El 27 de mayo se presentó el Observatorio Para la Protección de la Infancia del Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II bajo el alero de la Universidad Católica de Salta (Ucasal) en Argentina.
El objetivo del Observatorio es trabajar e investigar la realidad del abuso infantil en Argentina, especialmente en la provincia de Salta, y realizar acciones concretas para erradicarlo.
Durante la presentación realizada vía online, el Gran Canciller de Ucasal y Arzobispo de Salta, Mons. Mario Antonio Cargnello, agradeció al equipo que inició este trabajo comprometiendo a todos los agentes pastorales y la diócesis a “tomar en serio el cuidado y la protección de la niñez”.
En ese sentido alentó al equipo a seguir “creciendo y favoreciendo una cultura que proteja a los chicos durante todo el curso de su infancia hasta que llegue a la madurez; forma parte de la esencia de la Iglesia que es madre y maestra”, agregó.
Si bien el Observatorio fue creado en 2019, tras la solicitud realizada por Mons. Cargnello, el Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II y Ucasal decidieron presentar públicamente el trabajo realizado y sus desafíos, en el año internacional de la Eliminación del Trabajo Infantil.
En ese sentido, miembros de la comisión de trabajo presentaron lo que ha sido el desarrollo de la iniciativa a través de la investigación, la concientización y la interacción con organismos gubernamentales.
En ese trabajo conjunto se han propuesto políticas públicas, capacitaciones a profesionales de la sociedad, un plan de acompañamiento y contención de las víctimas y sus familias.
Además, se ha desarrollado un manual de buenas prácticas para ayudar a la creación de espacios seguros y confiables para niños, jóvenes y adultos vulnerables en todas las instituciones eclesiásticas.
A la presentación fueron invitados Alessandra Campo, coordinadora de la red de colaboradores del "Centre for Child Protection" de la Universidad Gregoriana de Roma; Mirta Lapad, asesora general de Incapaces de la provincia de Salta y actual presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público; y Verónica Figueroa, ministra de Desarrollo Social de la provincia de Salta.
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