El caso de la niña, cuya identidad –al igual que la de su madre– ha sido mantenida en reserva por seguridad, ha despertado una fuerte polémica en Paraguay. El gobierno del país, manifiestamente pro-vida, ha recibido presiones de la organización promotoras del aborto como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y Amnistía Internacional.
En una carta difundida a través de sus abogadas, la madre de la menor denunció que “diversas personas e instituciones que no están precisamente interesadas en mi suerte, casi diariamente solicitan la firma de escritos panfletarios que sólo benefician a sus intereses sectarios, por más que afirmen que provengan de organismos tan prestigiosos como la ONU o Amnistía Internacional, buscando solamente propaganda para sus respectivas organizaciones, enturbiando cada vez más mi situación procesal”.
Ante esta situación, la mujer ha tomado la decisión de “no dar entrevistas a los efectos de evitar que sigan difundiendo versiones distorsionadas de la situación ya de por sí difícil por la que estoy atravesando”.
Gualberto García Jones, director ejecutivo de International Human Rights Group y experto en derechos humanos, se reunió hace una semana con Elizabeth Torales Escurra, abogada de la madre de la niña. En esa ocasión, la letrada le confirmó que su defendida se sentía manipulada por las ONGs que promueven el aborto.
En declaraciones a ACI Prensa, García Jones señaló que “la abogada me dijo que (la madre) se sentía manipulada, que esta persona quiere que se proteja tanto a su hija como al bebé, que ella la considera su nieta”.
Contrario a lo difundido en la prensa local, en base a la propaganda de los promotores del aborto, la madre de la menor “en ningún momento quiso el aborto”.
García Jones señaló que a la madre de la niña “le forzaron a firmar un documento que las feministas le presentaron. Le dijeron básicamente que si no firmaba ese documento su hija se iba a morir. Se lo plantearon así”.
Cuando la mujer llegó a la cárcel, acusada de faltar al deber del cuidado de su hija y de obstruir a la justicia, “estaba asustada, ella habla principalmente en guaraní, no habla muy bien el español. En ese estado de vulnerabilidad le presentaron este documento diciéndole que si no firmaba su hija se iba a morir, entonces”.
El presidente del International Human Rights Group subrayó que la niña embarazada, que ya lleva más de 28 semanas de gestación, “está protegida por el Estado, que le está dando un seguimiento médico”.
“Nosotros hicimos una visita a Paraguay la semana pasada y pudimos comprobar que efectivamente la niña tiene un cuidado minucioso y tiene varios especialistas que la están viendo y está en un hogar para niñas”, indicó.
El experto en derechos humanos destacó además que “ya se sabe que el bebé que ella lleva dentro es una niña y hasta le ha puesto nombre”.
García Jones destacó que el gobierno de Paraguay, desde el inicio del caso, “no solo ha defendido la niña y su bebé, sino que también su propio ordenamiento jurídico, el cual en su Constitución en el Artículo 4 y también en su Código Penal, en el artículo 109, protege la vida directamente y tutela el derecho a la vida de la persona desde el derecho a la concepción”.
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