El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el miércoles 30 que sancionará a 13 ex oficiales militares salvadoreños por participar en el asesinato extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas y dos civiles en noviembre de 1989, durante la guerra civil del país centroamericano.
Se determinó que los 13 exsoldados no podrán ingresar nuevamente a los Estados Unidos.
“Valoramos nuestra relación de trabajo en curso con las Fuerzas Armadas salvadoreñas, pero continuaremos utilizando todas las herramientas y entidades disponibles, según corresponda, para abordar las violaciones y abusos de los derechos humanos en todo el mundo sin importar cuándo ocurrieron o quién los perpetró”, dijo Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, el miércoles 29 de enero.
“Las acciones de hoy subrayan nuestro apoyo a los derechos humanos y nuestro compromiso de promover la rendición de cuentas para los perpetradores y alentar la reconciliación y una paz justa y duradera”, añadió Pompeo.
La guerra civil salvadoreña se libró de 1979 a 1992 entre el gobierno militar de derecha y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un grupo revolucionario de izquierda.
Los jesuitas en El Salvador fueron protectores activos de las conversaciones de paz y negociación entre el gobierno y el FMLN.
El 16 de noviembre de 1989, una unidad del ejército salvadoreño sacó de sus camas a seis jesuitas de la Universidad Centroamericana de San Salvador y les disparó. La cocinera y ama de llaves de los sacerdotes, así como su hija, fueron fusiladas.
Se cree que se ordenó la ejecución de los jesuitas por su aparente apoyo al FMLN, que recientemente había lanzado una ofensiva.
Los sacerdotes asesinados fueron Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Joaquín López y López, y Juan Ramón Moreno Pardo. Todos eran españoles excepto López y López, que era salvadoreño.
La ama de llaves asesinada se llamaba Elba Ramos, y su hija de 15 años llevaba por nombre Celina.
Los soldados dejaron un mensaje en el lugar de los asesinatos, con el que buscaban implicar al FMLN.
Las ejecuciones extrajudiciales atrajeron la atención internacional y aumentaron la presión para un acuerdo de paz.
Pompeo dijo el 29 de enero que Estados Unidos “condena todos los abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar en ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por partidos gubernamentales y no gubernamentales”.
Estados Unidos fue partidario del gobierno salvadoreño durante la guerra. El Batallón Atlacatl, que asesinó al P. Ellacuría y sus compañeros, fueron entrenados por asesores estadounidenses.
El Departamento de Estado dijo el 29 de enero que tenía información creíble de que los 13 exmilitares salvadoreños “estuvieron involucrados en la planificación y cumplimiento de las ejecuciones extrajudiciales” de noviembre de 1989.
Los nombre de los exsoldados son Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Angel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio.
Los 13 fueron sancionados bajo la Ley de Asignaciones de Programas de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Afines del año fiscal 2019, que les prohíbe a ellos y a sus familiares inmediatos ingresar a los Estados Unidos.
Inocente Orlando Montano Morales era coronel y viceministro de seguridad pública en el momento de los asesinatos. Fue extraditado de Estados Unidos a España en 2017 para ser juzgado por este caso. Había estado bajo custodia de los Estados Unidos durante seis años, luego de ser arrestado por cargos de fraude migratorio.
En mayo de 2019, los fiscales españoles pidieron que Montano recibiera 150 años de prisión por su papel en los “asesinatos terroristas”, diciendo que participó en la decisión, el diseño y la ejecución de los asesinatos.
Creen que Montano fue testigo cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, René Emilio Ponce (quien murió en 2011) ordenó al Coronel Benavides, jefe de la academia militar salvadoreña, asesinar al P. Ellacuría sin dejar testigos.
Benavides y el teniente Mendoza fueron condenados por los asesinatos por un tribunal salvadoreño, pero fueron liberados en 1993 después de que se aprobara una ley de amnistía que cubría todos los crímenes cometidos durante la guerra civil.
Esa ley de amnistía fue revocada por la Corte Suprema salvadoreña en 2016, Benavides regresó a prisión, y la Corte declinó extraditarlo a España. Al año siguiente, la Compañía de Jesús y la UCA pidieron que se conmutara la sentencia de Benavides.
Los fiscales españoles también solicitaron cinco años de prisión para Mendoza.
Zepeda, el viceministro de Defensa, afirmó que los sacerdotes fueron cómplices en el asesinato del fiscal general salvadoreño y dijo que “el enemigo está entre nosotros. Deben ser identificados y denunciados. Por lo tanto, tomaremos la decisión final para resolver esta situación”.
Publicar un comentario