El responsable de la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), P. Máximo Jurcinovic, confirmó que el episcopado irá “resignando” en forma gradual las asignaciones que el Estado paga a los obispos.
El 23 de agosto el P. Jurcinovic dijo a Radio María Argentina que “los obispos se encuentran analizando las alternativas sobre este tema”.
Para ello hay un trabajo conjunto entre la Iglesia local y la jefatura de Gabinete del Gobierno, a través de la Secretaría de Culto “para ir buscando nuevas alternativas en el sostenimiento del culto católico”, agregó el vocero de la CEA.
El tema fue abordado durante la 180° reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina los días 21 y 22 de agosto; pero la polémica surgió meses atrás cuando se dio a conocer el presupuesto anual que el Estado destina a los obispos católicos.
El 14 de marzo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue consultado en la Cámara de Diputados por el gasto presupuestario que asigna el Estado a la Iglesia Católica.
Peña precisó que en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Nacional, el Gobierno nacional transferirá durante el 2018 a la Conferencia Episcopal Argentina, 130.421.300 pesos argentinos (unos 6,5 millones de dólares).
El tema quedó en el centro del debate cuando comenzó la discusión del proyecto de ley de aborto. De esta forma, los grupos que promueven la separación Iglesia- Estado volvieron a reclamar el aporte económico que recibe la Iglesia Católica y lo transformaron en uno de los argumentos de lucha.
En tanto, el Obispo de San Francisco, Mons. Sergio Buenanueva, manifestó el 23 de agosto “que los valores y actividades que los ciudadanos consideran legítimas no pueden resultar indiferentes para el Estado”.
“En este marco, entonces, que el Estado destine, de los fondos que los mismos ciudadanos aportan con sus impuestos, a las actividades religiosas que los ciudadanos valoran y realizan, no resulta ni antiético ni ilegítimo”.
Sin embargo, consideró necesario que “este traspaso de fondos debe hacerse a través de un sistema razonable, transparente y equitativo”.
Mons. Buenanueva sugirió “reemplazar el actual modo de asignar fondos a la Iglesia Católica por un sistema más ‘sano’”.
“Esta mayor salubridad la veo en varios puntos: que sean los ciudadanos los que elijan cuanto de sus aportes se destina al culto u obra social que deseen; que exista transparencia en la asignación y administración de dichos fondos y, por lo mismo, la obligación de una cuidadosa rendición de cuentas”, precisó.
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