A través de una carta dirigida a Rodríguez Larreta el 24 de julio, la Corporación de Abogados Católicos dijo que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires “garantiza la atención integral del embarazo”.
Sin embargo, la “garantía queda convertida en letra muerta a través de la aplicación” del “Protocolo para atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, aprobada por la Legislatura porteña el pasado 16 de julio.
Los colegiados manifestaron que quienes votaron a favor del protocolo están en “grave incumplimiento de sus deberes” y transgredieron “la Constitución que juraron cumplir y respetar”.
“De no vetarla, también Ud. estaría incumpliendo sus funciones y faltando a su juramento”, interpelaron al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Corporación de Abogados Católicos expresó que Rodríguez Larreta tiene la “obligación constitucional” de evitar la muerte “de un número indeterminado de niños por nacer”.
Asimismo, aseguró que en el protocolo del aborto se desvirtúa el concepto de salud “al incluirse causas psicosociales, con la disminución de que el requisito del peligro para la vida y salud no pueda evitarse por otros medios y con la posibilidad de considerarse la mujer víctima de abuso sexual prácticamente a su solo criterio subjetivo”.
Con el protocolo del aborto se “posibilita” la realización de “actos crueles e inhumanos” prohibidos en la constitución como lo son “matar a los embriones con el corazón ya latiendo, a los poseedores de sensibilidad y a los fetos totalmente formados, incluyendo la abominación de permitírselo respecto de aquellos en situación de viabilidad dado que no se fija límite temporal alguno”.
Entre otras precisiones, la Corporación de Abogados Católicos explicó que el protocolo “no ha tenido en cuenta la calidad de ‘persona’ que le corresponde al ser concebido desde la misma concepción, y el derecho a la vida que le han sido reconocidos en los tratados internacionales”.
“Es que en todo aborto hay dos personas: la gestante y el concebido. No se puede pretender resolver la cuestión mirando solo a la madre”.
A su turno, el Consejo Arquidiocesano de la Acción Católica de Buenos Aires denunció “que esta normativa bajo la supuesta tutela de derechos” “conlleva” a “una violencia adicional contra la vida” además de las ya existentes como “la pobreza, marginalidad, trata de personas, trabajo esclavo, entre otras”.
En ese sentido, también alentaron al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los legisladores, y a todos, “a construir juntos las medidas necesarias en pos de procurar el desarrollo de la vida, su protección en cada uno de sus etapa, sin ninguna discriminación etaria ni de estamentos sociales”.
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