Un nuevo video del Center for Medical Progress (CMP) ha revelado testimonios del 2019 de varias ejecutivas y directoras de la multinacional abortista Planned Parenthood (PP), admitiendo bajo juramento haber participado en la venta ilegal de partes de bebés abortados.
En Estados Unidos la ley estatal y federal solo permite el procesamiento y envío de tejido fetal. La venta de tejidos con fines de lucro es ilegal.
La investigación de CMP, que también cuenta con documentos que corroboran lo dicho por los funcionarios, fue publicada en un artículo por la organización provida estadounidense Live Action el martes 26 de mayo.
El equipo provida precisa que las declaraciones de las ejecutivas “contradicen las afirmaciones anteriores de PP, de que la corporación nunca participó en la venta de partes abortadas de cuerpos de bebés y que simplemente las donó y recibió una compensación por los gastos”.
En el video se presentan varias declaraciones, entre las principales están las de Tram Nguyen, directora senior de Acceso al Aborto de Planned Parenthood Gulf Coast; la Dra. Dorothy Furgerson, directora médica de Planned Parenthood Mar Monte; y la Dra. Deborah Nucatola, ex directora senior de Servicios Médicos para Planned Parenthood Federation of America.
Después de la publicación de los primeros videos del CMP a mediados de 2015, en los que se observa a altos directivos de PP negociando órganos y tejidos de fetos abortados por entre 35 y 100 dólares, la organización abortista y sus socios tomaron represalias y denunciaron penalmente, con acusaciones falsas, a Live Action, así como a David Daleiden y Sandra Merritt, los periodistas que expusieron el caso.
Live Action recuerda que PP alegó que los videos de denuncia fueron manipulados y editados en gran medida –una acusación que fue refutada por análisis forenses–, y que nunca se había quebrantado la ley federal.
El nuevo video publicado por Live Action esta semana da cuenta “de los contratos por correo electrónico enviados a Planned Parenthood Gulf Coast”, a pesar de que la misma organización había asegurado “al New York Times que rechazaron el acuerdo”.
“En un testimonio en video de su declaración bajo juramento, se ve a Tram Nguyen admitiendo que en realidad tenía la intención de seguir adelante con un acuerdo financiero”, revela la organización provida.
El video, según informa Live Action, también cuestiona el argumento de que el dinero recibido no fue más que un reembolso por los costos en los que incurrió PP.
“El testimonio reveló que el pago solamente se haría a Planned Parenthood si StemExpress era capaz de obtener partes del cuerpo ‘utilizables’ de uno de sus centros de aborto, lo que significa que Planned Parenthood engañó al público cuando afirmó que solo recaudaba reembolsos por el tiempo y los costos de los empleados. Si bien la ley permite reembolsos de costos específicos cuando se donan órganos fetales, esos reembolsos deben cumplir con pautas específicas: Deben ser tarifas asociadas con el transporte, procesamiento y otros costos similares. Planned Parenthood no hizo ninguna de estas cosas, sin embargo, recaudaron dinero cuando proporcionaron a StemExpress partes corporales comercializables”, revela..
En algunos de los testimonios presentados en el video se puede escuchar a un abogado en segundo plano que le indica repetidamente a su cliente que no responda cuando se le pregunta cuánto dinero puede haber recibido PP por vender partes de los cuerpos de niños abortados, detalla Live Action.
Sin embargo, la organización provida subraya que “las facturas muestran que algunos centros de Planned Parenthood recibían más de 10.000 dólares en un solo mes, prestando crédito a las promesas anunciadas por StemExpress de ‘beneficio financiero’ y ‘recompensa fiscal’ para las instalaciones de aborto”.
Otros documentos mostraron que las ejecutivas de alto nivel en la sede nacional de PP estaban al tanto de las ventas de partes de cuerpos.
“La ejecutiva abortista Nucatola admitió bajo juramento que sabía que PP de Los Angeles estaba recibiendo pagos por partes de cuerpos, pero afirmó que nunca se molestó en asegurarse de que todo se llevara a cabo legalmente”, dice Live Action.
Nucatola es la persona que protagoniza el primer video encubierto lanzado por CMP. En éste reconoce que en ocasiones le dice a su comprador: “Me dirá que quiere cerebro, y nosotros, tú sabes, dejaremos el calvarium (la bóveda craneal) dentro hasta el final, y entonces trataremos básicamente de tomarlo o, realmente, sabes, recoger todo e incluso mantenerlo separado del resto de tejido para que así no se pierda”.
Otras de las ejecutivas que aparecen dando testimonio bajo juramento, la Dra. Mary Gatter, previamente apareció un video de CMP de 2015 negociando la venta de órganos y tejidos de bebés abortados en las instalaciones de PP y diciendo que quería a cambio “un Lamborghini”.
En su declaración jurada, explica Live Action, “Gatter admitió haber establecido un acuerdo comercial con la firma de recolección de tejido fetal, ahora cerrada y con fines de lucro, Novogenix”.
Las empresas mayoristas de tejidos fetales abortados que operan continuamente en los Estados Unidos, StemExpress y Advanced Bioscience Resources (ABR) todavía están en funcionamiento.
“ABR todavía está trabajando con Planned Parenthood of the Pacific Southwest para obtener partes del cuerpo abortadas para los investigadores. Y aunque los funcionarios de Planned Parenthood admiten haber actuado mal bajo juramento, los periodistas que descubrieron su comportamiento ilegal continúan bajo investigación de las autoridades, lo que permite que Planned Parenthood continúe su esquema sin repercusiones”, denunció Live Action, en defensa de CMP.
En un comunicado de prensa, David Daleiden, líder del equipo de investigadores del CMP, dijo que “ha llegado el momento de las consecuencias federales para Planned Parenthood”.
“Planned Parenthood mintió al público y al Congreso, pero ahora ya no hay ninguna duda razonable de que Planned Parenthood vendió partes del cuerpo fetal, comercializando a los niños vivos en el útero y tratando a las mujeres embarazadas como un cultivo comercial. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos debe escalar la aplicación de las leyes contra el tráfico fetal al más alto nivel de prioridad”, denunció.
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