanca, las complejas situaciones derivadas por el accionar de la fuerza pública y la renuncia de autoridades, me pareció oportuno hacer presente algunos temas relacionados con el fondo del actual conflicto”.
Entre los temas que se abordaron, mencionó la necesidad de enfrentar las históricas demandas del pueblo mapuche, así como la situación de violencia, rezago, pobreza, baja inversión y productividad en la región.
Destacó la importancia de abordar estas problemáticas “desde una política de Estado, que cada vez necesita ser más consensuada y consolidada y avanzar a la luz de la evidencia internacional con mayor celeridad en temas de política pública indígena”.
Sostuvo que esto se traduce en el “Reconocimiento Constitucional, el Ministerio de Consejo de Pueblos y la participación política que puedan institucionalizar la representatividad y efectividad de los diálogos y las exigencias de una auténtica interculturalidad”.
Finalmente, Mons. Vargas señaló que respecto al Plan Araucanía, que lleva adelante el Gobierno, de los más de 300 proyectos se deben priorizar “aquellos que son más sensibles y urgentes en el alma de la región, con el fin de construir un futuro de paz en la justicia para todos”.
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