El Cardenal Angelo Becciu, ex prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y ex Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, será juzgado en el Vaticano por los delitos de malversación y abuso de oficio, así como de complicidad y soborno en el caso relacionado con las inversiones financieras de la Secretaría de Estado en un inmueble de lujo en Londres.
La primera vista del juicio tendrá lugar el próximo 27 de julio, según el decreto del presidente del Tribunal Vaticano tras recibir la solicitud de citación a juicio presentada hace unos días por la Oficina del Promotor de Justicia. La solicitud se realizó tras finalizar las pesquisas efectuadas en los últimos años en colaboración estrecha con las autoridades vaticanas e italianas.
Además del Cardenal Becciu, serán juzgadas otras 9 personas. Entre ellas el empresario Raffaele Mincione, acusado de malversación, estafa, abuso de oficio, apropiación indebida y autoblanqueo; Gianluigi Torzi, acusado de extorsión, malversación, estafa, desvío de fondos, blanqueo de dinero y autoblanqueo; Enrico Carasso, acusa de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, estafa, abuso de oficio, falsificación de un acto público por un particular y falsificación en un contrato privado; y Cecilia Marogna, acusada de malversación de fondos.
Los otros acusados son René Brülhart, imputado del delito de abuso de oficio; Mons. Mauro Carlino, acusado de extorsión y abuso de oficio; Tommaso di Ruzza, acusado de malversación de fondos, abuso de oficio y violación del secreto oficial; Nicola Squillace, acusado de estafa, malversación, blanqueo de capitales y autoblanqueo; Fabrizio Tirabassi, acusado de corrupción, extorsión, malversación, estafa y abuso de oficio.
Se ha citado también a juicio a las empresas HP FInance LLC, referido a Enrico Crasso, al que la fiscalía imputa el delito de estafa; Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., atribuible a Cecilia Marogna, que está acusada de malversación de fondos; Prestige Family Office SA, atribuible a Enrico Craso, que está acusado de estafa; Sogenel Capital Investment, que se remonta a Enrico Crasso, al que la acusación imputa el delito de estafa.
En un comunicado enviado por la Sala de Prensa del Vaticano se señala que “han surgido elementos en contra del cardenal Giovanni Angelo Becciu, contra el que se está procediendo, tal y como establece la ley”.
Se indica también en el comunicado que la investigación, realizada desde julio de 2019 tras una denuncia del Instituto para las Obras de Religión (conocido como Banco Vaticano) y de la Oficina del Revisor General, se ha impulsado mediante la colaboración de los organismos de control del Vaticano y del Estado Italiano, como la Fiscalía de Roma, la Unidad de Policía Económica y Financiera, la Guardia de Finanza, así como las fiscalías de Milán y de otras localidades italianas, junto con sus respectivos departamentos de la policía judicial.
Las investigaciones se han realizado tanto en Italia como en el extranjero (Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo Eslovenia, Suiza), que “han sacado a la luz una vasta red de relaciones con operadores de los mercados financieros que han generado cuantiosas pérdidas para las finanzas vaticanas, habiendo recurrido también a los recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre”, se lee en el comunicado de prensa.
Caso Becciu
El Cardenal Becciu renunció el 24 de septiembre de 2020 a su cargo como Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a los derechos al cardenalato después de que trascendiera su implicación en el caso de corrupción en la inversión financiera en Londres, así como el desvío de importantes sumas de dinero procedentes del fondo de caridad del Santo Padre (el Óbolo de San Pedro), para negocios emprendidos por los hermanos del Cardenal.
Según varias informaciones de Catholic News Agency (CNA), agencia en inglés del grupo ACI, el Cardenal habría malversado entre 2014 y 2018 300 millones de dólares procedentes de la Secretaría de Estado para comprar un inmueble de lujo en la Sloane Avenue de Londres.
La compra se realizó cuando el Cardenal era Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano. En la operación participó el empresario italiano Raffaele Mincione por intermediación del agente inmobiliario Gianluiggi Torzi, que administraba importantes sumas de dinero de los fondos de la Secretaría de Estado.
Para poder completar la suma de 300 millones de euros, Becciu solicitó al Instituto de Obras de Religión 150 millones de euros sin justificar. Los otros 200 millones de euros los habría obtenido por medio de un crédito concedido por el banco suizo BSI, de dudosa reputación tras verse implicado en casos de violación de las legislaciones contra el blanqueo de dinero y el fraude.
