La Conferencia Episcopal Española (CEE) hizo una aclaración tras un reportaje del diario El País sobre abusos sexuales en España, que abarca desde la década de 1940, y en el que se contabilizan un total de “251 miembros del clero y algunos seglares de instituciones religiosas acusados”.
“En relación a la noticia publicada ayer por El País, queremos señalar que: Todas las iniciativas de instituciones y medios que ayuden a acabar con la lacra de los abusos sexuales cometidos contra menores o personas vulnerables en la Iglesia o en la sociedad son, en principio, una buena colaboración”, afirma una nota de la oficina de prensa de la CEE enviada a ACI Prensa.
“Sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor, ya que su contenido, de carácter muy dispar hace difícil extraer conclusiones que puedan servir a una posible investigación”, agrega el texto.
“De manera especial cuando faltan nombres de los acusados, años en que ocurrieron los abusos, o se refiere a personas fallecidas”, resalta.
El diario español indicó que el informe, preparado desde 2018, fue entregado al Papa Francisco a través de un periodista que lo acompañó en su reciente viaje a Chipre y Grecia; y que también fue entregado al presidente de la CEE, Cardenal Juan José Omella.
De acuerdo al diario, el informe tiene 385 páginas e involucra a “31 órdenes religiosas y 31 diócesis”.
“El caso más antiguo del informe data de 1943, y el más reciente, de 2018. Todos son inéditos, salvo 13 ya publicados, que se han incluido porque han surgido nuevas denuncias contra esos clérigos”, indica El País.
Los obispos de España indican en su nota que “es necesario que esa misma información se entregue también a las oficinas de protección de menores y prevención de abusos que están en las diócesis y en las congregaciones religiosas para poder realizar la investigación que fuera procedente en función de la información recibida”.
En mayo de 2019 el Papa Francisco publicó el motu proprio Vos estis lux mundi (Ustedes son la luz del mundo) que contiene varios elementos encaminados a mejorar la coordinación entre las diócesis y el Vaticano en relación a las acusaciones de abusos en la Iglesia Católica.
El documento establece que, de conocer de algún posible abuso, los clérigos o religiosas deben informar a las autoridades eclesiásticas competentes.
Se estableció además, por primera vez, que el plazo de las investigaciones es de noventa días y debe estar liderada por el Arzobispo Metropolitano, es decir el principal obispo de una provincia eclesiástica.
El texto también resalta “el cuidado de las personas ofendidas” y la importancia de acogerlas, escucharlas y acompañarlas, ofreciéndoles la asistencia espiritual y terapéutica que necesiten.
En la introducción del documento, el Papa Francisco señala que “nuestro Señor Jesucristo llama a todos los fieles a ser un ejemplo luminoso de virtud, integridad y santidad. De hecho, todos estamos llamados a dar testimonio concreto de la fe en Cristo en nuestra vida y, en particular, en nuestra relación con el prójimo”.
“Los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles”, subraya el Santo Padre en el texto.
El País indicó en su informe que será el Vaticano, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio que investiga las acusaciones de abusos, quien supervise el proceso de investigación de la CEE.
Asimismo, el diario español refiere que las principales congregaciones involucradas ya han abierto una investigación sobre las acusaciones que las involucran.
“Condenamos estos terribles hechos y pedimos perdón a las víctimas por no haber sido capaces de protegerlas, de cuidarlas y por no haber gestionado de manera adecuada esas situaciones. Hemos abierto una investigación para esclarecer los hechos ocurridos. Las víctimas son nuestra prioridad, creemos en su palabra y nos ponemos a su disposición para todo lo que necesiten”, señalan los maristas de la provincia ibérica en un comunicado.
Según El País, “un responsable que no se quiso identificar de los paúles de Zaragoza, al exponerle un caso de su orden, contestó: ‘No lo investigaremos. Nunca he oído a nadie hablar mal de esta persona. No me interesa el tema. Esto es sucio’”.
Por su parte, indica el diario español, “La Salle también se niega a abrir una investigación canónica, como es su obligación, y solo ha precisado que ya ha trasladado sus casos a la Fiscalía”.
Otras órdenes y congregaciones incluidas en el informe de El País son los salesianos, los escolapios, los claretianos, los Legionarios de Cristo, los agustinos, los marianistas y los terciarios capuchinos o amigonianos.
Consultado por ACI Prensa este 20 de diciembre, Pablo Pérez de la Vega de los Legionarios de Cristo explicó que “en la Legión de Cristo ya hemos publicado dos informes de casos. En 2020 y 2021. La información ha sido ampliamente difundida por los medios hace meses” y se puede encontrar en https://www.0abusos.org/accountability/.
En el sitio web se muestra un estudio realizado sobre casos ocurridos entre 1941 y 2020, no solo en España sino en todo el mundo, con un total de 170 víctimas de 27 sacerdotes. “Respecto a los sacerdotes legionarios de Cristo que abusaron sexualmente contra menor cuyos casos ya quedaron recogidos estadísticamente en el Informe 1941-2019 sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en la Congregación de los Legionarios de Cristo, seis de ellos cometieron abusos en España, entre ellos el fundador de la Congregación”, indica el sitio web https://regnumchristi.es/publicacion-casos-abuso-legionarios-espana.
