Congreso de Ciudad de México prohíbe “terapias de reconversión” para personas homosexuales

El Congreso de Ciudad de México aprobó este 24 de julio con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones un proyecto de ley para prohibir las terapias de reconversión para personas homosexuales, con sanciones de entre dos y cinco años de prisión para quienes las impartan u obliguen a participar en ellas.

La iniciativa reforma el Código Penal de Ciudad de México, y fue presentada originalmente por el diputado Temístocles Villanueva y apoyada por la bancada de Morena, el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Villanueva celebró la aprobación de su propuesta en Twitter: “¡Sí a la libertad! ¡Sí al derecho de ser quienes somos!”.

El Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México aseguró que con la prohibición de las terapias de conversión para personas homosexuales “se garantiza el derecho al desarrollo de la libre personalidad”.

En un comunicado, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF), lamentó que “al aprobarse esta ley, los legisladores cometieron un grave error al impedir y calificar el trabajo de cientos de miles de psicólogos como perjudicial”.

“Lo que provocarán es evitar que alguien que desea explorar el cambio de conducta sexual a la de su identidad biológica no pueda, o no le permitan, el derecho a decidir sobre su salud”, dijo.

En diálogo con ACI Prensa, Cortés criticó que “el Congreso de la Ciudad de México ha decidido concentrarse en imponer una agenda ideológica, de género, y no atender las prioridades de la ciudadanía, que vive una terrible y severa crisis de seguridad, de salud y de economía”.

“La mayoría morenista del Congreso de Ciudad de México prefiere concentrar su tiempo y su esfuerzo y sus recursos en imponer esa ideología, vulnerando la práctica médica, psicológica, de los que quieren atender la disforia de género”, añadió.

El presidente del FNF advirtió que la reforma aprobada no contempla “ni siquiera los elementos básicos del derecho penal, dejando una ambigüedad y unos términos que juegan en contra del ciudadano y en ventaja de un gobierno autoritario, ideológico, arbitrario”.

“Es una pena que tengamos gobiernos que no atienden el bien común sino ideologías de unos cuantos de sus miembros para imponerlas a la población”, expresó.

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