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El doctor Óscar Elías Biscet, uno de los principales activistas de derechos humanos y provida de Cuba, que sufrió prisión nueve años y fue arrestado 26 veces, explicó cómo funciona el sistema represivo de la dictadura y las razones por las que considera que en los últimos meses es “particularmente brutal”.
“La represión actual es particularmente brutal porque la mayoría de los manifestantes recientes no son activistas, sino cubanos comunes y corrientes que ya han tenido suficiente y han acumulado el coraje para levantarse y resistir”, indicó Biscet en un artículo publicado en el Washington Times, titulado “El gran silenciamiento cubano”.
“El gobierno cree que al silenciar suficientes voces, apagará ese coraje con el miedo y la pasividad que lo han mantenido largo tiempo en el poder”, aseguró el médico que hace más de 30 años fue expulsado del sistema de salud por denunciar el aborto y el infanticidio en Cuba.
El médico cubano se refirió en su artículo a las multitudinarias protestas del 11 de julio (11J) que en distintos lugares de la isla se realizaron por la libertad y el fin de la dictadura, pero que fueron fuertemente reprimidas por el régimen.
“Fue la más grande demostración en la isla en generaciones, involucrando a personas de todos los contextos”, escribió.
Las protestas iban a tener un nuevo capítulo el lunes 15 de noviembre (15N), pero “el gobierno de Cuba oficialmente las prohibió”.
“La policía inundó las calles de las principales ciudades de Cuba a la hora en las que se había programado las protestas y además se arrestó a prominentes disidentes antes de las protestas o fueron confinados en sus casas para que no participen”.
Ante esta situación, continuó el activista, “muchos se preguntaron si los cubanos perdieron el temple para luchar contra el régimen comunista; pero el gobierno cubano ha pasado los últimos cuatro meses reprimiendo sin piedad a los manifestantes e infundiendo miedo en todos los cubanos respecto a las consecuencias de la disidencia”.
Oscar Elías Biscet señaló que el estimado de manifestantes detenidos el 11 de julio es de 500 personas y de esos “más de una decena han sido sentenciados a prisión en juicios sumarios sin el debido proceso. Pero estos son solo estimados, no hay transparencia”.
“El gobierno cubano se mueve en el secreto de forma deliberada. No quiere que el público sepa cuántas personas están detenidas y qué se ha hecho con ellas. Muchos cuyos seres queridos han sido detenidos o han desaparecido temen hablar”, denunció.
“El gobierno de Cuba hace esto para suscitar el miedo en cualquier otra persona que considere protestar en el futuro”, alertó el médico y activista.
Biscet precisó que “así es como funciona el gobierno cubano: una vez que te identifica como una amenaza, te somete a detención arbitraria, te golpea, te acosa la policía, te vigilia y hace redadas sin razón Muchos activistas han sido forzados al exilio”.
“Los que hablan públicamente pueden perder su trabajo o ser vigilados por la policía en sus casas. Los medios que mueve el Estado los muestran como delincuentes y vándalos, como hicieron con manifestantes pacíficos el 11 de julio. Si la familia de un detenido habla, puede suscitar una sentencia aún más dura”.
El médico cubano recordó que la “brutalidad del régimen no es nada nuevo”.
Eso, indicó, viene desde el inicio mismo de la revolución cubana en 1959, cuando miles de jóvenes fueron asesinados por resistir “heroicamente al comunismo. Muchos gritaron ¡Larga vida a Cuba libre! y ¡Viva Cristo Rey! antes de ser fusilados”.
Biscet relató luego el caso de una mujer, con quien se encontró hace poco y cuyo hijo fue detenido por participar en las protestas. Ella fue a pedir que lo dejaran en libertad y fue golpeada y humillada.
“En la estación de policía fue interrogada y cateada mientras le quitaban la ropa. Allí vieron que portaba una camiseta con la frase ‘no más hambre’. La policía se la quitó, le pusieron esposas, la golpearon y la obligaron a caminar casi desnuda frente a otros oficiales”.
El activista explicó también que para empeorar todo y “para generar más miedo, el gobierno recientemente promulgó el decreto 35, que castiga la libertad de expresión en Internet calificándola de ‘difamación contra el prestigio del país’”.
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