Un juez federal de Indiana (Estados Unidos) determinó que prosiga en la corte una demanda presentada contra la Universidad de Notre Dame, por negarse a proporcionar en sus planes de salud de empleador, anticonceptivos y medicamentos que pueden causar abortos prematuros.
“Notre Dame se basa en una sólida base legal y moral al negarse a subsidiar el número limitado de productos anticonceptivos que pueden actuar como abortivos y dañar a un niño nonato”, dijo Paul Browne, vicepresidente de asuntos públicos y comunicaciones de la Universidad de Notre Dame, en una carta del 20 de enero al editor del Notre Dame Observer, un diario dirigido por estudiantes.
El juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Indiana, Philip Simon, rechazó los pedidos de la universidad para que se desestime el caso el 16 de enero. Una conferencia previa al juicio está programada para principios de marzo, informó South Bend Tribune.
La demanda, presentada en junio de 2018 por un grupo de estudiantes aliados con ONG locales que promueven el aborto, acusa que el hecho de que la universidad católica no proporcione medicamentos abortivos viola un requisito federal que data de 2012 y sostiene que los planes de salud del empleador deben proporcionar cobertura anticonceptiva.
Browne le dijo al South Bend Tribune que la posición de la universidad está “basada en la autonomía de los litigantes, incluido el gobierno, para resolver los reclamos”. Agregó que “estamos seguros de que Notre Dame prevalecerá”.
Entre los demandantes en la demanda se encuentran tres estudiantes no identificados y el grupo Irish 4 Reproductive Health, una organización sin fines de lucro no afiliada o financiada por la universidad católica.
El grupo de estudiantes litigante se describe a sí mismo como un defensor de la “justicia reproductiva”.
“Trabajamos para ampliar el acceso a recursos e información sobre salud sexual en la Universidad de Notre Dame, así como en nuestra comunidad circundante. Nuestro feminismo es interseccional y ‘sexo-positivo’”, dice en su página de Facebook.
El grupo dice que la mayoría de sus fondos provienen de donantes individuales, pero también informa que recibió subvenciones de Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos de la nación, y Catholics for Choice, cuyas afirmaciones de ser una organización católica han sido rechazadas por los obispos de Estados Unidos.
Irish 4 Reproductive Justice trabaja con grupos feministas y de defensa del aborto en el área de South Bend, así como con el National Women’s Law Center (Centro Nacional de Leyes de la Mujer) y los Americans United for the Separation of Church and State (Estadounidenses unidos por la separación de la Iglesia y el Estado).
Los últimos dos grupos están ayudando en la demanda, al igual que el Center for Reproductive Rights (Centro de Derechos Reproductivos) con sede en Nueva York y las firmas de abogados Fried Frank y Macey Swanson.
La legislación de atención médica de 2010 requería que los planes de seguro médico proporcionados por el empleador cubrieran ciertos “servicios preventivos”. La guía emitida bajo el gobierno de Barack Obama en enero de 2012 definió estos servicios para incluir todos los procedimientos de esterilización y métodos anticonceptivos aprobados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), incluido píldoras anticonceptivas abortivas y el dispositivo intrauterino (DIU).
Inicialmente, no había exenciones religiosas para quienes se oponían a la distribución de anticonceptivos. La eventual exención fue tan limitada en su alcance que excluyó órdenes religiosas como las Hermanitas de los Pobres (Little Sisters of the Poor) y organizaciones sin fines de lucro como EWTN.
En 2015, la Corte Suprema falló en contra del mandato, ya que se aplicaba a las empresas de propiedad cristiana Hobby Lobby y similares “con fines de lucro”.
El gobierno del presidente Donald Trump estableció nuevas reglas en octubre de 2017 que permiten a las empresas con objeciones religiosas o morales frente a la anticoncepción optar por no cumplir con el mandato. Los jueces federales bloquearon las reglas en diciembre de 2017, lo que resultó en nuevas reglas en noviembre de 2018.
Los jueces de California y Pensilvania emitieron medidas cautelares contra estas nuevas reglas en enero de 2019, deteniendo nuevamente el caso legal de las Hermanitas de los Pobres. El 17 de enero de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que volvería a escuchar el caso de estas religiosas.
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