El Cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos en el Vaticano, explicó las principales novedades y alcances de la carta apostólica en forma motu proprio titulada Vos estis lux mundi (Ustedes son la luz del mundo) que el Papa Francisco firmó y que servirá como norma para denunciar los abusos sexuales y su encubrimiento en la Iglesia Católica.
“Podemos considerar el Motu proprio Vos estis lux mundi como uno de los frutos del encuentro para la protección de menores convocado por el Papa Francisco en el Vaticano el pasado mes de febrero y al cual participaron –junto a los jefes de los Dicasterios de la Curia Romana– los presidentes o representantes de todas las Conferencias Episcopales del mundo”, dijo el Cardenal en una entrevista publicada en Vatican News y en el diario del Vaticano, L’Osservatore Romano este jueves 9 de mayo.
La carta apostólica establece nuevos procedimientos para prevenir y denunciar los casos de abusos sexuales en la Iglesia. Entrará en vigor el próximo 1 de junio de 2019 y ha sido aprobada ad experimentum por tres años.
El también presidente de la Pontificia Comisión para América Latina recordó que el Papa esperaba que después del encuentro de febrero, “cada obispo o superior religioso saliera de Roma teniendo claro qué hacer y qué no hacer. Este nuevo documento establece procedimientos nuevos y efectivos para combatir el flagelo del abuso”.
El Cardenal indicó que el motu proprio fue realizado con la ayuda de diversos colaboradores de la Curia del Vaticano, y escuchando a los participantes del encuentro y de diversas diócesis. Por ello precisó que “sería un error considerarlo una respuesta provocada por este u otro caso. El fenómeno es global y la respuesta debe ser universal y, como dice el Papa, concreta”.
Principales novedades
El Cardenal dijo que el documento tiene seis novedades. La primera es “la obligación para cada diócesis de la Iglesia Católica de dotarse de sistemas estables y de fácil acceso al público para que puedan presentar las acusaciones sobre abusos”.
Asimismo, dijo que la segunda novedad es que todos los clérigos, religiosos y religiosas que tengan conocimiento de un caso de abuso, o de encubrimiento de abuso, “están obligados a denunciarlo al obispo o al superior religioso”.
Como tercera novedad, el Purpurado resaltó que el hecho que el documento también se refiera al hostigamiento o abuso de autoridad. “Esto significa incluir en la normativa casos de abuso hacia religiosas por parte de clérigos o de abuso a seminaristas o novicios por parte de sus superiores”, señaló.
Un cuarto punto es “el hecho que sobre quien presenta la acusación no se puede imponer prejuicios, venganzas o discriminaciones”.
Indicó que una quinta novedad es “haber codificado el procedimiento que pide a los obispos y superiores religiosos rendir cuenta de sus acciones, no solo en el caso de abusos cometidos por ellos, sino también en el caso de omisiones directas que interfieren o eluden las indagaciones civiles, canónicas, administrativas o penales en relación a un clérigo o religioso que ha abusado”.
Finalmente, la autoridad vaticana resaltó que estas nuevas normas “prevén una más estrecha colaboración entre los dicasterios: es un signo de la necesidad, de parte nuestra aquí en la Curia, no solo para servir mejor a las diócesis y los institutos religiosos del mundo, sino para colaborar mejor entre nosotros”.
El papel del metropolitano
El documento firmado por el Papa también aborda el papel del “metropolitano” cuando se presentan denuncias por presuntos abusos.
El “metropolitano” es el obispo de la sede metropolitana, es decir la ciudad principal o sede de una provincia eclesiástica.
Actualmente se le suele llamar “arzobispo” y este preside una provincia eclesiástica, de la cual en cierto modo dependen las otras diócesis que son conocidas como sufragáneas.
Su finalidad es de integración, coordinación pastoral y servicio mutuo. El arzobispo metropolitano es un primo inter pares (primero entre iguales). Si se presenta un problema en su provincia, este debe tener solicitud pastoral y fraterna para ayudar a resolverlo.
El Cardenal Ouellet explicó que “la Santa Sede, al encomendar al metropolitano la investigación preliminar de informes que parezcan tener algún fundamento, involucra y responsabiliza a la Iglesia local. Como siempre en la Iglesia, procedemos con reformas y con importantes innovaciones como de la que estamos hablando, pero siempre en la tradición”.
El Purpurado dijo que este papel que la Santa Sede asigna ahora el metropolitano “encaja de alguna manera en una tradición que hace que la Santa Sede envíe a un obispo externo como un ‘visitador apostólico’ para llevar a cabo investigaciones y verificaciones en una diócesis”.
“Si bien la figura del metropolitano juega un papel muy importante, y para informar un papel esencial, si un metropolitano en particular no fuera idóneo para hacer una consulta (por ejemplo, si hay un conflicto de intereses), el Dicasterio competente tiene la libertad para nombrar a otra figura eclesiástica”, precisó el Cardenal.
¿Los obispos bajo sospecha?
Al ser preguntado sobre si los obispos deberán sentirse bajo observación o sospecha con esta nueva norma, el Cardenal Ouellet respondió: “Absolutamente no. Se recuerda sobre todo que con este documento no estamos pidiendo más respeto a lo que ya desde años se ha pedido a nuestros sacerdotes, y este hecho toca un tema que mucho en el corazón del Papa: no solo no debe haber clericalismo, sino que tampoco debe haber un ‘elitismo’ entre nosotros”.
“Hemos dicho durante años que los sacerdotes deben adecuarse a ciertas reglas estrictas, entonces, ¿por qué los obispos y otros en la jerarquía eclesiástica no deberían hacerlo?”, refirió.
Sin embargo, precisó, si un obispo o un superior religioso “no actúan según la verdad y la justicia poniendo en primer lugar la salvaguarda de los menores y su fe, entonces debe dar cuenta de ello”.
Tras rechazar la posibilidad de que estas normas sean “instrumentalizadas por motivos incorrectos”, y precisar que “debemos vigilar que esto no suceda”, el Cardenal indicó que “el motu proprio establece los procedimientos para las señalaciones y las verificaciones estableciendo tiempos cortos y certeros, con resultados esperables, también con la asistencia de expertos laicos, no solo por el interés de las víctimas sino también de la persona acusada para quien vale la presunción de inocencia”.
“Se tutela a quien hace la acusación de buena fe, pero si eventualmente inventara una acusación falsa, entonces deberá responder sobre ella”, señaló.
Papel de los laicos
El Prefecto de la Congregación para los Obispos explicó que las indagaciones a las que se refiere el documento consideran “una atenta y cuidadosa recopilación de información sobre los hechos, a menudo en circunstancias difíciles, que involucra el examen de dispositivos electrónicos, la consulta de psicólogos y médicos, así como el conocimiento especial del derecho, entre otros”.
“Son materias y actividades que involucran habilidades y profesionalismo ejercidos por los laicos y, por lo tanto, no habría razón para excluirlos de tener un papel importante en el examen de estos temas”, continuó.
A veces, destacó el Cardenal, “me parece advertir un cierto ‘nerviosismo’ de parte de algunos sacerdotes que se sienten ‘dejados de lado’ en razón del papel confiado a los laicos. Sin embargo, este nerviosismo no me parece justificado”.
“Naturalmente, sigue confiada al obispo encargado la responsabilidad de reunir los resultados de las indagaciones y expresar su parecer final”, concluyó.
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