El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, mostró el deseo de la Iglesia de colaborar con la Fiscalía General del Estado, luego de que ésta publicara un informe en el que la acusaba de opacidad en la detección de casos de abusos sexuales.
“Nosotros estamos dispuestos y todo lo que podamos hacer para sumar esfuerzos es bueno para todos”, aseguró.
El pasado 24 de junio, la Fiscalía General del Estado alertó de una “deficiente” respuesta de la Iglesia Católica en España ante el problema de los abusos sexuales cometidos por sus miembros.
El informe de la Fiscalía se realizó a petición del Ministerio de Justicia y se dio a conocer a través del diario El País. Hasta el momento no ha sido enviado a la Conferencia Episcopal Española.
El documento asegura sobre la Iglesia en España que “se trata de entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad donde la detección de los casos presenta dificultades por varios motivos”.
También anima a crear comisiones como en Australia, Holanda o Austria y pide “evitar comprobaciones o filtros internos de verificación previos a la información del caso a las autoridades competentes por parte de la institución en cuyo seno se haya detectado el caso, y ello sin perjuicio de las medidas que ésta deba o pueda adoptar para evitar reiteraciones de hechos similares en el ámbito de sus competencias”.
Ante estas acusaciones, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. Luis Argüello, explicó que han tenido conocimiento del informe de la Fiscalía tan sólo “a través de los medios” y manifestó su deseo de tenerlo completo “para poder juzgarlo”, y subrayó que “cuando hablan de opacidad, no sé a qué se refieren”,
“Estamos ante un asunto de grave preocupación social, nos gustaría el diálogo con la Fiscalía del que se habla en el informe. Porque nosotros estamos dispuestos y todo lo que podamos hacer para sumar esfuerzos es bueno para todos”, precisó el portavoz.
En el informe de la Fiscalía se reporta que durante los años 2017 y 2018 se han registrado unas mil denuncias al año, mientras que las sentencias fueron en torno a 500 durante el año 2017 y 737 en el año 2018.
Mons. Argüello aseguró que les gustaría saber cuántas de esas denuncias y condenas fueron a miembros de la Iglesia Católica. “Nos gustaría poder saber (…) cuántas de estas sentencias condenatorias y absolutorias, y cuántos clérigos han sido. Nuestra percepción es que los clérigos sentenciados en esos dos años han sido muy poquitos, pero no lo sabemos y nos gustaría saberlo. Como nos gustaría saber en qué otros sectores de la sociedad… Comprendemos la reticencia de la Fiscalía, porque se juzga a personas, no a sectores sociales”, aseguró.
Este informe de la Fiscalía General del Estado fue realizado por una petición de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que pedía que se investigaran los casos de abusos sexuales tan sólo en el entorno de la Iglesia Católica en España. Mons. Argüello aseguró que esa petición “no nos pareció bien, nos incomodó, que sólo se aborden los abusos en la Iglesia. No entendimos que la ministra sólo preguntara por la Iglesia. Es justo y necesario que se pregunte sobre los abusos que afecta a la sociedad en su conjunto”.
“Si queremos abordar en la prevención y las causas nos vendrá bien saber qué sectores sociales son los implicados y la Fiscalía no lo dice porque no lo puede decir, porque está sometida a las reglas de juego del procedimiento penal. Eso nos afecta a todos, y por eso podemos compartir diálogos”, subrayó.
Como parte de los esfuerzos que se están llevando a cabo desde la Iglesia en España para terminar con los abusos sexuales, Mons. Argüello aseguró que están a la espera, desde abril, de la autorización por parte de la Santa Sede de un decreto general que obligue de manera directa a todas las diócesis y órdenes religiosas a actuar de manera conjunta y según un protocolo establecido.
De darse el visto bueno del Vaticano, este decreto general podría aprobarse en noviembre durante la asamblea general de los obispos.
Además, a finales del año 2018 se creó la Comisión para la actualización de los protocolos de lucha contra los abusos a menores en España, que hasta el momento tenía un perfil jurídico canónico. Sin embargo, según afirmó Mons. Argüello, esta Comisión admitirá a partir de ahora a “personas de características distintas y contará con la posibilidad de tener profesionales, hombres y mujeres, que puedan ayudarnos a mirar al futuro y a trabajar en la prevención”.
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