Representantes de la Plataforma Más Plurales pidieron una reunión urgente con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, “para abordar la ley Celaá”.
Según precisan en un comunicado, la plataforma Más Plurales quiere plantear al Presidente del Gobierno “una serie de sugerencias para mejorar el contenido de una Ley que esta Plataforma critica duramente no solo por las formas en que se está tramitando: impidiendo la participación de la comunidad educativa en sus debates parlamentarios; sino también por muchos aspectos que propone el Proyecto de Ley, que alejan la posibilidad de alcanzar un alto grado de consenso y respaldo necesario que dé estabilidad al sistema educativo”.
Presentada la carta solicitando al presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, una reunión urgente para que se escuche la comunidad educativa y que por fin no se deje a nadie atrás. La #LOMLOE NO es una Ley para #LaEspañaQueNosMerecemos #StopLeyCelaa #MasPlurales pic.twitter.com/1YVqXfs2iU
— Más Plurales🧡 (@MasPlurales) November 30, 2020
La Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas, registró el pasado 30 de noviembre en el Palacio de la Moncloa un escrito en el que solicitan una reunión urgente con el presidente del Gobierno.
También precisan que “la Ley Celaá está provocando una fractura en la educación española al aplicar recortes a las libertades democráticas y condenar a los centros de iniciativa social a un papel subsidiario de la educación pública, que se convierte en el único modelo que será promovido por las Administraciones educativas”.
“Nos parece muy bien que se refuerce el papel de la [escuela] pública, pero pensamos que no es necesario que para ello haya que excluir a la enseñanza concertada”, precisan.
Además, advierte que la Ley anuncia “la progresiva desaparición de los centros de Educación Especial, desprecia al profesorado de la Enseñanza Concertada y convierte a la asignatura de Religión en una asignatura marginal y decorativa”.
Esta reunión solicitada con el presidente del Gobierno tiene como fin “exponer al Presidente los puntos de vista educativos que defiende la Plataforma, que solo buscan mejorar la calidad de la educación de nuestro país”.
Ya que, según precisan, “en vez de abordar asuntos tan importantes como la homologación de todos los trabajadores de los centros sostenidos con fondos públicos, el fracaso escolar, la igualdad educativa, la mejora de oportunidades y el descenso del nivel de los alumnos españoles, la LOMLOE se centra en transformar de manera radical asuntos nada problemáticos que están funcionando bien en nuestro país, como son el desarrollo de la complementariedad de los modelos educativos y el respeto a las libertades democráticas recogidas en la Constitución”.
También muestran su sorpresa y desconcierto ante “las prisas con la que se está tramitando la Ley y piensa que todavía se está a tiempo, con espíritu de consenso, de alcanzar acuerdos que mejoren el contenido de una Ley que ha provocado un unánime rechazo en la sociedad española”.
“En Más Plurales estamos firmemente convencidos de que en el sistema educativo todos somos necesarios para contribuir a la formación de nuestros alumnos y, desde la convivencia y el respeto a la pluralidad y libertad, avanzar en la mejora de nuestra sociedad civil”, aseguran.
Por eso recuerdan que casi 2 millones de ciudadanos se han unido a la recogida de firmas lanzada por la Plataforma contra la Ley Celaá y subrayan que defienden “la convivencia armónica de las redes pública, concertada y privada, solicitamos al presidente del Gobierno la paralización de la LOMLOE y que se abra un periodo de debate y de participación para alcanzar un consenso que demanda la sociedad española sobre las cuestiones educativas”.
La Plataforma Más Plurales organizó el domingo 22 de noviembre más de 50 manifestaciones en toda España para protestar contra la Ley Celaá. Una ley, que según precisan, “en ningún momento ha buscado el consenso y que se ha tramitado de manera exprés, en plena pandemia, impidiendo la participación de la comunidad educativa”.
Ley Celaá
La LOMLOE es la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación, también conocida como Ley Celaá en referencia a la Ministra de Educación del actual gobierno socialista de España. Ésta pretende derogar la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (2016- 2018), una ley educativa que está actualmente en vigor pero que desde el PSOE quieren modificar alegando que fue aprobada sin consenso.
La Ley Celaá, elaborada por PSOE y Podemos inició su trámite durante el periodo de estado de alarma por la pandemia de COVID, sin oír el parecer de la comunidad educativa y, por supuesto, sin consenso. Hoy fue aprobada por el apoyo que recibieron de los partidos independentistas catalanes y vascos.
Más Plurales ha reunido, hasta el momento, más de 1.5 millones de firmas contra la aprobación de la Ley Celaá, ya que alegan que en esta nueva ley educativa es “la imposición de un modelo de educación único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual”.
De esta manera, apuntan que “será el Estado” y no los padres “quien decida la educación que han de recibir los hijos” y en este modelo educativo no habrá espacio “para la educación concertada. Miles de colegios cerrarán en los próximos años. Ni para la asignatura de religión, que vuelve a ser postergada. Ni, por supuesto, para la educación especial, la cual pese al clamor de los padres afectados, también desaparecerá”.
Un modelo “fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática”.
Plataforma Más Plurales
Más Plurales integra a más de 260 mil profesionales, docentes y no docentes que ven peligrar la continuidad de sus centros y sus puestos de trabajo; cerca de 4 millones de familias a la que se les limita el derecho a elegir el tipo de educación que quieren o mejor se adecúa a las necesidades de sus hijos; más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, cursar la asignatura de Religión; así como más de 9.300 centros de la red concertada y privada que ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos.
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