La Pastoral Nacional de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal de Argentina manifestó su preocupación por la reciente reglamentación del autocultivo de cannabis para uso medicinal, lo que podría significar una “legitimación encubierta de otro tipo de consumos”.
El pasado 11 de noviembre el gobierno de Alberto Fernández reglamentó la ley Nº 27.350 sobre “investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo de la planta de cannabis y sus derivados”.
La normativa se sustenta en que solo pueden acceder al aceite de cannabis aquellos pacientes que padecen de epilepsia refractaria y con un alto costo.
Además, debido a las restricciones de acceso algunas personas decidieron “satisfacer su propia demanda de aceite de cannabis a través de las prácticas de autocultivo, y con el tiempo se fueron organizando redes y crearon organizaciones civiles que actualmente gozan no solo de reconocimiento jurídico sino también de legitimación social”.
Entre otros argumentos, el documento indicó que “resulta impostergable crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica”.
Al respecto, la pastoral de adicciones sostuvo que “la investigación científica y la aplicación paliativa con fines medicinales del canabidiol, reclamadas por pacientes y familiares de pacientes, debe ser apoyada y acompañada por el conjunto de la sociedad, advirtiendo que la gran mayoría de la comunidad científica y las agencias encargadas del control de medicamentos de todo el mundo han aconsejado responsabilidad y prudencia”.
Sin embargo, alertó que “la norma puede convertirse en una legitimación encubierta de otros tipos de consumos”, ya que “dejando de lado el agravamiento de la situación generado por la pandemia en las villas y barrios populares, no es fácil sostener el colegio-la escuela, ni conseguir un trabajo. La educación y el trabajo son poco accesibles, mientras que las sustancias adictivas ahora son más accesibles”.
En ese sentido y “para hacer justicia con los enfermos que lo necesitan, una medida responsable y prudente -sin exponer a los más frágiles-, sería que el Estado provea gratuitamente de canabidiol, para lo cual es necesario especificar qué enfermedades ameritan su aplicación”.
“Para hacer justicia a quienes padecen una enfermedad no hay que exponer a los más frágiles”, agregó.
Este llamado de alerta, se basa en la tarea preventiva que ha realizado la pastoral en los barrios populares “a través de las ‘3 C: Capilla, Colegio y Club’”, la misma que por “la reglamentación del autocultivo de cannabis para uso medicinal pone en riesgo el delicado entramado de prevención y recuperación edificado durante años en las villas, ya en estado de alerta por las consecuencias de la cuarentena y la pandemia”.
Ya en el 2009 los sacerdotes de villas y barrios vulnerables denunciaron “la problemática de las adicciones de los niños y jóvenes de las zonas más vulnerables” desde donde se cimentó el proyecto del Hogar de Cristo.
También el pasado 2 de noviembre, el equipo de curas villeros rechazó la reciente aprobación del “cultivo solidario de la planta de marihuana” en la provincia de Rosario a través del Foro de Adicciones de Rosario.
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