La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá responder en los próximos días si llama a Chile a aclarar su posición respecto a la celebración de los cultos religiosos en el contexto de la pandemia.
La solicitud, presentada a principios de junio por ADF Internacional, implicaría que Chile debe precisar su postura respecto a la realización de reuniones y celebraciones religiosas y poner fin a las detenciones presumiblemente ilegales hacia representantes religiosos.
A mediados de marzo, Chile decretó alerta sanitaria por el COVID-19; luego, el estado de catástrofe que otorga facultades extraordinarias a algunos estamentos para disponer de recursos e intentar controlar la situación que motivó el decreto.
De acuerdo a la Constitución, en este periodo se restringe la libertad de reunión, de desplazamiento y el derecho a la propiedad.
Estando en alerta sanitaria, y algunas regiones en cuarentena ante el progresivo aumento de los contagios, las secretarías regionales ministeriales de salud (Seremi) del Biobío, del Maule, del Ñuble y de Magallanes emitieron una resolución que prohibía las actividades religiosas, deportivas y culturales con el objetivo de evitar aglomeraciones.
Un caso que motivó la medida ocurrió en la localidad de San Pedro de la Paz, región del Biobío, donde hubo un importante brote de coronavirus desde una iglesia evangélica.
En tanto, el 24 y 25 de mayo en la localidad de Hualpén se detuvo a dos pastores evangélicos, por presunta violación a las medidas sanitarias por el COVID-19 y la presunta existencia de una prohibición total de realizar servicios religiosos.
La Unidad Evangélica de Chile interpuso una serie de recursos legales ante la prohibición de reuniones masivas, pero el intendente del Biobío, Sergio Giacaman, manifestó el 5 de junio que no se está coartando la libertad de culto ya que la medida apunta a resguardar la salud de las personas.
En en la ciudad de Los Ángeles, también del Biobío, se clausuraron las iglesias católicas el 29 de marzo a pesar de que el Obispo local, Mons. Felipe Bacarreza, aumentó el número de Misas diarias bajo medidas sanitarias de distanciamiento y cantidad de personas para evitar contagios.
Si bien un grupo de laicos compartió la medida de la Seremi del Biobío; otro grupo de fieles guiados por Comunidad y Justicia presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones que fue declarado inadmisible. Finalmente, la misma Seremi regional revirtió la orden de prohibición contra los cultos.
De esta forma, el 2 de mayo se abrieron nuevamente las puertas de los templos bajo nuevas restricciones sanitarias como la utilización de implementos de limpieza, la distancia entre participantes, un número máximo de 50 personas, entre otros parámetros.
La edición de mayo de la revista “Surcos”, de la Diócesis de Santa María de Los Ángeles, precisó que la Seremi del Biobío emitió la resolución donde procede el “alzamiento de la medida sanitaria de prohibición” de celebraciones religiosas en recintos abiertos y cerrados, reconociendo así “el derecho constitucional de libertad de culto”.
En esa misma línea, la abogada del Área de Judicial de Comunidad y Justicia, Macarena Bustamante, manifestó que la resolución emanada por las Seremis “no puede afectar la libertad de culto”.
Aún en estado de catástrofe “hay derechos que nunca se pueden suspender” como la libertad de conciencia y de religión amparadas en la Constitución y otros tratados internacionales vigentes”, explicó Bustamante a ACI Prensa.
Sin embargo, según el abogado canonista Alejandro Álvarez “hoy no está impedida la libertad religiosa” porque puede ser ejercida por cualquier persona que acceda vía online a su culto. Además dijo que “no hay prohibición de confesión con un sacerdote, resguardando las medidas de seguridad y sanidad necesarias, o que un sacerdote de la unción de los enfermos en hospitales”.
El abogado dijo a ACI Prensa que “antes de que la autoridad sanitaria dijera nada, la propia Iglesia se puso a disposición y pidió obedecer a las autoridades sanitarias”; también dispensó “la obligación de asistir a Misa” mientras dure la pandemia.
“En la medida que pase la pandemia, como ya sucede en otros países se irán retomando las celebraciones”, pero ahora se requieren “medidas de seguridad que permitan recuperar y asegurar la vida de las personas”, insistió.
En tanto, el director de la Revista Chilena de Derecho, Álvaro Paúl, expresó que “en momentos en que gran parte de los católicos desconocen el valor de sus sacramentos, no se le puede pedir a la autoridad civil que los entienda, pero sí podemos pedir y exigir que respete la normativa nacional e internacional que resguarda la expresión de las creencias religiosas”.
“Se debe reconocer la dimensión religiosa del ser humano, esa que hace que éste esté dispuesto a la muerte por preservar su relación con lo divino”, aseguró Paúl.
Al cierre de esta nota, solo la región del Ñuble mantiene la prohibición de actividades religiosas.
Además, en el país se mantienen las Misas sin participación de fieles, las que han sido transmitidas por medios digitales. También se han desarrollado ordenaciones diaconales y sacerdotales manteniendo las medidas sanitarias vigentes.
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