El Valle de los Caídos vuelve a estar amenazado por los poderes del Estado español; esta vez se trata de la Fiscalía General que ha respaldado una denuncia de la izquierdista Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para expulsar a los monjes benedictinos que residen en este conjunto de basílica, abadía y hospedería desde el año 1958.
La Fiscalía General del Estado remitió al gobierno, controlado por una coalición de partidos de izquierda, la denuncia que afirma que los monjes se encuentran de forma ilegal en la abadía, ya que el acuerdo entre el Estado y la comunidad benedictina está pendiente de renovación desde el 2 de octubre de 2020.
La denuncia fue presentada hace unos días ante Patrimonio Nacional, entidad del Estado que se orienta por políticas que marca el gobierno de turno.
El gobierno, liderado por el PSOE en alianza con Podemos, anunció el 16 de septiembre su intención de desalojar a los benedictinos. Ahora, con esta negativa de renovar el acuerdo pretendería presionar a los religiosos para lograr un traslado pacífico y consensuado.
Aunque la Fiscalía General del Estado debería ser una entidad independiente, está presidida por Dolores Delgado, antigua ministra socialista de Justicia y propuesta como fiscal general del Estado directamente por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
El nombramiento de Dolores Delgado por parte del presidente Sánchez, y el hecho de que haya sido ministra en el anterior gobierno socialista de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020, ha puesto en duda su imparcialidad e independencia. De hecho, los partidos de la oposición han acusado a la fiscal general de actuar al dictado de la presidencia del gobierno.
La presidente de la Asociación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, afirmó en declaraciones a ACI Prensa que el gobierno no puede desalojar a los benedictinos porque “la estancia de los benedictinos no depende en exclusiva del gobierno” y de hacerlo sería algo “ilegal”.
En opinión de Polonia Castellanos, estos anuncios son “cortinas de humo” para que la sociedad no hable de otras cosas, como la mala gestión de la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de coronavirus, que ha dejado en España decenas de miles de fallecidos y más de cuatro millones de desempleados.
En caso de que el gobierno siga adelante y pretenda desalojar a los benedictinos, o destruir la Cruz de 150 metros que preside la abadía, por medio de un decreto o de otra medida, Polonia Castellanos dijo que con la Asociación Española de Abogados Cristianos “interpondríamos medidas cautelarísimas”.
Además, consideró que esta ofensiva del gobierno contra el Valle de los Caídos responde a “su odio encarnizado a la cruz, que se manifiesta sobre todo en la Cruz del Valle de los Caídos, que es la cruz más grande de la cristiandad”.
Se trata de “un odio patológico por parte de este gobierno que se ha demostrado” con “especial inquina durante la pandemia”. “Con la excusa de la pandemia han arremetido contra los cristianos de forma reiterada y de forma sistemática, despreciando otras labores como cuidar de los ciudadanos ante semejante crisis”, denunció.
“Entendemos que el gobierno no está legitimado ni para desalojar a los benedictinos, ni para llevar a cabo ningún tipo de obra en el momento en que hay familiares que podrían oponerse, familiares que tienen a su familia allí enterrada, y que podrían oponerse a que el gobierno de forma unilateral, de forma ilegal pretendiese remover la Cruz”, hizo hincapié.
Por otro lado, señaló que “entendemos que el gobierno se está inmiscuyendo en la vida privada de los cristianos, lo cual es algo que sanciona de forma especial el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
Para Polonia Castellanos “hay que actuar desde un punto de vista legal”, pero no sólo. Habría que actuar también “desde el punto de vista civil. Es ya la gota que colma el vaso, y creo que los ciudadanos deberíamos empezar a movilizarnos, siempre de forma pacífica, pero tendríamos que empezar a organizar manifestaciones, concentraciones y a movilizarnos porque es ya la gota que colma el vaso”.
El Valle de los Caídos
El conjunto del Valle de los Caídos está compuesto por la basílica, excavada en la montaña, una abadía donde residen los monjes benedictinos, una hospedería para retiros espirituales y la gran cruz monumental de 150 metros de altura desde la base, o 300 metros si se cuenta desde el risco de la Nava, donde está enclavada. Por lo tanto, la cruz del Valle de los Caídos es la más grande de la cristiandad.
