La Conferencia Episcopal de Chile a través de Instituto Católico Chileno de Migración (Incami) y la Pastoral Social Caritas Chile, llamó a tener misericordia y manifestó su profunda preocupación por la vulneración de los derechos humanos de decenas de personas que se encuentran en la frontera chileno-peruana.
Hace varios meses los venezolanos llegan a Chile en busca de oportunidades, mientras se resuelve la crisis de su país. Muchos de ellos transitan un largo y dificultoso viaje para llegar a su destino.
Es así que un gran número de extranjeros que se encontraba camino al país sureño fueron sorprendidos con la modificación al reglamento de ingreso que entró en vigencia el sábado 22 de junio.
En adelante, Chile exige a algunos extranjeros, como los venezolanos, ingresar con una visa consular de turismo, más la acreditación de solvencia económica que financie la estadía, una carta de invitación o la reserva de un hotel.
En tanto, para solicitar la residencia el país sureño exige una visa de responsabilidad democrática, válida por un año y renovable por el mismo periodo, junto al certificado de antecedentes penales, entre otros documentos.
Al no poder cumplir con los requisitos, cientos de personas y familias quedaron varadas en el paso fronterizo de Chile y Perú, llamado Chacalluta, y debieron regresar a Tacna (Perú) donde se ubica el consulado chileno más cercano para regularizar su situación.
Por ese motivo, Mons. Galo Fernández, presidente de Incami: y Mons. Pedro Ossandón, presidente de Cáritas Chile, difundieron el 30 de julio la declaración titulada “Hoy nos necesitan los migrantes, símbolo de todos los descartados de la sociedad”.
“Manifestamos la profunda preocupación ante una decisión que ha vulnerado los derechos humanos de decenas de personas. Esta medida imprevista ha saturado los puestos fronterizos y consulados debido a que quienes llevaban semanas de desplazamiento, no tenían conocimiento de los nuevos requisitos de ingreso", expresaron Incami y Cáritas Chile.
En su declaración ambos organismos indicaron que “desde hace mucho tiempo” Chile “requiere repensar el tema migratorio” para reajustarlo al “nuevo contexto latinoamericano” en el que hay un creciente flujo de personas.
“Comprendemos la necesidad de regular la movilidad humana ante la capacidad limitada que tiene el país, pero hacemos un fuerte llamado a la ‘misericordia’ y a no restringir las posibilidades de ingreso de una comunidad en problemas”, señalaron.
“Pedimos trabajar en conjunto para establecer una política integral que regule la migración y permita abordar de mejor manera los desafíos del tránsito de personas, especialmente de aquellas desplazadas por graves situaciones políticas y económicas”, sostuvieron Incami y Cáritas Chile.
Asimismo, llamaron a buscar soluciones con todos los gobiernos de la región, en especial con los “responsables de la conducción política de Venezuela, para generar las vías de salida de esta crisis que desangra a su pueblo”.
“Mientras eso no suceda, todos quienes formamos parte de Latinoamérica estamos moralmente involucrados y nuestro país debe aportar con medidas razonables de solicitud de documentación”, indicaron.
Asimismo, los organismos solicitaron “no incurrir en acusaciones infundadas a instituciones de Iglesia, respecto de una supuesta promoción de ingresos irregulares de personas al país”.
“Somos los primeros comprometidos por la vigencia del estado de derecho y el cumplimiento de la ley. En años de trabajo conjunto, entidades públicas y civiles saben del servicio por la dignidad y derechos de los migrantes, de la red católica que los acompaña”.
Las instituciones católicas de la zona, parroquias y comunidades han “actuado conforme a la normativa migratoria y de refugio vigente en Chile”, generando estrategias que faciliten el proceso de integración de los migrantes que han llegado al país “en busca de una mejor calidad de vida", aseguraron.
Raúl Sanhueza, director general de Asuntos Consulares de Cancillería, explicó al diario el Mercurio, que en mayo ingresaron más de 90 mil venezolanos con visa turística y salieron 60 mil, dejando un saldo de 31.540 personas que estarían en situación irregular, pues no habrían tramitado aún su visa de residencia definitiva, requisito indispensable para permanecer en el país.
Hasta el lunes 8 de julio, el consulado de Chile en Tacna otorgó 512 visas de turista, 89 temporarias y 361 de responsabilidad democrática.
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