20 ex diputados interpusieron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Tribunal Constitucional por su “incomprensible y arbitrario” retraso en dictar sentencia sobre el recurso interpuesto en el año 2010 por la ley del aborto.
El pasado 16 de junio, un grupo de ex diputados presentaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Tribunal Constitucional por la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza un proceso sin dilaciones indebidas.
En el año 2010 estos antiguos diputados presentaron junto con otros parlamentarios un recurso a la Ley del Aborto ante el Tribunal Constitucional, por considerarla inconstitucional.
Consideraban que la ley del aborto, también conocida como Ley Aído, violaba entre otros, el artículo 15 de la Constitución española. Por el que se especifica que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral".
El recurso se admitió entonces, pero por el momento este tribunal no ha dictado sentencia.
Por eso, preocupados por el “incomprensible y arbitrario retraso del Tribunal Constitucional”, ahora han presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Tribunal Constitucional español por retrasar “injustificadamente” la sentencia del recurso sobre la ley del aborto de 2010 y pidinedo que condenen al TC por “omisión de justicia”.
Hoy, 29 de junio, José Eugenio Azpíroz, ex diputado, Luis Peral, ex senador y Lourdes Méndez, diputada, notificaron al Tribunal Constitucional la demanda presentándola en el registro oficial.
Según precisan, es la primera denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Tribunal Constitucional español por retraso injustificado en dictar sentencia.
Y es que, aunque el propio Tribunal Constitucional declaró en 2010 “prioritario” este recurso contra la ley del aborto, lleva once años de retraso, sin causa que lo justifique y recordaron que desde entonces, el Tribunal Constitucional ha emitido 2.146 sentencias en otros asuntos, la mayoría de ellos presentados posteriormente al recurso contra la ley del Aborto.
Los firmantes de este escrito juzgan que, contra lo previsto en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el Tribunal Constitucional está denegando su derecho constitucional de acceso a la justicia y el derecho específico de los parlamentarios a lograr un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre las leyes que recurren ante ese tribunal.
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