Arzobispado de Madrid enfrenta polémica por millonario mal manejo de fundaciones

Un intento de reforma económica y social con oscuros manejos tiene actualmente en el ojo de la tormenta al Arzobispo de Madrid (España), Cardenal Carlos Osoro, a causa, principalmente, de la persona a la que encomendó dirigir esta labor y que tendrá que enfrentar un juicio por acusaciones como la de estafa y apropiación indebida.

Bajo la gestión del abogado David López Royo, nombrado presidente de la Delegación Episcopal de Fundaciones de Madrid por el Cardenal Osoro desde 2016 hasta 2019, se vendieron edificios pertenecientes a fundaciones vinculadas a la Iglesia por una suma superior a los 100 millones de euros.

El aparente propósito de la venta era parte de una estrategia de fusión de las 74 fundaciones católicas presentes en el Arzobispado. En España es usual que familias con recursos económicos dejen sus propiedades a nombre de una fundación que legalmente es puesta bajo la administración de la Iglesia local con la espera de asegurar su honestidad y salud financiera.

Del más de medio centenar de instituciones dejadas en administración de la Arquidiócesis de Madrid, entre las más afectadas se encuentran la Fundación Molina Padilla, la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, y la Fundación Fusara.

La Fundación Molina Padilla fue creada por el fallecido Alfonso Molina Padilla para, en base a la renta de dos inmuebles de Madrid, otorgar becas de estudio a estudiantes desfavorecidos.

El proyecto implementado por el Presidente de la Delegación Episcopal de Fundaciones de Madrid apuntaba a vender los inmuebles dedicados a la beneficencia por 13 millones de dólares.

Por su parte, la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio gestiona una residencia de ancianos y la parroquia de San Jorge, ambas situadas dentro de un inmenso complejo cercano al Estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid.

Este complejo, bajo la gestión de López Royo, iba a ser vendido por alrededor de 37 millones de euros a una universidad privada española, dejando sin hogar a más de un centenar de ancianos.

Además, 14 inmuebles en el centro de Madrid propiedad de la Fundación Fusara, que en su sitio web asegura que su “principal objetivo es la formación de los niños y jóvenes”, serían vendidos por 74 millones de euros a un grupo de 14 empresas.

López Royo, de 63 años, estuvo vinculado a Cáritas desde la década de 1990, donde habría conocido al hoy Cardenal Osoro. Más adelante, en 2014, llegó a ser director del diario español El Correo de Andalucía, a pesar de no tener conocimientos de periodismo.

Luego de que la información sobre los extraños manejos encabezados por su delegado en las fundaciones llegaran a la prensa, en un comunicado difundido el 3 de diciembre de 2020, el Arzobispado de Madrid dijo que desde junio de ese año “tras recabar suficiente información de los órganos competentes y después de tomar diversas medidas de control interno, el Arzobispo decretó la apertura de una investigación canónica sobre el ejercicio de la autoridad delegada y la información facilitada sobre los motivos que hacían necesarias esas operaciones”.

“De la misma forma se instó a los patronatos a ejercer las acciones pertinentes para proteger el patrimonio de los ancianos y niños y, en su caso, exigir responsabilidades si se demostrase que hubo actuaciones irregulares o contrarias a los fines fundacionales”, indicó el Arzobispado.

Días después, el 18 de diciembre, el Cardenal Osoro fue recibido en audiencia por el Papa Francisco.

De acuerdo al Arzobispado de Madrid, fue el propio Arzobispo quien “solicitó la audiencia para exponer al Santo Padre y a la Secretaría de Estado las conclusiones de la primera fase de la investigación sobre la participación en distintas fundaciones civiles, decretada por el propio arzobispo antes de verano y de la que se ha ido informando permanentemente a la Santa Sede”.

Según el comunicado publicado el 19 de enero, el Cardenal Osoro anunció “el inicio de la segunda fase del trabajo, que incluirá la exigencia de responsabilidades, un nuevo sistema de trazabilidad y monitorización en las fundaciones vinculadas con la diócesis, y una auditoría general que abarcará los últimos 20 años”.

“En los próximos días, el Arzobispado de Madrid publicará más detalles de la información recabada y de las medidas adoptadas”, indicó.

Hasta el 19 de enero de este año, un mes después del último comunicado al respecto, el Arzobispado de Madrid no ha publicado ninguna nueva nota de prensa al respecto.

López Royo y otros siete investigados, acusados entre otras cosas de estafa y administración desleal, deberán comparecer y declarar ante la justicia española el 20 y 21 de enero de este año.

El Cardenal Osoro, en calidad de testigo, realizaría su declaración el 22 de enero.

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