La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) exhortó este miércoles a las autoridades del país a respetar y proteger el derecho a la vida y salud de una niña de 11 años y de su bebé en gestación que fue producto de una violación.
“Ambas vidas merecen y deben ser protegidas”, fue el pedido de la CEB en un comunicado emitido este 26 de octubre, después de señalar que se trata de una situación “dolorosa”.
El embarazo de la menor ocurrió en la ciudad de Yapacaní tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro de 61 años, quien ha sido detenido. La niña tiene 21 semanas de gestación y permanece en un hospital en Santa Cruz.
Desde el jueves pasado, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y otras organizaciones intentaron que se realice el aborto a la menor; sin embargo, la madre se ha opuesto.
“La madre aparece ahora a decir que continúe el embarazo cuando no estuvo cuando debía estar. La Sentencia Constitucional 206/2014 es clara. Un embarazo debe ser interrumpido cuando se trata de una violación y eso es lo que ha pasado”, declaró a la prensa local la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Sin embargo, esta sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional establece que los requisitos para permitir un aborto son la presentación de una copia de la denuncia de violación y el consentimiento de la mujer (niña, adolescente, joven o adulta). En este caso, según informó la prensa, la madre presentó “un memorial de desistimiento”, “junto a una carta manuscrita” de su hija.
Según la directora ejecutiva de la Casa de la Mujer, Ana Paola García, la niña de 11 años había señalado previamente ante una junta médica que no quería ser madre, y por ello se le suministró una primera dosis de un medicamento para abortar.
En su comunicado del 26 de octubre, el Episcopado boliviano recordó que la Sentencia Constitucional 206/2014 “de ninguna manera puede entenderse como una forma de legalización del aborto”.
“El aborto sigue siendo un delito en Bolivia y no existe una interrupción legal del embarazo. Cuidar y proteger la vida es una obligación de todos”, expresaron los obispos.
“Afirmamos que, tanto los derechos de la niña, como los del bebé que crece en su vientre, deben protegerse, ya que ambos son inocentes y víctimas de un acto criminal, que tiene una gravísima responsabilidad por la que se debe responder”, expresaron.
Asimismo, la CEB explicó que, “siendo que la niña y su mamá deciden continuar con el embarazo resguardando la salud de la niña y del bebé, se deben buscar posibles soluciones, como la adopción, dado que previsiblemente la niña todavía no cuenta con la madurez necesaria para asumir el cuidado y la atención del bebé”.
En ese sentido, recordaron “que no se puede obligar a nadie a realizar abortos, ni siquiera ante la gravedad de la violencia sexual, porque el aborto en Bolivia es un delito, aún bajo causales de impunidad y no se puede forzar a nadie, ni al personal de salud, a cometer este delito”.
“Reclamamos la necesidad de definir mecanismos que respeten el derecho humano a la objeción de conciencia”, exigió la CEB.
Además, de la CEB, la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra también expresó “su más firme repudio” por la violación, ofreció ayuda y soporte a la niña y su familia, e instó a las autoridades bolivianas a no cometer un crimen al practicarle un aborto.
“La Iglesia Católica en Santa Cruz expresa su más firme repudio por la brutal violación a una niña de 11 años de edad, acaecida en Yapacaní, y expresa su dolor, cercanía y solidaridad a la niña, a su madre y personas que la aman”, señaló la Arquidiócesis de Santa Cruz en un comunicado emitido el 23 de octubre.
Además, instó a las autoridades correspondientes “para que no quede impune tan grave y detestable delito”, ya que “la violación, además de lesionar profundamente el derecho de cada persona a su dignidad, libertad e integridad física y moral, atenta contra la justicia y la caridad; cuanto más si, como en este caso, se trata de una niña inocente”.
La Arquidiócesis advirtió que “está en juego la vida sagrada de dos personas inocentes e indefensas: la de la niña mamá y la de la criatura en su seno materno”.
“Tenemos conocimiento que la niña y su madre han manifestado que quieren que la criaturita en gestación viva y no se realice el aborto, por eso su voluntad debe ser obligatoriamente respetada”, sentenció.
Explicó, además, que aunque la situación es “muy compleja y dramática” se reconoce que “ambas son vidas humanas independientes y la persona humana dentro del vientre materno no es el culpable del abuso a su madre”.
“Un crimen no se soluciona con otro crimen, el aborto no remedia la violación, ni da tranquilidad a las conciencias, por el contrario, deja heridas psicológicas más graves y para largo tiempo”, aseguró la Arquidiócesis.
La Iglesia Católica en Santa Cruz recuerda que, “según las indicaciones de la medicina, un feto de cinco meses es ya una criatura bastante formada y por tanto goza, sin duda, de la protección que emana de las leyes y la Constitución Política del Estado”.
“Al quinto mes de embarazo la criaturita mide aproximadamente 25 cm. el cerebro en este periodo ya está bastante desarrollado, siente dolor, inicia a funcionar el hígado y el bazo comienza a producir glóbulos blancos, fundamentales para el desarrollo del sistema inmunológico”, agregó.
Al final de su comunicado, la Arquidiócesis subrayó que “la única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor de las dos vidas”.
En tal sentido, la Iglesia local ofreció “acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes, Madre María, asegurando el apoyo material, médico, psicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo post-maternidad”.
La Iglesia Católica estableció en la encíclica Evangelium vitae, numeral 57, que: “Nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie además puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros confiados a su responsabilidad ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo”.
“¡Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término!”, concluyó la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra.
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