El monumento se construyó entre los años 1940 y 1958. La basílica se erigió como basílica pontificia menor en 1960, durante el pontificado de San Juan XXIII. En la abadía residen los religiosos benedictinos desde 1958 y cuenta también con una escolanía en la que estudian niños menores de 14 que reciben una amplia formación musical.
El monumento, aunque está dedicado al culto católico, pertenece al Estado, en concreto a Patrimonio Nacional, y está administrado directamente por los benedictinos por medio de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, a la que el gobierno socialista dejó sin subvención anual a partir del año 2019.
Cualquier medida de rehabilitación del monumento exige una partida de los Presupuestos Generales del Estado, pero los diferentes gobiernos españoles, con independencia de su signo político, han sometido al monumento a un recorte de fondos y a un abandono sistemático, lo que ha favorecido su deterioro.
Según explicó a ACI Prensa Alberto Bárcena, historiador y profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, se trata de “un monumento a todos los caídos durante la Guerra Civil (1936-1939) bajo los brazos pacificadores de la cruz”.
De hecho, en sus criptas están enterrados 34 mil víctimas de la Guerra Civil Española perteneciente a ambos bandos. Entre los fallecidos, están sepultados 57 beatos y 15 siervos de Dios, mártires por odio a la fe asesinados por el bando republicano.
Hasta el 24 de octubre de 2019, junto al altar estaba enterrado también el general Francisco Franco, cuyo régimen político estuvo en vigor desde 1939, año en que finaliza la Guerra Civil Española, hasta su fallecimiento en 1975.
Ese día, el 24 de octubre de 2019, el gobierno del Partido Socialista (PSOE) procedió a la exhumación de los restos de Franco. Ahora se encuentran en el cercano cementerio de Mingorrubio.
Ley de Memoria Histórica
El traslado se realizó en virtud de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en el año 2007 durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha Ley establece una serie de medidas que pretenden resarcir a los represaliados durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Franco.
Con esta Ley se han retirado monumentos, símbolos y nombres de calles relacionados con el franquismo y la dictadura; pero también fue usada para justificar la destrucción de símbolos religiosos, como cruces o placas en memoria de mártires de la Guerra Civil, consideradas franquistas, muchas veces de forma arbitraria y poco transparente.
Sin embargo, desde la toma de posesión del actual gobierno socialista de Pedro Sánchez, en coalición con Podemos -pero que también incluye al Partido Comunista-, se pretende superar la Ley de Memoria Histórica y sustituirla por otra más radical.
El 16 de septiembre de 2020 el gobierno anunció una nueva Ley de Memoria Democrática que sustituiría a la Ley de Memoria Histórica. La nueva Ley prevé una “resignificación” del Valle de los Caídos. En una conferencia de prensa, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, confirmó las intenciones del gobierno de expulsar a los benedictinos e, incluso, no descartó el desmontaje de la gran cruz.
Esa “resignificación” supondría la conversión del lugar en un cementerio civil y la exhumación de las víctimas de la Guerra Civil del bando republicano cuyas familias no quieran que estén enterradas en el monumento.
El gobierno ya comenzó a dar pasos en ese sentido, además de la maniobra realizada por la Fiscalía.
Iniciativas en defensa del Valle
Desde el anuncio gubernamental han surgido numerosas iniciativas ciudadanas destinadas a defender el conjunto monumental del Valle de los Caídos.
El 23 de septiembre de 2020, CitizenGo presentó casi 56 mil firmas de ciudadanos para reclamar que “el Gobierno de España no puede ni debe decidir el destino de un lugar sagrado, sin sentar un peligrosísimo precedente que afecta a la libertad religiosa y a los derechos de los creyentes españoles”.
Ese mismo mes de septiembre más de 27 mil personas firmaron una declaración de apoyo a la comunidad de benedictinos de la abadía del Valle de los Caídos ante la amenaza de su expulsión.
Asimismo, en octubre de 2020 la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (APDVC) realizó un llamado y petición de apoyo a “todos los cristianos del mundo y a todas las personas de buena voluntad” para evitar la demolición de la cruz que preside el conjunto.
También la Asociación Española de Abogados Cristianos puso en marcha una campaña de recogida de firmas para impedir que el gobierno expulse a los benedictinos del Valle de los Caídos y destruya la cruz. Por el momento, han recopilado más de 93 mil firmas.
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