WASHINGTON D.C., 30 Jun. 15 (ACI).- En una votación de 5 contra 4 la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo a favor del uso del fármaco que ha sido censurado por causar un dolor insoportable en las ejecuciones estatales.
“Debido a que siempre hay un riesgo de dolor inherente en cualquier método de ejecución sostenemos que la Constitución no requiere evitar los riesgos de dolor”, señala la decisión.
La corte dictaminó que quienes argumentaron contra del uso de este fármaco “fallaron en establecer que cualquier riesgo de daño era sustancial cuando lo comparaban con cualquier otro método de ejecución conocido”.
Los abogados de los tres condenados a muerte en Oklahoma argumentaron que el uso de la sustancia en las tres ejecuciones había violado las prohibiciones constitucionales sobre los castigos inusuales.
El protocolo de ejecución incluye el sedante Midazolam. Los efectos de esta droga fueron cuestionados cuando se utilizaron en las ejecuciones en Ohio, Arizona y Oklahoma, donde los condenados tuvieron un largo sufrimiento antes de morir.
En el año 2014, se ejecutó en Oklahoma a Clayton Lockett, a quien le inyectaron esta droga y agonizó durante 40 minutos hasta morir por un paro cardiaco.
Los funcionarios de Oklahoma argumentaron que el protocolo de la ejecución estaba de acuerdo con la sentencia de la Suprema Corte sobre la inyección letal.
En el año 2008, la Corte dijo que en cualquier protocolo de ejecución se debe evitar que los condenados sufran dolores intensos al ser inyectados con la droga. Ese fallo aprobó el uso de una droga tiopendal sódica en lugar del Midazolam.
En mayo Elena Kagan, juez de la Corte Suprema presionó a varios funcionarios de Oklahoma para defender la ley sobre cómo una droga con efectos desconocidos podría justificarse para su uso en una ejecución.
El fiscal Samuel Alito señaló que los estados fueron forzados a utilizar la droga porque los opositores a la pena de muerte presionaron a las compañías para que no las vendan ni fabriquen
La controversia sobre el uso del Midazolam llevó a que algunos estados revisaran los métodos de ejecución como la silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento.
En enero, los obispos pro-vida de Estados Unidos, liderados por el Cardenal de Boston, Sean O’Malley, oraron para que la revisión de la Corte Suprema a los protocolos de la pena de muerte “conduzcan al reconocimiento de que la institucionalización de las prácticas de violencia contra cualquier persona erosionan el respeto por la santidad de toda vida humana”.
En Estados Unidos, 32 estados y el gobierno federal permiten la pena de muerte.
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