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El Valle de los Caídos pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros y los religiosos benedictinos que viven en la abadía deberán abandonarla después de que se apruebe la Ley de Memoria Democrática en el Consejo de Ministros
Estaba previsto que el martes 13 de julio se aprobara la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, pocos días antes el Gobierno de Pedro Sánchez sufrió una profunda remodelación que cambió a 7 ministros. Uno de los ministros afectados por los cambios fue Carmen Calvo, hasta entonces vicepresidenta primera, y principal promotora de la Ley de Memoria Democrática. Calvo fue sustituida por Félix Bolaños, ministro de la presidencia.
Después de este breve retraso, la Ley de Memoria Democrática será previsiblemente aprobada este martes 20 de julio en el Consejo de Ministros para que comience su tramitación parlamentaria.
Se prevé que mantenga los mismos puntos que con Carmen Calvo, aunque contiene también las sugerencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que emitió un informe no vinculante el pasado 7 de julio y cuyas recomendaciones se centraban en que perseguir la apología del franquismo “sin requisito adicional de la humillación a las víctimas” podría entrar en contradicción con la libertad de expresión que se ampara en la Constitución española.
Principales puntos
Las claves de este texto se centran en el “repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura” y establece el “derecho de las víctimas a la verdad”.
También se centra en terminar con las expresiones públicas de exaltación del franquismo y disolver entidades que enaltezcan al dictador.
Entre los numerosos puntos que incluye esta reforma se encuentra la realización de algunos cambios en el Valle de los Caídos, que es considerado “un lugar de memoria democrática” cuya “resignificación” irá destinada a dar a conocer “las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado”.
En una entrevista concedida al diario El País el domingo 18 de julio, Bolaños aseguró que el Valle de los Caídos “se va a resignificar. No puede ser un monumento que haga apología de una dictadura. La dignidad de la democracia pide que se resignifique”.
Pero también se establece el marco legal para transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil, donde se rinda homenaje a las 30 mil víctimas de los dos bandos y se eliminará el lugar “preeminente” que ocupe cualquier resto mortal.
De esta manera, en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer, según la norma, los restos de fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil. Por lo que la ley prevé “la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto”, algo que podría afectar a la tumba de Primo de Rivera que se encuentra allí.
Después del traslado de Francisco Franco al cementerio de Mingorrubio, el Pardo, Madrid, en octubre de 2019, quedan dentro de la basílica, al lado del altar, los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, partido político sobre el que Franco sustentó su régimen, que previsiblemente también serán retirados. El gobierno dará la opción a la familia de llevarlo a las criptas donde están las demás víctimas o a otro lugar que deseen.
Orden benedictina deberá abandonar el Valle
Además, se extinguirá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dirigida por la Orden Benedictina, que gestiona la Basílica. La Ley de Memoria Democrática precisa que los fines de Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos son “incompatibles” “con los principios y valores constitucionales”.
De esta manera, la gestión del complejo pasaría a ser competencia de Patrimonio Nacional, que pretende su “resignificación definitiva como un lugar de memoria democrática”,mientras que la gestión de la Basílica corresponderá al Arzobispado de Madrid.
Desde el Gobierno aseguran que no se pretende su desacralización y que ni la basílica ni la cruz se verán afectadas.
El Gobierno atenderá las reclamaciones de exhumaciones de los familiares. “Para el caso de imposibilidad técnica de exhumación, se acordarán medidas de reparación de carácter simbólico y moral”, prevé la norma.
Acuerdos con la Santa Sede
A principio del mes de junio de 2021, tres miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostraron su rechazo a la tramitación de la Ley de Memoria Democrática y alertaron de la posibilidad de que se aplique una norma que incumple “los acuerdos con la Santa Sede, que tienen rango de tratado internacional”.
Los tres magistrados presentaron su voto particular, es decir, la opinión divergente a la decisión tomada por la mayoría. En su argumentación, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz Abad expusieron los riesgos de que se apruebe y se aplique una norma como la Ley de Memoria Democrática que incumple “los Acuerdos con la Santa Sede, que tienen rango de tratado internacional”.
Sobre la resignificación del Valle de los Caídos, los magistrados expusieron que “no se puede declarar que un cementerio en el interior de una basílica, creada con todos los requisitos canónicos, se transforme en cementerio civil. Además, una basílica no puede dejar de serlo sin cumplir los requisitos canónicos, y menos aún por declaración legal y unilateral, pues ello sí constituye una vulneración de la inviolabilidad de un lugar de culto".
Desde el Gobierno se prevé en el anteproyecto de ley la aprobación de un Real Decreto que permite establecer el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos "que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial" del mismo.
Por eso, de aprobarse la Ley de Memoria Histórica y el Real Decreto correspondiente, los vocales del Consejo General del Poder Judicial alertaron que "no es descartable, sino probable, que se quiera prescindir de la Comunidad benedictina, cuando su presencia en la basílica está anclada en el acta de erección pontificia de la Abadía, como se ha explicado, y no puede modificarse sin con ello vulnerar el Acuerdo con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, que declara la inviolabilidad de los lugares de culto".
Ley de Memoria Histórica de 2007
La Ley de Memoria Democrática tiene su origen en la Ley de Memoria Histórica que fue aprobada en el año 2007, durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y establece una serie de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura de Francisco Franco.
Entre esas medidas se prevé la retirada de monumentos, símbolos o nombres de lugares públicos relacionados con la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, expertos la consideran una ley controvertida porque no favorece la reconciliación de los españoles.
Los monumentos de la Iglesia Católica quedan fuera de la aplicación de esta ley; sin embargo, esto no ha sido respetado en otras ocasiones y se han retirado tanto cruces como nombres de calles relacionados con órdenes religiosas.
Valle de los Caídos
El Valle de los Caídos se construyó entre 1940 y 1958 como mausoleo de quienes lucharon en la Guerra Civil española. Es un complejo arquitectónico en donde se encuentra una abadía benedictina, que cuenta con una cruz, una escalinata, una explanada y una basílica.
Francisco Franco fue enterrado allí tras su muerte en 1975, así como José Antonio Primo de Rivera, creador de la Falange, el partido político con el que el dictador sustentó su régimen. Junto a ellos también reposan los cuerpos de casi 34 mil combatientes de la Guerra Civil de ambos bandos.
Se trata de un monumento controvertido, porque para sus detractores es un recuerdo del régimen franquista y la exaltación de la memoria de Franco.
En octubre de 2019 los restos de Francisco Franco fueron exhumados del Valle de los Caídos y trasladados en helicóptero al cementerio de Mingorrubio, Madrid.
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