El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. Luis Argüello, se reunió con la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, “para iniciar un diálogo sobre la educación en la situación actual”.
Según precisan en un comunicado, esta reunión tuvo lugar hoy 30 de julio en el Ministerio de Educación en “un marco de cordialidad” y en la que se puso de manifiesto “la relevancia del Artículo 27 de la Constitución como marco de referencia para un pacto educativo”.
También subrayaron que en este encuentro se puso “en valor la importancia de la Enseñanza de la Religión y de la formación moral para una educación integral; así como el papel de la escuela concertada y su servicio a la sociedad”.
Además de Mons. Argüello y la ministra Celaá también asistieron el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Alfonso Carrasco; la secretaria técnica de esta Comisión, Raquel Pérez; así como el Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana; y el subsecretario de Educación y Formación Profesional, Fernando Gurrea.
El artículo 27 de la Constitución española habla del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Hace referencia también a que “la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
Así como la garantía de los padres, por parte de los poderes públicos, para que “sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” y se reconoce la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”.
Discrepancias entre el gobierno y la CEE
Sobre la asignatura de Religión, la ministra Celaá pretende llevar a cabo la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida como Ley Celaá. En esta modificación la asignatura de Religión quedaría excluida del programa educativo.
En Educación Primaria será de oferta obligatoria y de elección voluntaria. En Bachillerato no es obligatoria y, de cursarse, su nota no contará para la media escolar, necesaria para el acceso a la universidad o la concesión de becas.
No tendrá asignatura alternativa, es decir, que los estudiantes que no la cursen podrán irse a su casa.
Sin embargo, esa misma Ley prevé que los alumnos de 5º y 6º de Primaria, así como los de 4º de Educación Secundaria deban cursar de manera obligatoria la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, que sí será evaluable.
Desde su inicio como ministra de Educación, Isabel Celaá ha realizado numerosas declaraciones polémicas. En enero de 2020 aseguró que “no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres”. A lo que Mons. Argüello respondió a través de twitter: “Los hijos no somos propiedad de los padres, ¡menos del Estado! Tampoco somos propietarios de nuestro cuerpo. No somos cosas. Ser hijo, supone participar de un vínculo, fruto y origen de otros vínculos que respetados y armonizados hacen posible el bien común, personal y social”.
También ha sido controvertida la posición de la ministra en relación con los colegios concertados, muchos de ellos de inspiración católica. Recientemente el Gobierno de España anunció que dejaría fuera a estos colegios del reparto de dos mil millones de euros en subvenciones, previstos para la educación dentro del plan de reconstrucción de España tras el COVID.
A esto Mons. Argüello respondió que no entendía que se hubiera aprobado “un criterio del reparto de fondos de ayuda para la educación de España y que se excluyera a una parte que representa casi un tercio de la red pública en España”, en referencia a los colegios concertados.
Finalmente el Congreso de los Diputados no aceptó que los colegios concertados quedaran fuera de este reparto de subvenciones.
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