La Arquidiócesis de Xalapa, en el estado mexicano de Veracruz, criticó el uso de 528 millones de pesos (más de 26 millones de dólares) en la consulta popular que se realiza este 1 de agosto, tras ser impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En el comunicado dominical de la arquidiócesis mexicana, el P. José Manuel Suazo Reyes, director de Comunicación Social, dijo que “es una irresponsabilidad tirar tantos millones de pesos, engañando a la gente y explotando el rencor social”.
El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa señaló que “la consulta que se hará este domingo, promovida por el Presidente de México y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y costará a la población 528 millones de pesos”.
“Para que esta consulta sea vinculante se requerirá de una participación del 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, equivalente a 37 millones, 500 mil participantes”, indicó.
Tras destacar la importancia de las consultas populares como instrumento democrático, el P. Suazo advirtió que ahora mismo en México “existen asuntos verdaderamente importantes donde la gente sí le interesaría opinar”.
“Pero ahí no vale lo que desearía la gente, porque simplemente se impone una posición ‘llueva, truene o relampaguee’. Pareciera que nos encontramos ante una postura caprichosa y obsesiva”, indicó.
Este 1 de agosto, más de 93.5 millones de mexicanos podrán participar en la primera “consulta popular” organizada por el Instituto Nacional Electoral e impulsada por López Obrador, para definir si la población está de acuerdo con “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
López Obrador propuso la consulta ciudadana al Senado el 15 de septiembre de 2020, con un texto diferente: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
El Senado remitió el texto propuesto por López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que lo reformuló a su versión actual.
Mientras que algunos promueven la consulta ciudadana como un camino para “enjuiciar” por corrupción a los predecesores de López Obrador, la propia SCJN descartó esto.
En un artículo publicado en el diario mexicano Milenio en octubre de 2020, Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN aseguró que “la justicia no se consulta”.
El P. Suazo subrayó en el comunicado de este 1 de agosto que “si alguien cometió un ilícito y se le comprueba, debe enfrentar la ley. La justicia no se consulta, se aplica”.
Para el Director de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa, la pregunta de la consulta popular “no es de fácil comprensión pues es tan amplia y tan abierta que da lugar a muchas interpretaciones subjetivas, y por lo tanto a manipulaciones en lo que pudiera ser su aplicación”.
“La consulta por otra parte pregunta una cosa muy obvia: ¿Debe o no aplicarse la ley si un actor político cometió un ilícito? La respuesta es obvia, por lo tanto ¿qué sentido tiene hacer este despilfarro?”, cuestionó.
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