La Corporación de Abogados Católicos de Argentina alertó sobre la persecución y la censura iniciada hacia las instituciones educativas con ideario propio, especialmente la “campaña organizada de desprestigio” contra la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta).
La declaración de los abogados surge luego de las publicaciones realizadas por el diario Página 12, una de ellas titulada “Un discurso de odio que sigue sumando redes” donde se describen supuestas discriminaciones hacia las personas con tendencia homosexual y supuestos abusos vividos por exalumnos de los colegios Fasta.
Fasta es un movimiento eclesial de derecho pontificio integrado por sacerdotes, consagrados y laicos con presencia en Brasil, Costa Rica, Ecuador, España, Perú y en la República Democrática del Congo.
En Argentina su trabajo se despliega en 23 colegios, en la Universidad Fasta, en la Universidad Santo Tomás de Aquino y en institutos superiores de educación.
Las denuncias anónimas contra Fasta realizadas en una cuenta de Instagram, alentaron al Instituto Nacional contra la Discriminación, al Xenofobia y el Racismo (Inadi) a presentar una demanda ante el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires para que investigue a las autoridades de los colegios Fasta por presuntos actos de discriminación y “adoctrinamiento homo y lesbofóbico” y “discursos de odio”.
“El @inadi automáticamente se puso a disposición de todes les que quisieran acercar sus testimonios sobre este tema” (SIC), expresó en su cuenta de twitter Victoria Donda, interventora de Inadi.
Hace unos días una investigación periodística de @Marian_Carbajal publicada en @pagina12 destapaba los posibles hechos de discriminación cometidos por la red FASTA.
El @inadi automáticamente se puso a disposición de todes les que quisieran acercar sus testimonios sobre este tema
— 💚 Victoria Donda Perez 💚 (@vikidonda) June 7, 2020
Por su parte, la diputada Mara Brawer, del partido de gobierno Frente de Todos, junto a otros parlamentarios oficialistas y de oposición, solicitaron a las autoridades una supervisión de los colegios de Fasta.
Hay que decirlo con todas las letras: el proyecto de la diputada @MaraBrawer & co. pidiendo la intervención de los colegios de Fasta en razón del ideario que allí se enseña es un precedente peligrosísimo, que si avanza buscará generalizarse #FASTASOMOSTODOS (abro hilo👉) pic.twitter.com/DaskmGsXNM
— Lucas Fiorini (@lucascrear) June 10, 2020
En el documento expresaron que los contenidos y la formación que imparte Fasta serían “violatorios” de siete leyes en Argentina, entre ellas, las de “Educación Sexual Integral”, “Matrimonio Igualitario”, “Salud Sexual y Procreación Responsable” e “Identidad de Género”.
En conversación con ACI Prensa, el presidente de la Corporación de Abogados Católicos, Pedro Andereggen, dijo que la iniciativa liderada por Brawer tiene un claro “trasfondo ideológico” que busca “limitar la libertad de enseñanza de los colegios religiosos”.
Los políticos están utilizando “una finalidad encubierta” porque “dan a entender que la razón de esos posibles abusos y discriminaciones dadas en la entidad (Fasta) son causadas por la enseñanza de la moral cristiana”.
El abogado agregó que la “campaña organizada de desprestigio” contra la institución religiosa “está muy bien elegida porque Fasta tiene una magnitud y posición muy equilibrada, es muy representativa de los que es la Iglesia”.
En ese sentido, precisó que las observaciones de los parlamentarios respecto a la supuesta trasgresión de leyes por parte de Fasta estarían erradas, ya que la Constitución Nacional de Argentina, la Ley Nacional de Educación y la Convención Americana de Derechos Humanos resguardan la libertad de enseñanza, la participación de los padres y tutores y también la libertad de pensamiento y expresión.
Indicó que también el programa nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable establece que las “instituciones educativas públicas de gestión privada confesionales o no, darán cumplimiento a la presente norma en el marco de sus convicciones”.
“Con la excusa de resguardar la salud o los intereses del niño, ellos (los diputados) quieren imponer un supuesto derecho superior del Estado, por sobre los padres y la institución”. “Pero cuando se habla de Estado, queremos decir la figura de un funcionario público que tiene una ideología determinada”, “que quiere que los contenidos y métodos se implementen de una manera determinada”, alertó el abogado.
