Congresista “trans” busca sancionar a iglesias que difundan ”discurso de odio” en México

Salma Luévano, congresista “trans” del partido Morena, del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, presentó un proyecto para reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y así sancionar a las iglesias que difundan, a su criterio, “discurso de odio”.

La propuesta legislativa ha sido criticada por un importante defensor de la vida y la familia en México como “un claro ataque a la libertad religiosa”.

El proyecto, ingresado en la Cámara de Diputados, busca modificar los artículos 8 y 29 de la ley, que se refieren a los deberes de las asociaciones religiosas de México, así como las infracciones que podrían cometer.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que reconoce que “el Estado mexicano es laico”, establece los derechos y obligaciones de “las iglesias y las agrupaciones religiosas” en el país.

El texto original de la ley fue promulgado en diciembre de 1992, y significó el reconocimiento legal de la Iglesia Católica después de décadas de persecución y discriminación contra los cristianos en México a manos del Estado.

Esta ley, junto a otras reformas constitucionales, llevaron en su momento al restablecimiento de relaciones entre la Iglesia y el Estado, y entre el Vaticano y México.

Al artículo 8, Luévano busca añadir un párrafo para obligar a las iglesias en México a abstenerse “de proferir discurso de odio, entendiéndose por estos (sic) los que se caracterizan por expresar una concepción mediante la cual se tiene el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica, social, orientación sexual, identidad y/o expresión de género”.

En el caso del artículo 29, Luévano apunta a que sea considerada una infracción de las iglesias el “proferir discursos de odio en el ejercicio de los actos amparados por esta ley o en medios de comunicación con el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica, social, orientación sexual, identidad y/o expresión de género”.

En su exposición de motivos, Luévano justificó su iniciativa asegurando que “en México, son cada vez más comunes los discursos de odio en contra de la población LGBTTTIQA+, particularmente por personas integrantes de las asociaciones o cultos religiosos, sin que ello tenga consecuencias penales ni administrativas”.

“LGBTTTIQA+” son las siglas de “lesbianas, gays, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales, queers, asexuales y más”.

En una reciente polémica, Luévano obligó al diputado Gabriel Quadri, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), a disculparse por decirle “señor” durante un acalorado debate en la Cámara de Diputados.

El caso llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, según un comunicado del 21 de abril de este año, determinó que Quadri “cometió violencia política contra las mujeres en razón de género por las manifestaciones efectuadas contra las personas transgénero y transexuales”.

“Un grave atentado contra la libertad religiosa”

Juan Carlos Leal, conocido político defensor de la vida y la familia en México, advirtió a través de Twitter que el proyecto de Salma Luévano “promueve la obligación de las Iglesias a ‘reinterpretar’ la Biblia”.

“La iglesia no podrá llamar pecado a lo que actualmente considera pecado según la Biblia”, añadió, advirtiendo que se trata de “un claro ataque a la libertad religiosa” por parte del partido fundado por López Obrador.

Leal, ex diputado estatal y presidente de CREEMOS Nuevo León, dijo a ACI Prensa este 13 de septiembre que la iniciativa de Luévano “es grave”, y puede afectar las enseñanzas tanto de “evangélicos como católicos”.

“Y puede haber dos situaciones: una, si no han registrado su asociación religiosa, o sea si no han hecho el registro de asociación religiosa, posiblemente no se lo otorguen”.

A continuación, Leal dijo que como segunda posibilidad, a las asociaciones religiosas ya inscritas ante la República mexicana, “pueden quitarles el registro” y “por ende, pueden cerrar la iglesia”.

“Entonces sí es un grave atentado contra la libertad religiosa y hay que seguir trabajando en esta batalla cultural para impedir que esto suceda”, expresó.

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