La Iglesia en Chile rechazó los actos de violencia y discriminación cometidos contra los inmigrantes en la ciudad de Iquique, en el norte del país.
El 25 de septiembre se realizó una marcha contra los 3.000 inmigrantes que se encuentran varados en la comuna de Colchane, en la frontera con Bolivia.
Personas que participaban en las marchas se acercaron hasta el campamento de inmigrantes y prendieron fuego a algunas de las carpas, ropa y enseres personales. Además hubo agresiones físicas en otros sectores.
Este hecho sucedió luego que familias de inmigrantes que llevan meses intentando regularizar su situación migratoria, fueran desalojados de la Plaza Brasil donde pernoctaban en carpas.
Al respecto, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) expresó su “dolor y rechazo” por esta situación “Observar la agresión a personas en situación de vulnerabilidad, incluidos niños y adolescentes, junto a la destrucción de sus pocas pertenencias, mientras se gritaba ‘vivas’ a Chile, nos llena de vergüenza y de estupor. No es ese el Chile al que todos aspiramos”.
“No puede haber indolencia o negligencia de parte del Estado, pues ello solo agrava el problema” y genera actitudes xenófobas y violentas que dañan la dignidad humana.
“No podemos olvidar que detrás de la migración hay situaciones de pobreza, de violencia y de crisis de las que se huye. Por eso la migración, junto con ser un hecho doloroso, es también un derecho humano, porque las personas tienen derecho a buscar una vida mejor y a huir de la desesperación”, recordaron los obispos.
Indicaron que “si la dignidad de la persona humana no queda a salvo y, por el contrario, consideramos a algunos menos valiosos o descartables, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad”.
Asimismo, el Comité de la CECh precisó que las autoridades locales y nacionales deben generar una “acción coordinada” y “asumir la problemática migratoria, ofreciendo espacios de acogida en condiciones dignas, que permitan no cargar a las comunidades locales con situaciones urbanas indeseadas”.
También pidieron “facilitar los procesos de regularización de acuerdo con la ley y coordinar acciones internacionales a nivel regional que permitan enfrentar el problema en común”.
“Todos estamos de acuerdo en que la migración debe ser regulada, pero regular no es lo mismo que prohibir o hacerla imposible inflexiblemente”.
“La migración no debe ser vista solo como una amenaza, sino como una oportunidad para construir un futuro de paz”, es la solicitud de los representantes del Episcopado.
A su turno, la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Chile (Conferre) dijo que la crisis humanitaria debido a la migración forzada se agrava por la pandemia de COVID-19 y piden a las autoridades “buscar una solución integral, respetando de manera irrestricta los derechos humanos de estos hermanos y hermanas migrantes”.
“Nos duele contemplar la violencia de estos hechos. Queremos pedir perdón por este trato inhumano e indigno que han recibido por parte de algunos compatriotas”.
“Como Vida Religiosa Chilena, en primer lugar, los ponemos en el centro de nuestra oración personal y comunitaria. En segundo lugar, nos ponemos a disposición de lo que sea necesario para buscar una solución ante estos hechos”, expresó Conferre.
A su turno, la Red Clamor compuesta por instituciones y fundaciones dedicadas a la acogida e integración de personas migrantes en Chile, expresaron su rechazo a las expulsiones de migrantes ya “que han contribuido a generar un clima de odio, de criminalización y estigmatización que exacerba la crisis de gobernabilidad migratoria que hoy enfrentamos”.
Según la Red Clamor, “una solución real y seria para la situación que se vive en el norte de Chile debe incluir desde el gobierno nacional, al menos, el acceso a albergues con condiciones sanitarias adecuadas, salud, alimentos y el inicio de procesos de regularización”.
También exhortó al Poder Ejecutivo a escuchar a las autoridades locales y “convocar a mesas de trabajo para abordar multidimensionalmente la crisis”, junto con la urgencia de “cambiar la actual política migratoria y ocupar los actuales instrumentos (refugio y visas) para una migración lo más ordenada y regular posible”.
Y por último, “coordinar acciones internacionales y de diálogo diplomático con otros países para abordar el fenómeno migratorio a nivel regional”, agregó.
“De continuar con las actuales políticas migratorias se seguirá complejizando la convivencia entre las comunidades locales y migrantes” y se perpetuará el “círculo de irregularidad, exclusión e incluso violencia frente a las personas migrantes”.
“Es urgente un cambio de timón en las políticas del gobierno que sea inclusivo, participativo, humanitario e internacional”, aseguro la Red Clamor.
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