Los jueces federales en Texas, Alabama y Ohio (Estados Unidos) suspendieron el lunes las reglas estatales que limitarían o detendrían por completo ciertos abortos durante la pandemia de coronavirus COVID-19.
El lunes 30 de marzo, un tribunal federal del Distrito Oeste de Texas otorgó una orden judicial temporal contra la orden estatal que designa la mayoría de los abortos en el estado como procedimientos no esenciales. El 22 de marzo, el gobernador Greg Abbott firmó una orden ejecutiva que detuvo las cirugías no esenciales y los procedimientos médicos en el estado, con el fin de liberar recursos para que los hospitales lidien con la pandemia del COVID-19.
El fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, aclaró más tarde que la orden incluía la mayoría de los abortos como procedimientos no esenciales, permitiendo solo abortos cuando se consideraba que la vida o la salud de la madre estaban en riesgo.
Una coalición de proveedores de servicios de aborto, incluidos Planned Parenthood, el Center for Reproductive Rights y el Proyecto Lawyering, presentó una demanda contra la orden ejecutiva diciendo que la aplicación de la orden por parte de Paxton fue un “esfuerzo descarado para explotar una crisis de salud pública para avanzar con una agenda extrema contra el aborto”.
El lunes, el fiscal Paxton declaró que estaba “profundamente decepcionado” por la decisión y que buscaría una revisión de apelación “para garantizar que los profesionales médicos en primera línea tengan los suministros y el equipo de protección que necesitan desesperadamente”.
En un informe presentado el lunes ante el Tribunal del Distrito Oeste de Texas, Abbott argumentó que el estado “enfrenta su peor emergencia de salud pública en más de un siglo”, y que la orden del gobernador ayudaría a frenar la propagación del coronavirus a través del contacto humano innecesario y liberar recursos, incluidos equipos de protección personal (EPP) para trabajadores de la salud.
“Pero los demandantes, una colección de clínicas de abortos y un médico abortista, le piden a este Tribunal que les otorgue una exención especial, reclamando el derecho de agotar o poner en peligro los valiosos recursos de EPP y la capacidad del hospital en nombre de proporcionar abortos. No tienen derecho a un tratamiento especial”, argumentó Paxton.
En los estados de Ohio y Alabama los jueces federales frenaron la entrada en vigencia de órdenes estatales similares, que suspenden los abortos por considerarse procedimientos no esenciales.
Planned Parenthood y otros proveedores de aborto también han demandado para bloquear órdenes similares en Iowa, Indiana y Oklahoma.
Por su parte, funcionarios en Hawai, Illinois, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey y Oregon dijeron que los abortos pueden continuar. En Utah, el juicio sobre la necesidad médica de un aborto se dejará en manos del médico, dijo un portavoz del Departamento de Salud de Utah al sitio web proaborto Rewire News.
En el estado de Kentucky el fiscal general también se unió a esta controversia nacional. El 27 de marzo el fiscal Daniel Cameron alegó que los “proveedores de aborto deben unirse a los miles de otros profesionales médicos en todo el estado para suspender los procedimientos electivos, a menos que la vida de la madre esté en riesgo, para proteger la salud de sus pacientes y retrasar la propagación del coronavirus”.
Asimismo, hizo un pedido al ssecretario interino de Salud y Servicios a la Familia de Kentucky, Eric Friedlander, para que certifique que los proveedores de abortos no son esenciales según la orden ejecutiva del gobernador, que prohíbe los procedimientos médicos no esenciales.
Según Cameron, la certificación ayudaría a cumplir los objetivos de conservar los suministros médicos y avanzar en el “distanciamiento social” que se considera necesario para frenar la propagación del coronavirus.
“El secretario interino Friedlander está en la primera línea de la lucha contra la pandemia de COVID-19, y estoy seguro de que comprende, mejor que nadie, la necesidad de poner fin a los procedimientos de aborto durante esta crisis de salud”, dijo Cameron, y agregó que la “certificación activará de inmediato la acción de nuestra oficina para detener los procedimientos electivos durante la pandemia”.
La única clínica de aborto que queda en el estado es EMW Women's Surgical Center en Louisville, que continúa realizando abortos.
Los legisladores estatales han propuesto un proyecto de ley para permitir que la oficina del fiscal general proceda con acciones legales sin una certificación del departamento de servicios familiares y de salud, informa WLKY, afiliada de CBS.
El Senado estatal podría considerar el miércoles la legislación: El proyecto de ley 451 de la Cámara. Una enmienda podría prohibir los abortos durante la respuesta al brote pandémico.
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