7 de febrero de 2023 / 12:01 p. m.
En lo que constituye un nuevo ataque contra la Iglesia Católica, la dictadura de Nicaragua, liderada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, condenó a 10 años de cárcel a tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un laico de la Diócesis de Matagalpa.
Según informan el diario local La Prensa y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la sentencia la dictó el lunes 6 de febrero la jueza Nadia Tardencilla, del Segundo Distrito Penal de Juicios.
La condena se divide en 5 años por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y 5 años por “propagación de noticias falsas”, a lo que se suma 800 días de multa.
Los sacerdotes condenados son Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez (50), rector de la Universidad Juan Pablo II; Sadiel Antonio Eugarrios Cano (35), exvicario de la Catedral de Matagalpa; y José Luis Díaz Cruz (33), actual vicario de la Catedral de Matagalpa.
También fueron sentenciados el diácono Raúl Antonio Vega González (27); los seminaristas Darvin Esteylin Leiva Mendoza (19) y Melkin Antonio Centeno Sequeira (23); y el fotógrafo Sergio José Cárdenas Flores (32).
🔴🔴🇳🇮 URGENTE URGENTE| El régimen ORMU arremete sin piedad contra el clero en Nicaragua, el día de hoy condenó a 10 años de prisión a 4 sacerdotes, 2 seminaristas y al camarógrafo que junto con monseñor Rolando Álvarez estuvieron secuestrados en la curia episcopal de Matagalpa. pic.twitter.com/Xk4ZgJMaPP
— Cenidh (@cenidh) February 6, 2023
Los siete condenados habían sido declarados culpables el pasado 27 de enero y aguardaban la sentencia.
La condena se suma a la impuesta al P. Oscar Benavidez, dada a conocer el 4 de febrero.
El pasado 10 de enero, el régimen anunció que el Obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez, que sigue bajo arresto domiciliario, será sometido a juicio tras haber sido acusado de conspiración. El Prelado aún no ha sido condenado.
El CENIDH denuncia que la sentencia en contra de estas siete personas es “una nueva aberración jurídica” que también los “inhabilitó de por vida al ejercicio de cargos públicos y de elección popular”.
“Desde CENIDH condenamos estas acciones perversas del régimen que violentan los DDHH. Exigimos libertad inmediata para ellos y todas las personas”, agregó el organismo.
(El artículo continúa después)
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