Un proyecto de ley que prohíbe la cirugía de “cambio de sexo” (también llamada de reasignación de género) y los bloqueadores hormonales de pubertad para menores en Dakota del Sur (Estados Unidos) fue aprobado por un comité del Parlamento el 22 de enero y está previsto que sea debatido en la Cámara de Representantes.
El proyecto HB 1057 convertiría en un delito menor de Clase 1 que los médicos dispensen medicamentos bloqueadores de la pubertad a menores de 16 años con el propósito de cambiar o afirmar la percepción de su sexo. Asimismo, enumera una serie de procedimientos quirúrgicos que no se les permitiría realizar en menores, como la castración, vasectomía e histerectomía.
El proyecto de ley empezó a debatirse en la Cámara de Representantes el lunes 27 de enero, pero luego se aplazó para otro día.
Los obispos de Dakota del Sur anunciaron su apoyo a la medida el 16 de enero. Indicaron que “el HB 1057 protegería a los niños y niñas de la medicalización nociva con consecuencias desconocidas y potencialmente de por vida”.
“Con una profunda compasión por la experiencia del sufrimiento que marca a las personas con disforia de género, la Iglesia insiste firmemente en la dignidad de todas las personas humanas creadas y amadas por Dios, y expresa un afecto especial por los marginados y los que sufren”, señalaron.
Finalmente, concluyeron que el “HB 1057 garantizaría que los niños, especialmente aquellos que sufren angustia por su sexo, tengan la oportunidad de desarrollarse y crecer en la comprensión del don de su naturaleza creada sin presiones hacia la medicalización perjudicial”.
Es probable que el proyecto de ley patrocinado por los republicanos avance en Dakota del Sur, ya que tanto la Cámara como el Senado tienen mayoría republicana.
Las disposiciones del proyecto de ley no se aplican a “la decisión médica de buena fe de un padre o tutor de un menor nacido con un trastorno genético del desarrollo sexual médicamente verificable”.
El proyecto de ley de Dakota del Sur se produce tras la decisión de un juez federal, en octubre de 2019, para que los médicos de todo el país ya no estén obligados a realizar cirugías de “transición de género” o “cambio de sexo” si estas atentan contra su conciencia o creencias religiosas.
El reglamento surgió de la Sección 1557 de la “Affordable Care Act” (Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio), que prohíbe la discriminación en la atención médica por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) interpretó que la “discriminación sexual” bajo esta regla incluye la identidad de género, lo que obliga a la provisión de cirugías de “transición de género”.
En respuesta a la regla, una alianza de más de 19 mil profesionales de la salud, nueve estados y varias organizaciones religiosas se combinaron en dos demandas contra el mandato, diciendo que ilegalmente requería que los médicos, en casos de objeción, violaran sus creencias religiosas o juramento hipocrático de no dañar al paciente. Becket representó a los demandantes.
Proyectos de ley similares al propuesto en Dakota del Sur están siendo considerados en otros estados, incluidos los presentados durante la sesión 2020 en Florida y Colorado que, como el proyecto de ley de Dakota del Sur, impondría sanciones penales por “cirugía transgénero” realizada en menores.
En otros estados, como Illinois, Oklahoma y Carolina del Sur, se están considerando multas, como la pérdida de la licencia médica de un médico, si realizan una “cirugía transgénero” en un menor.
Un proyecto de ley en estudio en Missouri, HB 1721, revocaría la licencia de un médico si administra un tratamiento de reasignación de género, y los padres que consientan dicho tratamiento serían denunciados a los funcionarios de bienestar infantil por abuso infantil, informó Associated Press.
Los legisladores estatales en Kentucky y Texas también han anunciado planes para presentar proyectos de ley similares, informó el Washington Post.
Un representante del estado en Georgia durante noviembre de 2019 propuso una ley que convertiría en un delito grave que los profesionales médicos intenten cambiar el “género” de un menor ya sea mediante cirugía o medicamentos.
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