“Dos de los seis han fallecido ya, y sobre tres están aún activos procesos canónicos. Ninguno de ellos está en España. No tienen ministerio público y siguen sus respectivos planes de seguridad en los lugares donde residen”, precisa el sitio web.
En una nota publicada el 19 de diciembre, los Misioneros Claretianos de la Provincia de Santiago expresan “una vez más, nuestro absoluto rechazo a toda conducta que atente contra la dignidad de las personas y el compromiso y empeño activo de nuestra Institución para que nuestra sociedad y, en particular, nuestras obras apostólicas y centros educativos sean entornos seguros en los que se protege y cuida especialmente a los menores y a los adultos en situación de vulnerabilidad”.
“En consonancia con nuestro Protocolo provincial de prevención y actuación en casos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables nuestra Provincia se compromete a investigar cualquier comportamiento inadecuado de sus miembros y/o del personal contratado o voluntario de sus posiciones apostólicas con independencia de la fecha en la que los hechos denunciados hayan podido ocurrir”, agrega el comunicado.
Los claretianos precisan que un periodista de El País se puso en contacto con su oficina de comunicación el 15 de diciembre “para recabar información facilitando datos muy básicos y en algunos casos inespecíficos” y que “nuestra Institución pidió al mencionado periódico, como ya hizo en anteriores ocasiones, que hiciera llegar a los denunciantes y posibles víctimas nuestros canales de escucha y denuncia para poder ampliar la escasa información facilitada por el diario”.
El comunicado indica que “la Provincia Claretiana de Santiago lamenta profundamente todo comportamiento inapropiado que haya podido darse, pide sinceramente perdón por ellos, se reafirma en su más rotundo rechazo a toda conducta (presente, pasada o futura) que atente contra la dignidad de las personas y renueva su compromiso de seguir tomando todas las medidas que procedan para proteger a los menores y adultos en situación de vulnerabilidad alentando una cultura del respeto, del cuidado y del buen trato”.
Asimismo recuerdan que cualquier denuncia sobre abusos se puede hacer a los correos
[email protected] y [email protected], o al teléfono, WhatsApp o Telegram +34 615 263 699 o en el formulario web https://eshma.eus/contacto/.
En marzo de 2019, la Compañía de María, también conocida como los marianistas, emitió un comunicado tras las acusaciones contra el religioso Manuel Briñas, conocido colaborador de la cantera del Atlético de Madrid.
Manuel Briñas fue acusado de abusos a menores ocurridos entre 1973 y 1975 cuando era responsable deportivo y de scouts del colegio marianista Hermanos Amorós, del barrio de Carabanchel, en Madrid (España).
El religioso, que tenía entonces 88 años, reconoció los hechos, por lo que la congregación inició el proceso para su expulsión.
Los marianistas hicieron entonces un llamamiento a “todas aquellas personas que deseen comunicarnos cualquier asunto relacionado con abusos a menores en nuestros ámbitos educativos” y les piden que “se pongan directamente en contacto” a través del correo electrónico [email protected].
En el informe entregado a las autoridades eclesiásticas por el diario español “no aparecen los datos personales de las víctimas ni referencias que las puedan identificar, para garantizar su anonimato. En todo caso, El País se ha puesto a disposición del Vaticano para facilitar el contacto con las víctimas y que puedan prestar declaración, si así lo desean”.
Uno de los casos presentados por El País se remonta a la década de 1950 y fue denunciado por Antonio Carpallo, de 81 años. Carpallo acusa a un salesiano fallecido en 1976 llamado Rafael Conde.
El diario español indica que “los salesianos han comunicado que ya han iniciado una investigación de este y el resto de casos, ‘independientemente de que sean de hace años’”.
Sobre el religioso al que acusa Carpallo, la congregación afirma que Conde murió en 1976 y que está recabando más información. “En algunos de los casos que aparecen hay datos de referencias muy vagos, pero se estudiarán igualmente”, dijo un vocero de los salesianos.
El País indica que su informe contiene un anexo con una relación “de sospechosos de haber ocultado o silenciado casos que ya han sido publicados en los últimos años. Entre ellos se encuentran más de una veintena de cardenales y obispos”.
Otro caso presentado es el de Jesús Gutiérrez, ahora de 77 años, que acusa al agustino Eliseo Bardón de haber abusado de él durante dos años desde 1959.
El tercer caso en el que se presenta el nombre del acusador y el acusado es de la década de 1970. “Emilio Boyer, de 55 años, también denuncia abusos en aquella década en los agustinos de Valencia, tanto físicos como sexuales. Acusa a fray Balbino, religioso del colegio de la orden, ya fallecido”, señala el diario español.
El País señala que los agustinos, “consultados sobre estos dos casos en Santander y Valencia, condenan los abusos y responden que no les constaba ninguno de ellos. Van a investigarlo y a revisar sus archivos. ‘Finalizado el proceso judicial siempre hay una petición de perdón a las víctimas, un alejamiento del religioso de toda actividad pastoral y el ofrecimiento de ayuda a las víctimas en aquello que puedan necesitar’, explican”.
La nota de prensa de los obispos de España concluye asegurando que “la Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales que mejor se adecúen a su voluntad”.
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