España: la crisis económica no puede afectar a ciertos derechos humanos

Cáritas presenta un informe ante la ONU. Denuncia las devoluciones sumarias y la Ley de Seguridad Ciudadana. Reclama la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria

Madrid, 25 de junio de 2015 (ZENIT.org) Staff Reporter | 0 hits

Cáritas Española, representada por Sonia Olea Ferreras, ha intervenido este jueves en Ginebra, por delegación expresa de Cáritas Internationalis, durante la 29ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con motivo del segundo Examen Periódico Universal (EPU) al que se somete España.

La experta del Equipo de Incidencia y Comunicación de Cáritas ha señalado que la crisis económica ha comportado riesgos para el acceso y la protección de los diversos derechos humanos de las personas en situación más vulnerable, especialmente en los ámbitos de la vivienda, las migraciones, la protección de la seguridad ciudadana y la cooperación internacional. Si bien ha expresado  "su reconocimiento a España por el número significativo de recomendaciones formuladas durante este segundo EPU".

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo establecido por el Consejo de Derechos Humanos con la finalidad de mejorar la situación de los derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros de la ONU.

En primer lugar, Olea ha indicado la necesidad de "llevar a cabo el II Plan de Derechos Humanos y de los mecanismos dirigidos a dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales en dicha materia; así como a la firma  de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familiares".

Además la representante de Cáritas ha solicitado la "derogación" de la parte de Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana que permite  devoluciones sumarias de inmigrantes africanos que ingresan desde Ceuta y Melilla, y ha recordado que "toda persona, según la Constitución y la normativa de aplicación española, tiene derecho a un procedimiento administrativo de expulsión o devolución, con todas las garantías en el acceso a la justicia".

Siempre sobre la actual Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, se ha puesto el acento en "la creación de sistemas de seguimiento y observatorio" para auxiliar a personas "en situación de exclusión social y vulnerabilidad severa, lo que supondría una criminalización de la pobreza".

Y se ha pedido seguir profundizando en la creación de herramientas de intervención contra la discriminación racial y étnica.

Cáritas ha valorando muy especialmente "el esfuerzo que el Gobierno ha realizado con diversas medidas de ayuda a los deudores hipotecarios". Si bien pidió una reforma en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria, así como la articulación de medidas estatales como un Pacto de la Vivienda".

Otro de los puntos señalados por Olea ante el Consejo ha sido el de la trata de seres humanos. "Aunque en España, en los últimos años, se han articulado políticas públicas en la lucha contra la trata, orientadas únicamente a combatir la trata con fines de explotación sexual, hace falta todavía una Ley donde se contemplen las actuaciones contra la trata de seres humanos en todas sus formas con objeto de garantizar la protección y asistencia a las víctimas de manera integral", ha subrayado.

El último aspecto abordado por la experta de Cáritas ha sido el de la política de cooperación internacional, "que necesita ser asumida como una política pública, construida y ejecutada por el conjunto de actores de la cooperación española y que cuente con la necesaria disponibilidad presupuestaria". "Es una responsabilidad del Reino de España cumplir tanto con los compromisos establecidos en el Pacto de Estado de 2007 en esta materia como con las obligaciones jurídicamente vinculantes derivadas de los instrumentos de los derechos humanos suscritos por España, o las que emanan del Tratado de Lisboa", ha insistido.

Para Cáritas, "es imprescindible avanzar en los aspectos expuestos ante el Consejo para seguir trabajando por el gran logro que la sociedad española ha tenido en las últimas décadas: el acceso de todas las personas a los derechos humanos. La crisis económica no puede ni debe ser excusa para que esto no sea así, porque una sociedad siempre será medida y examinada por cómo trata los más pequeños --o los que más sufren-- en los momentos de mayor dificultad".

EPU

El Examen Periódico Universal (EPU) es un nuevo y único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 193 Países miembros de la ONU. 

Bajo este mecanismo, la situación de derechos humanos de todos los Países miembros de la ONU es revisada cada 4-5 años. 42 Estados son revisados cada año durante 3 sesiones del Grupo de Trabajo, dedicadas a 14 Estados cada una. Estas 3 sesiones se celebran normalmente en enero/febrero, mayo/junio y octubre/noviembre.

El resultado de cada revisión es reflejado en un "informe final" que lista las recomendaciones que el Estado examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión.

El EPU es un proceso circular que comprende 3 etapas claves: el examen de la situación de derechos humanos del Estado examinado; la implementación entre dos revisiones (4-5 años) por el Estado examinado de las recomendaciones recibidas y las promesas y compromisos voluntarios hechos; e información en la próxima revisión de la implementación de esas recomendaciones y promesas, y de la situación de derechos humanos en el país desde la revisión anterior.