El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCBB), Mons. José Gomez, junto a los presidentes de otros siete comités del episcopado, exigieron que no se le imponga a los ciudadanos la financiación del aborto a través un paquete de ayuda propuesto para combatir el COVID-19.
El pronunciamiento se dio este viernes 5 marzo, mientras el Senado debate la aprobación del paquete de ayuda de 1.9 billones de dólares, que ha sido denominado “Plan de Rescate Estadounidense”.
A Mons. Gomez se unieron el Cardenal Timothy M. Dolan, presidente del Comité para la Libertad Religiosa; el Arzobispo Joseph F. Naumann, presidente del Comité de Actividades Provida; el Arzobispo Paul S. Coakley, presidente del Comité de Justicia, Paz y Desarrollo Humano; el Obispo David J. Malloy, presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional; el Obispo Michael C. Barber, presidente del Comité de Educación Católica; el Obispo Shelton J. Fabre, presidente del Comité Ad Hoc contra el Racismo; y el Obispo Mario E. Dorsonville, presidente del Comité de Migración.
“Instamos al presidente [Joe] Biden y al liderazgo del Capitol Hill [sede del Gobierno] a que no impongan a los estadounidenses la desgarradora decisión moral de preservar entre la vida y la salud de los nacidos y la de los no nacidos, todos los cuales son nuestros vulnerables vecinos necesitados”, escribió Mons. Gomez.
En ese contexto le imploró al Congreso que no obligue a los estadounidenses provida a oponerse al proyecto de ley de alivio para al COVID-19, considerando que este podría contener la financiación del aborto.
“Pedimos a nuestros líderes que por favor no enfrenten a las personas entre sí de esa manera. Pedimos a todos los miembros del Congreso que incluyan las mismas protecciones contra la financiación del aborto que han estado presentes en todos los proyectos de ley de alivio de COVID hasta la fecha y en todos los proyectos de ley de gastos anuales durante casi medio siglo”, dijo Mons. Gomez.
Añadió que la “nación necesita sanar, unirse y ayudarse unos a otros”.
También reconoció que “el Plan de Rescate Estadounidense es un paso importante en la dirección correcta”, pero “preocupa profundamente que esta importante legislación, tal como está redactada, corre el riesgo de crear nuevas divisiones al abandonar un compromiso bipartidista de larga data que respeta las conciencias de millones de estadounidenses”.
El Plan de Rescate Estadounidense de 2021, aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada, no incluye las restricciones tradicionales de financiación del aborto. Los grupos provida, los obispos, advirtieron que resultaría en un aumento significativo en la financiación, cobertura y proveedores de abortos.
El presidente de March for Life Action, Tom McClusky, dijo que el proyecto de ley de ayuda “tiene el potencial de ser la mayor expansión de la financiación del aborto desde Obamacare”.
En 2010, la USCCB se opuso a la Ley sobre Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) en gran parte debido a las expectativas de que permitiría subsidios para la cobertura del aborto. Un informe de 2014 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental encontró que la cobertura de aborto estaba siendo subsidiada en los planes de atención médica según la ley.
Mons. Gomez señaló que el Congreso durante 45 años “ha mantenido que los contribuyentes no deben ser obligados contra su conciencia a pagar por abortos”.
La Enmienda Hyde, promulgada con una ley cada año desde 1976 como un anexo a los proyectos de ley presupuestaria, prohíbe la financiación federal de abortos voluntarios. Si bien antes recibió el apoyo bipartidista, ahora los principales demócratas se oponen a la política, incluido su antiguo defensor, el presidente Biden.
En una carta del 26 de febrero, la conferencia de obispos estadounidenses destacó “muchas disposiciones positivas” en la legislación que incluían aumentos en los beneficios de cupones para alimentos, alquiler de emergencia y asistencia para personas sin hogar y beneficios por desempleo.
Sin embargo, la USCCB advirtió que “miles de millones de dólares para servicios de atención médica” no están sujetos a restricciones de financiación del aborto, “y por lo tanto podrían permitir la financiación de abortos”.
Otra política a favor del aborto de la nueva administración Biden es la orden ejecutiva firmada el 28 de enero, con la que recovó la política de Ciudad de México, una medida firmada por el gobierno anterior que impedía el financiamiento, con fondos federales, de organizaciones abortistas fuera del país.
La política, que fue aprobada originalmente por el presidente Ronald Reagan en 1984, ha sido promulgada por todas las administraciones republicanas y anulada por todas las administraciones demócratas.
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