La Junta directiva de la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (CONCUR) ha denunciado este martes, a 22 días del inicio de las históricas protestas del 11 de julio (#11J) contra el régimen dictatorial de Cuba, que “todavía existen personas detenidas a la espera de juicio, bajo investigación y otras sancionadas con penas muy severas”.
Así lo informó la CONCUR en un comunicado emitido el 3 agosto. La Conferencia ofrece desde los primeros días de las manifestaciones un servicio de asesoramiento jurídico para los detenidos y acompañamiento espiritual y psicológico para sus familiares, luego de la represión ejercida por el régimen de Miguel Díaz-Canel frente al reclamo ciudadano por las difíciles condiciones de vida.
En su comunicado, la CONCUR pidió el “sobreseimiento libre de las actuaciones, en los casos de las personas que ejercieron su derecho constitucional de manifestarse pacíficamente (artículo 56 de la Constitución)”.
También el “cumplimiento de la legalidad, las normas del debido proceso y ponderación de la edad y antecedentes sociales de los participantes en los hechos”.
Asimismo, resaltó la importancia de observar que “en los casos en que se pruebe la existencia de delitos, no aplicar el máximo del marco sancionador y subsidiar, en los casos previstos en la ley, la privación de libertad por otras penas contempladas en el Código Penal”.
Por su parte, la ONG española defensa legal pro derechos humanos, Prisoners Defenders, reportó el 3 de agosto una lista con un total de 272 condenados y presos políticos en un periodo de 20 días desde el inicio de las protestas masivas contra el régimen dictatorial en Cuba.
De los 272 apresados, 198 fueron nombrados como “convictos de conciencia”, 39 como “condenados de conciencia” y 35 “presos políticos” adicionales.
Asimismo, la ONG denunció que muchas de las víctimas que salieron a marchar el pasado 11 de julio están siendo “torturadas”, lo que conforma “crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de forma masiva sobre población indefensa, tan sólo por motivaciones políticas”.
Prisoners Defenders señala, además, que el mes julio fue “trágico para los cubanos” ya que existe un “número imposible de determinar entre 2.000 y 8.000 personas detenidas en toda Cuba”.
“Tan solo en Santa Clara, Guillermo Fariñas [dirigente político y periodista cubano] calculaba, desde dentro y mientras estaba detenido, una saturación de cientos de detenidos en un solo centro de detención, como nos ha indicado él mismo, cuando existen incontables establecimientos disponibles para ello en dicha provincia y la saturación era generalizada”, indicó.
En otro punto de su informe, Prisoners Defenders estimó que la cifra final de detenciones arbitrarias, “que cualquier ONG puede confirmar de aquí a unas semanas, será inferior al 30% la tragedia que ha acontecido en Cuba”.
Esto se debe, explicó, a “los nulos mecanismos de reporte, la impedida presencia de ONG internacionales, la mermada capilaridad de las organizaciones disidentes para dar con toda la población afectada, por las detenciones de sus activistas y las restricciones a su movimiento y comunicaciones, el pánico que existe entre la población a hablar y la escasa penetración de la comunicación moderna efectiva y libre, así como el aislamiento por el COVID”.
Según Prisoners Defenders, a lo anterior se suma “que los abogados en toda Cuba están recibiendo órdenes, o muchos auto-censurándose, para que no se entreguen documentos a los familiares”. “Recordemos que la abogacía en Cuba se practica y depende económica y jerárquicamente del Estado y no del defendido, o cliente”, acotó.
La ONG precisó que para poder reportar los 272 casos de condenados y presos políticos, se guiaron por nombrar “convictos de conciencia” a aquellos que, “bien han estado condenados y en prisión de forma reconocida por diversas organizaciones de derechos humanos y teníamos todos los datos disponibles o al alcance, o bien han estado en prisión mediante un auto de la Fiscalía dictando la prisión preventiva, y que sus delitos y la narración de los autos”, “no ameritan delito alguno y generan estupefacción”.
“La lista es parcial, y no creemos que esta lista cubra ni el 30% de los casos de prisión preventiva ilegal y de conciencia que podría haber habido durante julio en Cuba”, subrayó.
Prisoners Defenders señala que “los casos que más preocupan en este momento, y los que están sufriendo mayor grado de torturas son los opositores al régimen, que han sido apresados gran parte de ellos sin que siquiera hubieran tenido oportunidad de participar en las manifestaciones, pues o bien han sido detenidos antes de llegar a ellas, o bien lo han sido tras las mismas, buscándolos en sus casas”.
“Los opositores menos conocidos, como las hermanas Garrido Rodríguez, u otros que son reconocidos, pero no extensamente, como Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta, por poner un par de casos de entre decenas, son casos en los que hay que poner un foco especial. Se ha mantenido en prisión a no pocos de los más importantes e influyentes opositores y contestatarios al régimen, como José Daniel Ferrer, Félix Navarro Rodríguez o Luis Manuel Otero Alcántara, por poner tres ejemplos de entre muchos”, explicó la ONG.
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