Página 12, un medio de centroizquierda progresista y anticlerical que cuenta con la simpatía de Cristina Fernández de Kirchner -actual vicepresidenta de Argentina y promotora de la legalización del aborto-, publicó otro artículo titulado “Fasta: los apoyos del Estado al discurso del odio”.
Al respecto, Andereggen dijo que “la gente tiene derecho a la educación privada según considere más correcto y al alcance de sus posibilidades”.
“Cuando el Estado da un aporte a la educación de gestión privada no está haciendo un regalo. Es un derecho que los padres e instituciones tienen porque ellos pagan impuestos de igual forma que pagan los padres que mandan a sus hijos a la educación pública”.
“Los objetivos políticos que se avizoran más allá de las intenciones individuales de los diputados son la limitación de los derechos de las entidades confesionales para enseñar de acuerdo a su ideario, establecer un derecho superior por parte del Estado sobre padres e instituciones y condicionar a esto, los aportes económicos”, concluyó Andereggen.
Diputados rechazan persecución contra Fasta
Por su parte, cinco diputados de la Propuesta Republicana (PRO), presentaron el 16 de junio un proyecto “por la persecución discriminatoria” iniciada contra Fasta.
“Amenaza el derecho al ideario institucional y las convicciones de sus miembros y afecta la libertad de cátedra”, precisaron.
Los parlamentarios explicaron que “un avance del Estado sobre las instituciones de educación privada y confesional”, “redundará en un menoscabo del derecho a la libertad de conciencia”.
Más aún si “se tiene en cuenta que esta tendencia se enmarca en un contexto de hostilidad y discriminación hacia la Iglesia Católica y las confesiones cristianas en general, ejercidas desde organismos que –en teoría- deben velar por la tolerancia y la no discriminación”, aseguraron los diputados.
¿Intolerancia hacia las escuelas confesionales?
También el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera) se pronunciaron el 12 de junio por los “signos de intolerancia, de persecución y de censura de tipo ideológico”.
“Nos parecen inaceptables y demasiado peligrosas algunas denuncias contra escuelas confesionales por el hecho de proponer y defender ciertos valores constitutivos de su propio ideario”, aseguraron.
Consudec y Faera manifestaron que “en materia educativa, es imperioso seguir reconociendo y garantizando el derecho de los padres y de las familias de dar a sus hijos una educación consecuente con sus valores y con su propia identidad, incluso religiosa”.
La Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires también adhirió a esta declaración y en una nueva difusión titulada “Educar en libertad” del 24 de junio, dijo que “para que la sociedad y todas las instituciones salgan fortalecidas” una vez que pase la pandemia, “es necesario una comunidad y un Estado activos, que acompañen y asistan durante todo este difícil proceso”.
Que “mancomunadamente animen la libre acción y expresión de los ciudadanos, para que no haya grietas sino un respetuoso y provechoso diálogo que nos ayude a encontrar caminos para acompañar y ayudar a quienes más lo necesitan”, agregó la vicaría.
Desde Fasta, el director de comunicaciones del movimiento, Nelson Santillan, dialogó con ACI Prensa y dijo que no han recibido denuncia formal sobre las acusaciones mencionadas en Página 12. Hasta el momento todo es anónimo, salvo una persona que se identificó con nombre y apellido y describió en los medios un caso de bullying en un campamento.
Respecto al supuesto discurso de odio, Santillan manifestó que Fasta tiene una “férrea defensa al derecho a la vida y nuestras enseñanzas se basan en el catecismo de la Iglesia y en la doctrina social de la Iglesia. Como Fasta ha tenido una participación muy importante en Argentina, en estos temas, entendemos que esto se da en este contexto”, expresó el 1 de julio.
“Como cristianos predicamos el amor a Dios, a la patria y al prójimo, no predicamos otra cosa que lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica”. “Siempre hay que hacerlo con la mayor misericordia, pero uno debe ser claro en la enseñanza de la naturaleza humana, la defensa de la vida, etcétera”, concluyó Santillan.
Publicar un comentario