La feria Surrofair se realizará en Madrid, España, los días 7 y 8 de mayo. En ella se brindará información sobre las distintas manera de contratar un vientre de alquiler.
El evento es organizado por Babygest, que se presenta como “la revista líder en gestación subrogada”, y tendrá diversas ponencias e información sobre los aspectos legales de esta práctica, especialmente en Rusia, Grecia y Ucrania, países en los que sí es legal bajo algunos términos.
El PFE ha denunciado la feria ya que considera que “fomenta el tráfico de personas”.
Según explica al diario El Mundo, Marta Nogueroles, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y vinculada al Partido Feminista, la contratación de vientres de alquiler no dista mucho de la prostitución porque "se comercia con seres humanos, se están vendiendo niños".
"El estado de necesidad que tienen las mujeres sometidas a la situación de alquilar su vientre, a cambio de un precio, no deja de ser similar a la explotación sexual", sostiene el PFE en la denuncia.
Nogueroles asegura que esta práctica “se aprovecha de la precariedad de esas mujeres” para gestar un hijo que luego deberá entregar.
También precisa que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos “en ninguno de sus 30 puntos figura el derecho de tener hijos”, y anima a que “si la naturaleza no te ha dado los medios, se puede adoptar".
La adopción como solución
Actualmente en España hay más de 33 mil familias que tras haber pasado todos las pruebas legales y contar con el certificado de idoneidad están a la espera para adoptar un niño. Mientras tanto, unos 17 mil niños se encuentran en orfanatos españoles al no tener familia.
La situación política actual en España, en la que tras las elecciones del 20 de diciembre aún no se ha formado gobierno, y la complejidad de las leyes estatales y autonómicas al respecto hace que los procesos de adopción actualmente se encuentren bloqueados.
Además los organismos acreditados para la adopción internacional denuncian que actualmente no existe una autoridad que se ocupe específicamente de los procesos de adopción.
Una situación que seguirá vigente hasta la constitución de un gobierno en España, algo que en el mejor de los casos no sucederá hasta finales del mes de septiembre.
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— ACI Prensa (@aciprensa) 7 de enero de 2016
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