A continuación, el Arzobispo Becciu implicó al financieron Enrico Crasso, antiguo directivo del Credit Suisse, a quien entregó el control de millones de euros de fondos de inversión del Vaticano procedentes de la Secretaría de Estado y del Óbolo de San Pedro.
Por su parte, Mincione y Torzi habrían obtenido una ganancia de 10 millones de euros en la operación tras retener miles de acciones del proyecto inmobiliario que a continuación vendieron a precios inflados.
Para que la operación pasara desapercibida, el Cardenal Becciu disfrazó los préstamos en los balances del Vaticano cancelándolos contra el valor de la propiedad comprada en Londres.
Según averiguó CNA, el Cardenal George Pell, cuando ejercía como Prefecto para la Economía, detectó la operación y pidió explicaciones al entonces Arzobispo Becciu, lo que provocó un enfrentamiento entre ambos.
Además, Becciu canceló unilateralmente, sin consultarlo con el Papa ni con el Prefecto para la Economía, una auditoría externa de todos los departamentos del Vaticano.
Otras acusaciones contra Becciu se refieren el empleo de dinero del Óbolo de San Pedro para financiar proyectos empresariales de tres de sus hermanos.
Primero convenció a la Conferencia Episcopal Italiana para que donara 300 mil euros entre 2013 y 2015 a la Cooperativa Spes, el brazo operativo de la Cáritas Diocesana de la Diócesis de Ozieri, en la isla de Cerdeña, a la que pertenecía el Cardenal.
Al frente de la Cooperativa estaba uno de los hermanos del Cardenal. Tras ese donativo procedente de la Conferencia Episcopal, Becciu entregó a Spes una suma de 100 mil euros de los fondos del Óbolo de San Pedro, que controlaba él mismo en calidad de Sustituto de la Secretaría de Estado.
El Cardenal Becciu también habría favorecido a otro de sus hermanos al contratar los servicios de su empresa de carpintería para amueblar y restaurar varias iglesias de Angola y de Cuba en los períodos en que Becciu fue Nuncio en dichos países.
También habría ayudado a conseguir clientes para la empresa Angel’s srl, una distribuidora de cerveza en la que otro de los hermanos del Cardenal era socio mayoritario y representante legal.
Los hermanos del Cardenal habrían reinvertido los beneficios obtenidos gracias a los favores de su hermano en productos financieros, de participación y en valores de refugio de bajo riesgo. Los ingresos generados en esas inversiones se habrían reinvertido a su vez en fondos de inversión de la Secretaría de Estado.
Asimismo, el Cardenal Becciu, según informaron varios medios italianos, envió dinero de la Secretaría de Estado durante cuatro años a una de sus colaboradoras en Cerdeña, Cecilia Marogna, residente en Eslovenia.
Según afirmó Marogna, el dinero era su salario por su labor como consultora diplomática para el Vaticano. Reconoció que el dinero se gastó en la adquisición de complementos de lujo, como bolsos de primeras marcas, pero lo justificó señalando que era necesario para el desarrollo de su trabajo.
Marogna fue detenida en Milán el 14 de octubre de 2020 tras dictar el juez medidas cautelares contra ella por presuntamente haber malversado 500 mil euros de la Secretaría de Estado. Fue liberada el 30 del mismo mes.
El Cardenal Becciu ha defendido siempre su inocencia y ha negado los supuestos malos manejos de los fondos vaticanos. Incluso anunció medidas legales contra varios medios de comunicación que se hicieron eco de las acusaciones.
En un comunicado del 7 de octubre de 2020 insistió en “la absoluta falsedad de las acusaciones en su contra difundidos por medio de la prensa, confirmando el desconocimiento de todo acto ilícito”.
Aseguró que “ni el Cardenal ni sus hermanos poseen acciones u obligaciones, ni tampoco participan, en fondos de inversión o poseen cuentas extranjeras”. “Nunca se han transferido fondos procedentes de la Secretaría de Estado para disposición privada y personal de los familiares” del Cardenal”.
También hace hincapié en que “nunca se han dispuesto inversiones de la Santa Sede en la sociedad Angel’s, vinculada a la producción de cerveza o a su comercialización”. “Ni el Cardenal ni sus hermanos han invertido ingresos de actividades familiares en fondos financieros de cualquier naturaleza”.
En el comunicado se rechazaban también las acusaciones contra la colaboradora del Cardenal, Cecilia Marogna.
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