La nueva ley del aborto apartaría a los médicos objetores de conciencia al aborto y excluiría a las organizaciones provida de las ayudas públicas para programas de salud ginecológica y obstétrica.
Así se desprende de la ponencia aprobada por la Comisión de Igualdad sobre la nueva ley del aborto esta semana, que sigue su curso legislativo.
La reforma de la ley del aborto prevé eliminar el plazo de reflexión de tres días y permitir a las menores de 16 y 17 años abortar sin conocimiento de sus padres.
También tiene como objetivo eliminar la obligación de dar información sobre alternativas y ayudas a la mujer embarazada, salvo petición expresa de la madre.
Entre las disposiciones propuestas en el texto original de la reforma, al mismo tiempo se encuentra la creación de un registro de objetores de conciencia al aborto.
La ponencia aprobada por la Comisión de Igualdad del Congreso a aprobado además 38 enmiendas entre las que se encuentra que los médicos inscritos en los últimos tres años en el registro de objetores no pueden ser miembros de los comités clínicos sobre aborto.
Apoyo público a la mujer embarazada
Además, la ley excluye a las organizaciones provida del apoyo público a programas de promoción y difusión de buenas prácticas en el ámbito de la salud ginecológica y obstétrica.
Esta circunstancia agravará el escaso gasto público de apoyo a la mujer embarazada en situación vulnerable, que en 2021 fue de 13 euros por mujer, de acuerdo a un informe presentado recientemente por la Fundación Red Madre.
Según el Mapa de la Maternidad, el conjunto de la Administraciones Públicas sólo destinaron unos 5 millones y medio de dólares en ayudas a la mujer embarazada.
Esto sitúa a España a la cola del escalafón en la Unión Europea en cuanto a porcentaje de PIB dedicado a la Familia, con un exiguo 1,3%.
La presidenta de la Fundación Red Madre, María Torrego, considera que estos datos “demuestran que España sigue siendo una sociedad en deuda con la maternidad en casi todos los territorios”.
El Pleno del Congreso deberá someter de nuevo las enmiendas y el texto de la reforma de la ley del aborto a debate y votación, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta al tratarse de la modificación de una ley que afecta a derechos fundamentales como el derecho a la vida.
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