Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide, criticó a algunos países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se negaron a realizar el 28 de julio una sesión extraordinaria del consejo permanente para tratar la situación en Cuba.
Según informó el medio argentino Infobae, la sesión tuvo que ser aplazada ante las objeciones jurídicas “inusuales” de al menos 13 estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) junto con México, Argentina y Nicaragua. Hasta el momento no se decide cuándo se retomará la sesión.
“Es una vergüenza para las naciones del Caribe que sean precisamente nuestros vecinos más cercanos quienes sirvan al régimen cubano en su empeño de silenciar las graves violaciones que se están cometiendo en nuestro país”, denunció Payá.
La activista reclamó que estos países “se han negado a escuchar a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la acuciante situación en la isla”.
“En una carta que ignora los graves hechos que suceden en la Isla, Antigua y Barbuda hablando a nombre de la mayor parte del CARICOM presentó objeciones jurídicas a la realización de una sesión extraordinaria del consejo permanente para tratar la situación en Cuba”, dijo la hija del líder católico Oswaldo Payá.
Las delegaciones alegaron que desde 1962 Cuba no ha sido miembro de la OEA, pese a que una resolución aprobada el 3 de junio de 2009 dejó sin efecto tal decisión.
Para Payá, ese “argumento jurídico no tiene sentido dado que el pueblo cubano jamás ha dejado de ser parte de la OEA y la Comisión Interamericana mantiene jurisdicción sobre la nación cubana”.
La activista denunció que “en los últimos días” el régimen del presidente cubano Miguel Díaz-Canel “ha golpeado a los manifestantes, ha detenido y desaparecido a cientos de cubanos que permanecen incomunicados”.
“Nada de esto parece importarles a nuestros vecinos que por esta vez decidieron erigirse en el obstáculo para que el Consejo Permanente aborde la situación en la Isla”, criticó.
“El CARICOM tendrá que decidir si va apoyar el derecho a los derechos de sus hermanos cubanos o pasará a la historia como cómplice de los dictadores”, concluyó su comunicado Rosa María Payá.
Desde el 11 de julio Cuba ha vivido una ola de protestas que exigen el fin de la dictadura comunista, iniciada por Fidel Castro hace 62 años. La población también reclama por meses de escasez de alimentos, medicinas y el colapso de los hospitales por la pandemia de coronavirus.
El presidente Díaz-Canel alentó a los simpatizantes del régimen a responder con violencia a los manifestantes.
El 30 de julio, el sacerdote jesuita cubano Eduardo Llorens, de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana, dijo a ACI Prensa que no existen cifras exactas de las detenciones. Dijo que aunque éstas no han sido informadas por el gobierno, organizaciones independientes mencionan unos 700 o incluso 1.000 detenidos.
“Lo cierto es que fueron muchos detenidos. Algunos están en sus casas con prisión domiciliaria a la espera de juicio, otros bajo fianza y una gran mayoría en prisión provisional a la espera de juicios”, comentó el jesuita.
El sacerdote jesuita denunció que el presidente Díaz-Canel “convocó a una guerra o batalla civil” utilizando expresiones ante la prensa oficialista como “la orden de combate está dada” o haciendo un llamado a “enfrentar” las manifestaciones.
“Con esta ‘arenga’ a favor de una guerra civil el presidente ha perdido el poco ‘capital político’ que le quedaba”, acotó.
Según medios internacionales las protestas empezaron en el pueblo de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, en el occidente de Cuba; luego, las marchas se extendieron y llegaron a producirse en 50 localidades de la isla, incluyendo La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba.
El jesuita contó que las protestas “continuaron el 12 de julio, pero luego no hubo más, al menos de la envergadura de las del día 11”. “Es lógico al militarizar las calles y movilizar todo el aparato represivo no queda oportunidad de manifestarse pacíficamente”, dijo.
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